ESCUCHARLa ciudad capital de la Provincia, segunda por población del país, viene acumulando no menos de tres mandatos precedentes en que se sumaron crecientes deudas derivadas de un manejo muy poco prudente y harto desprolijo.
Por Salvador Treber – Exclusivo para Comercio y Justicia
El 31 de octubre, en las últimas horas de la tarde, cuando faltaba muy poco para que expirara el plazo legal, el Departamento Ejecutivo de la ciudad de Córdoba giró a su Concejo Deliberante cinco proyectos de ordenanza que definen las normas y límites dentro de los cuales se deberá administrar durante el próximo año.
Debe recordarse que se trata de la ciudad con mayor población en el contexto de las 23 provincias, con casi 1,4 millones de habitantes, siendo Rosario la que la sigue en este aspecto. También es la que posee el área geográfica urbana más extensa (452,4 km2), delimitados por un círculo con radio de 12 km y eje en la plaza San Martín. Su administración en lo transcurrido de este siglo hasta 2011 no ha sido nada feliz y obliga a afrontar una situación muy conflictiva, jaqueada por una multitud de compromisos pendientes de cumplimiento.
Las actuales autoridades se hicieron oportunamente cargo de un pesado pasivo financiero que se había venido agravando progresivamente debido a la falta de idoneidad de quienes, en cada caso, debieron asumir con más responsabilidad la prestación de los servicios e hicieron muy poco para generar fuentes de adecuada cobertura. Incluso existen deudas derivadas de juicios perdidos, que exigen encontrar una formula para cubrirlos sin obstaculizar la gestión presente y lograr se extiendan plazos para no dilatar más una serie de inversiones que se vienen obviando pero que no pueden esperar mucho más tiempo.
Las proclamadas tareas de “ordenamiento”
El escenario que encontraron al asumir ha llevado al titular del Departamento Ejecutivo a advertir reiteradamente de que, por el momento, están en plena etapa de ordenamiento. Por medio de su profusa publicidad agrega, que han “logrado detener la caída” como si ello fuera un meritorio logro, en especial cuando ya se está en vísperas de comenzar el tercer año de gestión. Casi al pasar también han advertido de que restaurar sólidamente la “normalidad” no se logrará sino al finalizar un segundo mandato.
Es que, en esencia, se sobrevalora lo que significa una virtual doble confesión al admitir implícitamente que sigue vigente el estancamiento; aunque después del tiempo transcurrido semejante planteo se torna intrínsecamente inadmisible. Por lo visto, las mejoras no les son adjudicables y se presentan con bastante demora. No puede olvidarse que, en oportunidad de asumir el cargo y a su expreso pedido, el Concejo Deliberante trató y aprobó una ordenanza que le acordó una serie de facultades especiales que deberían caracterizar sólo períodos muy críticos o en “estado de notoria emergencia” y que su excesiva extensión se transforma en una grave irregularidad.
Tal circunstancia no configura para los argentinos una novedad institucional sino una práctica inadecuada cuyo ejemplo más notorio proviene de su instauración en el ámbito nacional desde 2003 en adelante. No menos oportuno ha sido que se haya aprovechado la ocasión para incluir un proyecto de ordenanza que “actualiza” el importe total de gastos a concretar en 2013 a poco menos de $5.200 millones, de los cuales aparecen $2.898 millones (55,8%) correspondiendo a los salarios del personal (10.058 agentes). Como era obvio, al estar acompañado por el conjunto de elementos básicos para 2014, su tardío “sinceramiento” pierde relevancia y terminan por no ser siquiera motivo de evaluación.
Lo referido precedentemente significa que se han ampliado en 13,20% respecto a la cifra global original. Ese camino se venía transitando desde algún tiempo, operando como factor determinante que impuso un uso bastante mayor del previsto en materia de crédito, lo cual se consigna como un hecho consumado, al confesar que representa el equivalente a 12% del total de erogaciones. En cuanto al promedio unitario de remuneración mensual, éste asciende a $24.017, importe notoriamente más elevado que los vigentes por igual concepto en los ámbitos nacional y provincial.
Sobre el particular, debe advertirse que globalmente el rubro antes mencionado figura con una previsión “actualizada” para 2014 mediante un incremento de 23%, lo cual solo se justificaría -aunque no lo explicitan- por la voluntad de mantener el poder adquisitivo de tales remuneraciones.
Proyectos y marcos limitatorios
A juzgar por lo que se deduce tras el seguimiento de la más reciente gestión, el manejo realizado en el curso de 2013 para el caso de nuestra ciudad capital ha sido mesurado y hasta consiguió “desatar varios viejos nudos”. Todavía restan muchos más para normalizar totalmente las cuentas del municipio, lo cual requerirá hacer ingentes esfuerzos, que no omiten aportes financieros adicionales aunque se logre pactar plazos relativamente amplios.
Mientras tanto, la infraestructura básica virtualmente no se ha renovado ni siquiera en proporción a su natural deterioro por el simple transcurso del tiempo y ese proceso continúa acentuándose sin atisbos de que empiecen a revertirse. Los gastos de capital para 2014 han sido fijados en apenas $954,6 millones, que equivalen a 15,2% de los totales y suelen ser los primeros en “recortarse”.
