ESCUCHARA través de la agencia oficial Télam, se ha dado a conocer que, a partir del 1 de enero de 2017, la República Argentina comenzará a intercambiar información fiscal “de manera automática”, con unos 50 países. Todo ello en el marco de un convenio firmado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre quienes suscriben el acuerdo, se ha puesto muy especialmente de manifiesto, hay algunos territorios considerados “paraísos fiscales”. El convenio pondría bajo el control de la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduana a los argentinos que tienen cuenta off shore en los distritos que a partir del año próximo aceptarán cooperar en la fiscalización tributaria.
Es cierto que la economía mundial avanza hacia la transparencia fiscal. Sin embargo, la firma de esta clase de pactos no tiene sino el propósito, por parte de los países denominados como paraísos fiscales, de obtener una calificación diferente, que les permita salir de la “lista negra” de la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En la práctica, es improbable que los argentinos que tienen posiciones en jurisdicciones fiscales offshore o paraísos fiscales adopten decisiones como consecuencia de estos convenios.
La razón es muy simple: más allá de que algunos países considerados paraísos fiscales hayan suscripto esta nueva alianza y más allá también de que a partir del año 2017 -ó 2018- ellos evidencien una voluntad “real” de efectuar cambios en sus legislaciones; más allá de todas esas consideraciones: Siempre existirán en el mundo los paraísos fiscales.
Es más, por cada país que se sume (“efectivamente”, no sólo desde el punto de vista “formal”, como sucedió con Uruguary) a los acuerdos de cooperación, habrá otros que ocupen su lugar. El motivo es muy simple: estos lugares ofrecen grandes ventajas impositivas: por lo general, o pagan alícuotas irrisorias o directamente no abonan ningún tributo.
Hay países que solo “subsisten” por su condición de “paraíso fiscal”. Pero no se trata sólo de una cuestión impositiva, ya que estas jurisdicciones también poseen una legislación mercantil extremadamente flexible y sencilla, lo que permite tener una sociedad en cuestión de horas, con mínimos gastos y sin que nadie pregunte el origen de los fondos.
A diferencia de lo que sucede en Argentina, éstas no tienen establecidos valores máximos o mínimos de capital. Otra de las discrepancias sustanciales con el sistema argentino es que las acciones emitidas son al portador. Esta característica otorga un total anonimato, ya que no existen registros públicos donde se determine quiénes son los socios o accionistas de una sociedad. Dicho de otra manera, no es obligatorio revelar quiénes son los verdaderos dueños.
Las offshore también cuentan con otras diferencias que las hacen tentadoras no sólo para aquellas personas que desean reducir el pago de impuestos sino también para los que intentan lavar dinero de actividades ilícitas. Luego del escándalo de los Panama papers se ha señalado, también desde los medios oficiales, que muchos argentinos esperan la formalización de un “blanqueo general” que les permita ponerse al día con la exigencias fiscales de la AFIP.
Ha sorprendido, por ejemplo, que la mayoría de las empresas offshore, con domicilio en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, pertenecen a los barrios más exclusivos de la Ciudad y a las localidades de la zona norte del conurbano (Belgrano, Palermo, San Isidro, etcétera).
A poco que se investigue se observará que la gran mayoría de los bienes inmuebles de mayor valor se encuentran a nombre de sociedades de esta clase. No solo en el país. Se trata de un fenómeno mundial. Es evidente, con todo, que el mundo se dirige hacia un blanqueo global, en pos de la transparencia fiscal.
Las principales economías mundiales todavía no se recuperan de las profundas crisis en que se encuentran inmersas desde hace ya muchos años. Es nítido que los gobiernos afectados por esta situación, en especial Europa, presionen sobre el tema para paliar sus abultados déficits fiscales.
Con todo, estimo que la solución a estos problemas debería buscarse (también) por otros medios, pues, los paraísos fiscales nunca van a desaparecer porque siempre habrá interesados en su existencia. Y no me refiero tan sólo a aquel ciudadano que compra su casa en un country a nombre de una sociedad offshore radicada en un paraíso fiscal.
Me refiero, sobre todo, a las súpermillonarias triangulaciones que realizan los grandes grupos económicos y financieros internacionales, para “ahorrarse” sumas escandalosas en conceptos de cargas tributarias.
Por eso, pienso que el convenio que acaba de firmarse no es sino más que un “maquillaje”, una aspirina para un enfermo terminal. Ambos pueden ser útiles para modificar la apariencia o mitigar el dolor. No producen cambios sustanciales.
(*) Especialista en derecho tributario y penal tributario
