ESCUCHARLo había presentado el dueño de una garaje porteño, quien adujo que las limitaciones de circulación impuestas por el gobierno de la ciudad redujeron 60% los ingresos de su negocio.
La Justicia en lo Contencioso-administrativa y Tributaria porteña rechazó una acción de amparo iniciada por el dueño de un garage de la calle Tucumán al 300, en el microcentro de la Capital Federal, a raíz de las restricciones de circulación para vehículos particulares que, según aseguró presentante, redujeron 60% la facturación de su negocio.
La jueza Elena Liberatori basó su decisión en la controversia entre el interés particular y los derechos de los terceros. La titular del Juzgado N° 1 del citado fuero desestimó el planteo al considerar que “no resultan adecuadamente sustentadas” sus argumentaciones puesto que “se esgrimen razones que sólo se vinculan con un interés particular del accionante, omitiéndose toda referencia a los derechos de terceros y los concretos beneficios perseguidos por las disposiciones cuestionadas”.
La magistrada sostuvo que “las normas impugnadas superan el test de razonabilidad, teniendo en cuenta la realidad social en que se insertan, y constituyen un ejercicio adecuado de ese poder, pues establecen una restricción parcial de la actividad del comercio, en miras una mejor calidad de vida”.
En ese orden de ideas, el fallo añadió que no correspondía a los tribunales de justicia “evaluar la oportunidad, mérito o conveniencia de los actos de gobierno”, ya que esa “ponderación compete a los poderes políticos de manera exclusiva y excluyente”.
La jueza concluyó que las restricciones están relacionadas con la “mejor calidad de vida para quienes trabajan en el centro y para quienes lo visitan, mayor seguridad vial y menor contaminación ambiental”.
