ESCUCHARUn informe privado advierte acerca de la necesidad de volver a justar los mínimos y deducciones y la escala de ese impuesto. De lo contrario, los trabajadores afectados resignarían hasta un tercio del incremento nominal de las paritarias.
El escenario de discusión paritaria en los diversos gremios públicos y privados que se desarrolla en la actualidad hace suponer acuerdos que contemplen incrementos nominales superiores a 25 ó 30%. En ese contexto, se agrega una variable adicional en la negociación, que es la que representa la incidencia del impuesto a las Ganancias, ya que si no se vuelven a actualizar los mínimos, deducciones y tramos de escala de cálculo, volverá a ensancharse el universo de trabajadores que lo tributen y se licuaría buena parte de los beneficios logrados en la negociación colectiva.
Así lo advierte un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), al señalar que “la primera consecuencia derivada de la falta de adecuación será que una significativa porción de aquellos trabajadores con ingresos netos mensuales de hasta $12.000 que habían quedado exceptuados por la última disposición referida a este tema, van a pasar a ser contribuyentes”.
El estudio elaborado por los economistas Nadin Argañaraz y Andrés Mir señala también que “todos aquellos trabajadores que queden alcanzados por el impuesto sufrirán un incremento de su obligación fiscal más que proporcional al incremento nominal de ingresos y en consecuencia deberán destinar un porcentaje creciente de su ingreso para el pago de este impuesto, viendo entonces mermado el aumento obtenido en la negociación paritaria”.
El cálculo
Para cuantificar tal situación, el estudio efectúa un cálculo de la tasa efectiva del impuesto (cociente que resulta del impuesto y el total de ingresos netos anuales del trabajador) desde el año 2008 hasta 2013 y sus probables valores para 2014 si no se ajustan los mínimos, deducciones y tramos de la escala del tributo.
Como resultado, se verifica que las tasas efectivas del impuesto a las Ganancias, para niveles de ingresos equivalentes han mostrado un continuo crecimiento desde 2009 para todos los tramos. Esto significa que los trabajadores alcanzados por el impuesto “han tenido que tributar cada año un porcentaje superior de su ingreso neto total en concepto de impuesto a las Ganancias, aún cuando en términos reales los mismos hayan permanecido constantes (manteniendo sólo el poder adquisitivo)”, advierten.
Durante 2014, el aumento de presión tributaria que se derivaría de la falta de ajuste de los parámetros del impuesto implicaría que los trabajadores “deberían destinar parte del incremento nominal obtenido a honrar esa mayor presión tributaria en detrimento de la compensación de la pérdida de poder adquisitivo, es decir verían afectado su ingreso real disponible”.
En ese marco, un trabajador con un nivel salarial de $15.000 mensuales en 2013 que obtenga una recomposición salarial de 25% para 2014, debería resignar a favor del fisco 16% del incremento salarial obtenido, es decir que en cambio de lograr una recomposición de 25% como la estipulada en la paritaria terminaría obteniendo solamente 21%. Si el porcentaje de recomposición salarial fuera de 30% resignaría 17,9% de éste, obteniendo en definitiva un aumento de ingresos disponible de sólo 24,6%.
Subas neutralizadas
El aumento más que proporcional (al incremento en los ingresos) en la obligación impositiva implica que “se neutralizará parte del incremento salarial negociado en las paritarias mediante su absorción por parte del fisco”. Este porcentaje -que se ubicará entre 14% y 35% del aumento obtenido según el caso-, supone que los trabajadores alcanzados por el impuesto que pacten un incremento salarial del 25% verán reducido ese porcentaje sobre el ingreso disponible a valores que oscilaran aproximadamente entre 16,5% y 21,5%, según el caso. Y si el incremento nominal acordado es de 30% percibirán finalmente porcentajes de entre 20% y 26% resignando así a favor del fisco entre cuatro y diez puntos porcentuales de la recomposición lograda.
Esta situación, que abarca a un porcentaje importante de trabajadores, es conocida por los dirigentes gremiales y tenida en cuenta al momento de plantear sus demandas, “agregando una variable más a la puja distributiva derivada del proceso inflacionario y la reciente devaluación”, señalan. En consecuencia, sería “altamente conveniente que el Gobierno fije lo más pronto posible los parámetros de liquidación del impuesto a las ganancias para el año 2014, a los efectos de eliminar una fuente de incertidumbre que contribuye a dificultar la negociación salarial en curso”, concluye el trabajo.
Peligro de “desborde” en las discusiones salariales
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) advirtió de que las paritarias se podrían “desbordar”, en un escenario en el que “los aumentos de salarios nominales no lograron compensar el efecto inflacionario”.
El especialista de ese centro Walter Agosto subrayó que tras la difusión del nuevo Índice de Precios al Consumidor nacional urbano (IPCnu), que fue de 3,7% en enero, “las demandas se potencian”.
Según su análisis, el “Gobierno central parece consciente de las dificultades de un desborde de la negociación, no sólo por la rápida erosión que implicaría para el tipo de cambio real tras el salto devaluatorio, sino por el impacto que esto generaría en las ya de por sí deficitarias cuentas públicas consolidadas”.
“Si bien el rubro remuneraciones representa sólo 13% del gasto primario nacional, en el conjunto de las provincias esa participación asciende a 48%, por lo que el tesoro no sólo deberá lidiar con su propio costo, sino con el de muchas provincias que no podrán afrontar una política salarial laxa”, explicó.Escenario de déficit. Agosto estima que con un incremento promedio de sueldos de 30% las jurisdicciones provinciales deberían afrontar unos $77.000 millones de incremento en personal, lo que elevaría el déficit a $30.000 millones para 2014.
“Si se le suman los $23.000 millones de vencimientos de deuda, las necesidades financieras de las provincias redondean $53.000 millones”, analizó.
Además, aclaró que, a diferencia de 2013, las provincias ya no podrán aumentar tan fácilmente sus recursos, luego del incremento generalizado de la presión tributaria que se registra desde hace tiempo.
Según el investigador, hay probabilidad de que los gobernadores “reduzcan” las pretensiones con relación a obras públicas en un año en el que no hay elecciones.
Esa posible caída de la inversión en materia pública perjudicará los niveles de actividad, lo que provocará consecuencias negativas en la recaudación de ciertos tributos.
Para Agosto, se podría compensar una pequeña parte del desequilibrio proyectado con la demora de pagos, sin embargo, el resto, recaerá sobre el tesoro nacional, que sin nuevo financiamiento deberá volver a apelar al recurso de la emisión.
