Schiaretti, sin margen y atado a decisiones de la Nación

El gobernador de Córdoba quedará a merced del derrotero económico del país y de las decisiones de Alberto Fernández. Con una alta dependencia de recursos nacionales por coparticipación, además estará pendiente del tipo de cambio y de un eventual default que golpeará de lleno en la deuda bajo legislación extranjera. La Caja, un frente aparte.

Por Alfredo Flury / aflury@comercioyjusticia.info

Las cuentas públicas de la Provincia de Córdoba afrontan un desafío difícil de descifrar en un escenario en el que, además del manejo propio de los recursos, dependerán quizá como nunca antes de las decisiones que adopte el Gobierno nacional a partir del 10 de diciembre.
Sucede que -más allá de la mayor o menor pericia que esgrima el gobernador Juan Schiaretti para mantener un presupuesto equilibrado en medio de la crisis económica que afecta al país y a Córdoba por derrame- el mandatario deberá atender con particular atención las decisiones que adoptará el presidente electo Alberto Fernández en apenas días.
Esas medidas del nuevo Gobierno tendrán incidencia clave sobre los márgenes de maniobra de la gestión de Schiaretti.

En primer término, como cualquier otra provincia, Córdoba necesitará de un contexto económico que revierta la larga recesión que afecta al país.
De esa evolución dependerán los recursos coparticipables que reciba, que representan seis de cada 10 pesos que ingresan a la Provincia, pero también la marcha de los recursos propios. Una economía en crisis golpeará sin más la recaudación de Ingresos Brutos, principal sostén de los ingresos tributarios provinciales.
En forma paralela, el Gobernador estará pendiente de las decisiones que tome Fernández respecto del tipo de cambio y también en relación al pago de la deuda externa.
En primera instancia, una eventual nueva devaluación impactará de lleno en el pasivo de Córdoba que al 30 de septiembre pasado alcanzaba a 156.976,2 millones de pesos. De ese monto, 93 por ciento estaba nominada en dólares y 1,16 por ciento en euros, traducida a pesos al tipo de cambio oficial del momento.

Al mismo tiempo, la casi segura cesación parcial de pagos de la deuda externa argentina golpearía al mismo tiempo a las provincias pero en particular a Córdoba por la elevada exposición del pasivo externo bajo legislación extranjera.
Será difícil que la Provincia eluda el efecto dominó que generará un default de la deuda por más voluntad de pagos que tenga Schiaretti sobre los compromisos asumidos.
Particularmente sobre los vencimientos de los bonos emitidos tras la salida del anterior default, en 2016.
En ese marco, Córdoba debe afrontar un vencimiento por 61.650,4 millones de pesos del título de deuda a 7,125% a 2021. En rigor, el pago, mayoritariamente de capital, es en dólares y a la fecha representan 918,7 millones a un tipo de cambio de 67,1 pesos que es el valor promedio fijado en el Presupuesto nacional para 2020.
De continuar cerrado el mercado voluntario de deuda, tal como hasta ahora, no habrá forma de refinanciar ese título. Dicho en otros términos, nadie le prestará plata a una provincia de un país en cesación de pagos. Sin chances de cubrir esos vencimientos, el Gobernador quedará obligado a rediscutir esos desembolsos.

“Córdoba no defaulteó, aun cuando la Nación lo hizo”, aseguraron a Comercio y Justicia fuentes del Centro Cívico. No obstante, el panorama esta vez luce más complicado.
Al mismo tiempo, con el país en cesación de pagos, tampoco le será fácil a Schiaretti obtener fondeo externo para seguir financiando la marcha del plan de obras diseñado para 2020 que si bien bajó fuertemente el ritmo respecto al del ejercicio en curso, necesita de fondos para poder avanzar.
En esa línea, las fuentes reconocieron que los créditos de organismos multilaterales o de fondos de inversión e incluso de bancos privados, quedarían en suspenso.

La Caja, otro problema
Sin embargo, más allá de ese panorama, hay otro frente que de por sí constituye una preocupación aparte para el gobernador Schiaretti.
El déficit de la Caja de Jubilaciones para el año próximo rozará los 20 mil millones de pesos. Concretamente, desde la Provincia estiman que la Nación debería financiar 13.575 millones de pesos de ese rojo, según el proyecto de Presupuesto enviado por Schiaretti a la Legislatura.
Si bien fuentes del Centro Cívico aseguran que los fondos deben remitirse obligatoriamente en función de la Ley votada el año pasado como parte del Presupuesto 2019, lo cierto es que nada parece seguro.
Por lo pronto, aún hoy el Gobierno de Córdoba sigue peregrinando a la Anses para lograr el desembolso de 2.150 millones de pesos que considera que el organismo previsional adeuda por el déficit de 2018.
“Si Macri no lo paga, difícilmente Alberto vaya a cumplir”, fue el crudo panorama que trazó una fuente del Ejecutivo provincial.

