ESCUCHARPara el especialista, los cambios impuestos por el Gobernador tras el acuartelamiento policial no servirán para superar el problema. Calificó los últimos episodios como producto de una crisis del modelo de seguridad y una fractura de la policía.
Jairo Libreros llegó a Córdoba para llevar a cabo una serie de conferencias y de capacitaciones justo la semana en que en la provincia se vivió los días más difíciles recordados en los últimos tiempos. El acuartelamiento de la policía y los saqueos que le siguieron fueron vistos de cerca por este especialista, quien -antes de regresar a Colombia- dialogó en exclusiva con Comercio y Justicia.
¿ Qué evaluación hace respecto a los últimos hechos acaecidos en Córdoba y que luego se extendieron con reclamos de la policías de todo el país?
-Tengo muchas lecturas encontradas: la primera de ellas es que hay un problema muy fuerte en el modelo de seguridad, no sólo en Córdoba sino en todas las provincias. Cuando uno mira lo que pasa en América Latina, se encuentra con algunas características que son similares y es que los servicios de policías corresponden al espectro más humilde de la sociedad, que no sólo ven en la policía la posibilidad de tener un futuro económico y social sino quizás la única forma de salir de situaciones que pueden ser difíciles y complicadas. Si se tiene una policía que representa las distintas capas de la sociedad se va a tener un servicio homogéneo; lo que yo vi en Córdoba -y en Argentina, en general- es que los servicios de policías no son homogéneos y ello genera un gran proceso de ruptura con la sociedad porque los policías terminan reivindicando sus derechos por encima de todo lo demás.
– Pero en este caso hubo un reclamo salarial muy fuerte.
– El de los salarios siempre va a ser un tema de discusión de los servidores públicos. Lo que nunca puede ocurrir es que el pago bien remunerado termine siendo la justificación para hacer un paro y permitir que algunos sectores atenten contra la misma sociedad.
– ¿Se debería entonces permitir a la policía que se sindicalice?
– Creo que este punto todavía no se puede abordar en el caso argentino. Hay un punto anterior que está relacionado con consagrar a las personas que forman parte del servicio de policía como miembros de un sector en el cual -si bien pueden reivindicar un derecho- no tienen la oportunidad de protestar por un motivo muy sencillo: son los garantes de la convivencia ciudadana en el espacio público. Si el servicio de seguridad no está compuesto por personas que sean conscientes de la tarea que les dio el Estado y no pueden tener la capacidad de entender la importancia que tiene en la sociedad, vamos a terminar con un paro ahora y otro en los próximos días por cualquier otro motivo. El servicio público es esencial y quienes trabajan en un servicio público esencial no pueden dejar de trabajar bajo ninguna circunstancia.
-¿Pero el Estado no tendría que ser el primero en entender esto y pagar salarios en función de tal premisa?
-Estoy de acuerdo. Sin embargo, si uno se fija en términos porcentuales, si bien dista de ser lo ideal, no es cierto que los policías en América Latina sean los peor pagos.
-¿Qué cree que se debió hacer para evitar lo ocurrido?
-Hay que pensar en un nuevo modelo de seguridad. No me atrevería a decir que el modelo más efectivo sea el de una policía nacional, pero la tendencia en América Latina es ésa y ha funcionado muy bien. El otro tema es la necesidad de mejorar los sistemas de reclutamiento. Hay que darles mayor estabilidad a los uniformados y la estabilidad se otorga no sólo brindando una carrera profesional lo suficientemente sólida sino educando muy bien a las personas que entran para prestar servicio en la policía. Sin un proceso de educación sólida, sin la oportunidad de ascensos claramente definidos más allá de los vaivenes políticos, el tema no se soluciona a corto plazo.
-Es decir, si en Argentina la cuestión es de largo plazo ¿podemos esperar que se repitan estos episodios?
-El tema es de largo plazo porque lo que se denota aquí es una crisis del modelo de seguridad y una fractura del modelo de la policía. El gran temor es que en febrero esto se repita. Se han comprometido recursos fiscales y no hay claridad si existen las fuentes para pagarlos. En muchos casos la presión fue tan fuerte que muchos gobernadores terminaron por aceptar condiciones por imposición.
-¿Qué opina sobre los cambios que implementó el gobernador De la Sota y la fusión de los ministerios de Gobierno y de Seguridad?
-Es necesario conseguir que la variable política no esté vinculada de lleno con la variable de seguridad. En ciertos casos -y es lo que veo en Córdoba- temo que esa fusión de la cartera de Gobierno con el de Seguridad, en lugar de ser una solución que permita superar el problema para que la sociedad civil vuelva a creer en la Policía, lo va a terminar por agravar.
Si uno observa los modelos exitosos en América Latina, encuentra variables interesantes: una de ellas es la de tener una institucionalidad de seguridad independiente, con autonomía técnica, fiscal, financiera y que no esté sometida a los vaivenes políticos. Se ha demostrado que quienes tengan secretarías, ministerios o departamentos de seguridad autónomos tienen éxito en la formulación de políticas, mientras que los que están vinculados con el gobierno difícilmente logran sacar adelante sus propósitos de seguridad.
-¿Cree que son extrapolables esas experiencias a cualquier sociedad?
-Si bien creo que todos los países tienen sus particularidades y uno no puede decir que la receta que funcionó en uno va a funcionar en otro, existen tendencias. Cuando se desconoce las tendencias se está tapando el sol con las manos y la tendencia es -repito- tener más autonomía en seguridad y no supeditarlo al gobierno. Quienes la han supeditado al gobierno han fracasado rotundamente.
