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El desastre ambiental que sufre la provincia de Córdoba no obedece a casualidades sino a causalidades. Por Ricardo Fonseca*
Desde el gobierno no se reflexiona en este sentido, no se tienen en cuenta las causalidades. Hay una anomia que despierta cuando los episodios, como los de estos días, revientan frente a las narices de los funcionarios.
Estos hechos los desacomodan y no encuentran respuestas. Todo se resume a una actividad desenfrenada, desprovista de estrategia y buscando explicaciones que no encuentran. A no ser que existen piromaníacos, desaprensivos o “descuidos”.
Las dudas de la implosión flamígera en la provincia y en departamentos específicos dejan que suspicacia se filtre sobre motivos e intenciones. Pero lo que resulta inmodificable son las cifras de la partida 764 –Prevención y Lucha contra el Fuego.
Durante el año 2012, el gobierno recaudó la cifra de $ 60,1 millones. Al cierre de la Cuenta de Inversión del mismo período se había presupuestado $ 41,1 millones. El primer interrogante es adónde fueron a parar los $ 20 millones que faltan de una recaudación cash, que se paga en cada factura de la EPEC.
De esa cifra -$ 41,1 millones- se comprometieron $ 33,7 millones. O sea, $ 7,4 millones menos que lo presupuestado, y se pagaron $ 27 millones de pesos; en concreto $ 6.7 millones menos de lo comprometido. Si a esto le sumamos los $ 20 millones entre lo recaudado y presupuesto, hay una cifra de $ 26,7 millones de la que no se tiene idea su destino.
El año 2013 no ofrece variantes sobre la utilización de los fondos. En el primer trimestre, sobre un presupuesto aproximado para todo el año de $ 57 millones, la recaudación entre enero y marzo fue de $ 13,9 millones, de los cuales sólo se comprometieron $ 3,8 millones y se pagaron $ 869,3 mil. Es decir, $ 13,1 millones quedaron pendientes de rendición.
En este período ya se conocían a través de observadores meteorológicos, las condiciones climáticas comprometidas por sequía y falta de precipitaciones pluviales. También se sabía de los reclamos de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia sobre la falta de insumos, herramientas, móviles y pagos al personal –en particular a los agentes preventores en tragedias que recorren las sierras para tal fin-.
Recién en el segundo trimestre y sobre una recaudación de $ 28,3 millones, se comprometieron “de apuro” (no se conoce si por licitación o contratación directa, que no es lo mismo) 27,8 millones, de los cuales se pagaron $ 13,3 millones. Es decir que quedaron pendientes –reitero que es dinero cash- $ 14,5 millones.
No se trata de confrontar en momentos en que la ciudadanía permanece perpleja por los acontecimientos todavía no esclarecidos en cuanto a su origen. Pero si resulta imprescindible dar cuenta a la sociedad de cómo, cuándo y en qué se utilizan los fondos y donde debieran estar los por ahora desconocidos remanentes de esa recaudación.
Además de prevenir todo este tipo de hechos o invertir adecuadamente, el gobierno debe dar cuenta de la transparencia que se reclama en forma permanente, pero además de hacer caso omiso ha conformado una Política de Estado del silencio y el ocultamiento. Los desastres se pueden evitar o, al menos, reducir en su impacto.
*Legislador Frente Cívico- Vicepresidente Primero Legislatura Unicameral.