Es que allí entran a tallar diferentes situaciones que van desde la realidad de las cuentas públicas nacionales a cuestiones políticas.
En primer término -más allá de que efectivamente la legislación avale el reclamo de Córdoba- el presidente electo encontrará un panorama complicado para las finanzas nacionales. En ese contexto, es probable que, a partir de la declaración de la emergencia o bien por medio de otra herramienta, se excuse de seguir erogando los déficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas, al menos en su totalidad.
Esa hipótesis se encadena, en el caso de Córdoba, con un aditamento político.
Es conocida la histórica disputa que el ex gobernador José Manuel de la Sota y el propio Juan Schiaretti tuvieron con la administración de Cristina Fernández precisamente por la cobertura del déficit previsional de Córdoba.
De hecho, el recordada la frase del entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo. “Que la fiesta la paguen ellos”, con relación al gobierno de Schiaretti, en 2008, y en alusión a la Caja. El tema terminó en la Corte Suprema y Córdoba finalmente logró los fondos exigidos.

La imagen de entonces vuelve hoy a la memoria. El problema del déficit previsional sigue como 10 años atrás, más allá de los cambios en el sistema que realizó el propio Schiaretti. La dependencia del envío de los fondos es la misma y, por último, las diferencias políticas subsisten. De hecho, el gobernador de Córdoba no apoyó la candidatura de Alberto Fernández y su compañera Cristina Fernández, postura que no cayó bien en filas del mandatario electo.
El pase de facturas, aunque descartado en público, está latente por lo bajo y podría impactar a través de la menor cobertura o demora en el financiamiento del rojo de la Caja. En definitiva, una preocupación extra para el ya delicado equilibrio de las cuentas de la Provincia.

El Pacto Social y la deuda,
desafíos y herencias para Fernández
El acuerdo de precios y salarios aparece clave en una primera instancia. El presidente electo deberá sostener la delicada estabilidad cambiaria, bajar la inflación y revertir la recesión. Los anunciados están pero los resultados lucen inciertos. Mientras, un default de la deuda parece inevitable
El presidente electo, Alberto Fernández, deberá asumir, desde el primer minuto de su gestión, un rol protagónico y poner en práctica una batería de medidas, en parte urgido por la situación de país pero también condicionado por las múltiples promesas de campaña que lo llevaron al sillón de Rivadavia.
Los frentes son diversos y no por eso menos importantes en el rango de prioridades.
Por lo pronto, necesita que la precaria estabilidad económica y particularmente de las variables macro como el tipo de cambio, se mantengan estables mientras se reducen las tasas de interés y se logra una desaceleración de la inflación.
El horizonte es lograr que la actividad vuelva a terreno positivo y que el poder adquisitivo de los salarios se recupere, todo eso intentando sostener el forzado superávit primario de las cuentas públicas.
Claro que esa ecuación teórica será difícil llevar a la práctica, al menos en el corto plazo.
En ese marco, es creciente la expectativa por la convocatoria de un pacto social que incluya a sectores empresarios y del trabajo para lograr un acuerdo de precios y salarios por 180 días.

Previamente, Fernández promete un incremento de haberes y jubilaciones para mejorar en parte el alicaído poder adquisitivo de los ingresos en un contexto inflacionario y con una economía en recesión. Con todo, hay un contexto que condicionará las decisiones que adopte el futuro gobierno. El déficit financiero que dejará la administración de Mauricio Macri es un desafío por resolver.
Es que si bien el presidente actual logró el tan mentado equilibrio primario, esto es ingresos y gastos en línea, previo al pago de intereses de deuda, el desembolso que exigirán esos pasivos es mayúsculo. Ni hablar si se suman las amortizaciones de deuda.
Todo ello en el marco de un mercado voluntario de deuda cerrado desde hace más de un año y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) escrutando cada paso que dará el nuevo Gobierno, luego de los fuertes desembolsos girados a la administración Macri para lograr estabilizar las cuentas y el mercado cambiario.

En definitiva, Fernández deberá ver de dónde obtiene recursos para poder afrontar las erogaciones, particularmente para el pago de la deuda.
El presidente electo ya le comunicó a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, cuál será su estrategia en la relación con ese organismo y respecto a los compromisos por delante. “Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste”.
El préstamo del FMI a Argentina fue de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.100 millones de dólares.
No pareciera que el organismo fuera a liberar el resto, al menos por ahora. Tampoco Fernández luce predispuesto a tomar ese remanente.
En todo caso, el tema a resolver por el presidente electo es cómo reestructurar la deuda que al segundo trimestre del año alcanzó a 337.267 millones de dólares. Ese pasivo escaló desde los 240.665 millones de dólares con que asumió Macri. Sin embargo, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el quebranto pasó de representar 52,6 por ciento a 80,7 por ciento promediando el año.
El tema pasa ahora por los vencimientos por delante. Sólo para 2020, se deben afrontar pagos de intereses y amortizaciones por 52 mil millones de dólares, en parte nominados en moneda dura pero también en pesos.