Aun aceptando la hipótesis óptima de que se cumplimentaran íntegramente, pondría apenas de manifiesto la voluntad de comenzar a corregir dicho aspecto en el posterior transcurso de varios años.
El anuncio expuesto en el sentido de que se tratará de mantener el poder adquisitivo global acreciendo los recursos tributarios en forma selectiva -es decir, de acuerdo con el grado de capacidad contributiva- en alrededor de 29%, no da lugar para alentar expectativas muy ambiciosas. Durante esta última parte del año, una vez más deben ser considerados en la misma instancia los instrumentos legales y límites cuantitativos que regirán en el año 2014 que, además del próximo Presupuesto, incluyen las modificaciones a introducir en el respectivo Código Tributario y Ordenanza Impositiva.
Según lo actuado y difundido antes, el intendente ha optado por consumar una serie de transferencias en la prestación de los servicios más importantes, como los sistemas de transporte e higiene urbanos, y cuenta con una mayoría suficiente en el cuerpo legislativo que lo acompañará en esa postura. Ello significa el fin de la empresa municipal Crese, la cual -si no logra entregar a los nuevos prestadores con todos los equipos y respectivo plantel de personal- implicará nuevas erogaciones para cubrir despidos e indemnizaciones. Esta situación parece ser ignorada en la documentación remitida para su consideración y aprobación.
El especial interés para continuar ejerciendo las facultades “especiales” propias de períodos de “emergencia” es variado. Además de las que permiten modificar, acumular o eliminar partidas, incorporar o desafectar inmuebles al cumplimiento de las prestaciones (incluso transferirlos), encarar la reasignación de personal o cobertura de éste en diversas funciones existentes o a crearse, sin duda, la más relevante, por los riesgos que todavía se corren, será la de preservar la continuidad del régimen de no embargabilidad de fondos por los rubros y juicios pendientes de muy elevados montos que todavía no consiguieron conciliar. Si se prolongan, impulsará posturas muy adversas y hasta podrían traer serios “dolores de cabeza”.
La vigencia de esa prerrogativa otorga máxima agilidad a cualquier tratativa sin que medien obstáculos en el área administrativa e involucra la facultad de realizar pagos con bonos a largo plazo en el caso de deudas anteriores a 2011.
Los cambios y actualizaciones tributarias
El objetivo explícito del proyecto de Presupuesto es lograr que con recursos propios lleguen a cubrir 67,3% del total del gasto y constituye la meta más ambiciosa en el contexto de la última década. El 32,7% restante corresponde a las transferencias de la Provincia y de la Nación, por medio de ésta última.
El mensaje subraya que esta vez se ha puesto un acento muy especial en mejorar como proveedor de mayores ingresos el impuesto Inmobiliario de esa jurisdicción. Ahora figura con la denominación correcta, sustituyendo la que por tanto tiempo lo venía encubriendo bajo la “careta” de Tasa de Servicios a la Propiedad Inmueble, al quedar plenamente convalidados los amplios poderes que pueden ejercer en materia tributaria los municipios.
Ello creó la posibilidad de introducir distintos tratamientos diferenciales que contemplan la diversa capacidad económico-financiera de los vecinos y detectar mediante un instrumento idóneo la necesidad de captar equitativamente los diferentes niveles de capacidad contributiva, lo cual era muy problemático con el uso solo de tasas. Este enfoque y su aceptación generalizada no datan de tanto tiempo atrás pero ha significado un cierto alivio en dicho aspecto.
Los ajustes introducidos tienen, según ya se ha expuesto, el objetivo de lograr una actualización media en este instrumento equivalente a 29% para el año próximo; lo cual se ha implementado por medio de subas de 25,5% para los propietarios de zonas menos privilegiadas, que se eleva progresivamente hasta llegar al tope de 32,5% en el caso de las residenciales más cotizadas. El secretario de Economía aclaró que tales porcentuales concretan incrementos que oscilan unitariamente entre $35 y $53 mensuales, lo cual lleva a la vigencia de una media per cápita” de $45 por mes.
En cuanto al tributo identificado como de Comercio e Industria, habitual superior fuente de recursos, se ha hecho un ajuste global de 26,5% que -según se advierte- sólo pretende cubrir los riesgos inflacionarios -previstos en 23%-, garantizando que se retrase en términos relativos y marginalmente un cierto avance adjudicable a optimizaciones administrativas. En consecuencia, no se modifican las alícuotas vigentes ni se incorporan o varían los diversos rubros que se habían contemplado en 2012.
En forma complementaria, el impuesto que recae sobre la propiedad automotor no sufre variaciones en cuanto a su tratamiento pero se modificará su monto en relación directa con la evolución que registre para 2014 la estimación conjunta de su valor por parte de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y la Asociación de Concesionarios.
Dado que el intendente cuenta con mayoría propia en el Consejo Deliberante, las objeciones y hasta airadas impugnaciones que algunos de ellos formulan es de suponer que quedarán como meros antecedentes pero sin consecuencias directas sobre el contenido original.
