ESCUCHAREl secretario de Senaf, Gabriel Martín, dijo que se inició un expediente. La legisladora Montero denunciará ante la Justicia las malas condiciones de alojamiento y reclamará por el libre acceso a los centros correccionales.
Un motín en el Complejo Esperanza de Bouwer iniciado por diez jóvenes que durante más de nueve horas permanecieron “atrincherados” en el ex batallón Horizonte de ese centro correccional, reanudó la discusión respecto de las condiciones de alojamiento de los adolescentes en los institutos de menores de la provincia.
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) negaron que el motín iniciado el lunes por la noche hubiera tenido como motivación el reclamo por mejores condiciones de alojamiento. No obstante, ante la consulta de Comercio y Justicia, el titular de la Senaf, Gabriel Martín, admitió que el lugar donde hoy están detenidos 220 jóvenes tiene “deficiencias edilicias”. Lo que para Martín son “problemas edilicios” fue calificado como un lugar “abominable” por la legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero.
Montero visitó el Complejo Esperanza a fines de 2012 y en aquella oportunidad ya había denunciado las malas condiciones en las que se encuentran alojados los chicos.
“Nada cambió desde aquel momento”, dijo Montero en diálogo con Comercio y Justicia, luego de que ayer volviera al “Centro Socio-Educativo” donde logró ingresar pese a las negativas de las autoridades del lugar.
Impedir las inspecciones
La legisladora adelantó a este medio que entablarán una acción judicial reclamando que se resguarden las obligaciones constitucionales de los legisladores para poder inspeccionar estos centros de detención. Además, denunciará las condiciones en las que se encuentran detenidos los jóvenes y trabajan los empleados del lugar.
Según relata Montero, apenas se enteró del motín, concurrió al Complejo con el legislador Santiago Clavijo y una vez allí no les permitían ingresar. “Hablé con el nuevo secretario de Senaf y me decía que por orden judicial no podíamos entrar. Después hablé con la jueza Susana Guastavino y la fiscal General y me negaron que esto fuera cierto”.
Finalmente y tras varias discusiones, los legisladores entraron al Complejo Esperanza. Allí corroboraron que desde el 2012 a esta parte, las autoridades no llevaron a cabo ninguna mejora que permita alojar en condiciones dignas a a quienes allí son remitidos por la Justicia de menores.
El mismo mecanismo
No inspeccionar para no verEl 8 de mayo de este año, el fiscal contra la Violencia Institucional Abel Córdoba intentó ingresar en el penal de Bouwer y los agentes penitenciarios le negaron la entrada. Hubo un planteo judicial y la semana pasada la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba validó las inspecciones de los fiscales federales en penales provinciales.
Recientemente tampoco pudieron ingresar a distintas cárceles los fiscales de Córdoba, Facundo Trotta, y de Villa María, Virginia Miguel. Trotta intentó entrevistarse con procesados por crímenes de lesa humanidad en el penal de Bouwer antes de la feria judicial de enero, mientras que Miguel no pudo ingresar en el penal de Villa María.