Fernández ya dijo que avanzará con un revisión de los pagos que excedería el reperfilamiento pensado originalmente para pasar a un plan que incluya una quita de capital. Esa decisión dejará al país sin chances de financiarse, no ya para pagar la deuda sino también para cubrir eventualmente el déficit, más allá que Fernández ya haya adelantado que no buscará ese camino.
Sí habría -en principio- crédito de organismos multilaterales para planes sociales y obras.
Vedado ese ingreso, la cobertura del déficit que seguramente generarán varias de las medidas contracíclicas que tome el futuro gobierno, debería salir en una primera instancia de emisión monetaria, al menos hasta tanto se reactive la economía y la recaudación vuelva a repuntar.
Los desafíos son múltiples. ¿Qué política adoptará Fernández en materia tributaria? ¿cómo promoverá el acceso al crédito? ¿qué medidas lograrán revertir el elevado empleo “en negro”? Todas éstas, preguntas que por ahora sólo se remontan a algunas premisas lanzadas por el electo.
Una amplia moratoria fiscal, laboral y previsional aparecen en el horizonte inmediato como políticas de coyuntura para superar la instancia crítica para determinados sectores.

Llaryora declarará la emergencia
y se apoyará en la Provincia
El intendente electo consolidará pasivos con proveedores y contratistas y los pagará a plazo. Necesitará fondos de cortísimo plazo para atender obligaciones urgentes como pago de sueldos y aguinaldo. Schiaretti será clave en un eventual auxilio. Mestre dice que con la deuda que tiene la Provincia con la comuna, se podrá superar la coyuntura.
Una ventaja clave diferencia al intendente electo de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, de sus predecesores.
Más allá de la situación más o menos complicada de la comuna en la que le tocará asumir en pocos días, tendrá un aliado clave para resolver parte de los problemas por delante: el gobernador Juan Schiaretti.
Sucede que desde la gestión de Germán Kammerath no se producía una coincidencia política entre ambas administraciones.
Es cierto que aquella alianza no terminó bien. No parece ser éste el caso aunque en alguna medida el contexto económico que sirvió como corolario de aquel quiebre, entonces con el gobernador José Manuel de la Sota, se parece en algún sentido.
Como fuere, Llaryora tendrá apoyo de Schiaretti. Aun con una Provincia sin mayor margen financiero, golpeada como cualquier otra administración por los problemas económicos de difícil resolución.

En ese marco, el intendente electo debutará declarando la emergencia económica, ambiental y sanitaria en la ciudad.
El estado de excepción ya fue utilizado por Ramón Mestre en su primera gestión para consolidar deudas con proveedores y pagarlas a plazo. De hecho, el Título de Consolidación Municipal (TCM) Clase C, el más largo, se canceló definitivamente recién la semana pasada.
El electo repetirá recetas. Por ahora, no sabe con seguridad cuál es el pasivo a refinanciar. Tampoco qué instrumentos se les ofrecerá a quienes resulten acreedores como tampoco plazos, eventuales quitas e intereses a pagar.
Mientras, tendrá un desafío también urgente. Poder afrontar las obligaciones corrientes de cortísimo plazo, particularmente el pago de salarios y medio aguinaldo.
En ese marco, también deberá renegociar la cláusula gatillo con el Suoem, el gremio de los municipales que no parece muy dispuesto a ceder una conquista que le asegura mantener el poder adquisitivo del salario.
Entre las obligaciones a cubrir, también figura la emisión de una letra del Tesoro que colocó Mestre en septiembre y que vence el 29 de diciembre.
Pero le quedarán otros pasivos por delante, entre ellos otra letra que el propio jefe comunal actual emitirá la semana próxima, urgido por contar con liquidez para llegar al cierre de la gestión.

Precisamente, la emisión de esa herramienta a días del traspaso de mando, habla a las claras de que el municipio está hoy en una situación crítica.
Fuentes de la comuna justifican esa decisión al recordar que la Provincia tiene una deuda con la Municipalidad en concepto de acuerdos para Salud y Educación por más de mil millones de pesos.
“De no ser por ese retraso, llegamos bien”, indicaron a Comercio y Justicia fuentes del Ejecutivo municipal.
La semana pasada, el secretario de Economía, Hugo Romero, les puso números a las acreencias con las que asumirá Llaryora.
En total, suman 9.002 millones de pesos que incluyen los recursos del convenio con el Gobierno provincial por 1.056 millones de pesos, acreencias tributarias y multas a cobrar por 6.544 millones de pesos, un reclamo judicial por falta de coparticipación consenso fiscal por 1.401 millones de pesos y fondos de educación por 1.010 millones de pesos.
Obviamente, en la Provincia desconocen la parte que los involucra. Todo un tema a resolver.
Por lo demás, hay otro frente clave que tendrá que encarar el intendente electo. El costo del servicio de higiene urbana supone un desafío creciente como así también el precio del boleto del transporte urbano.

En ese marco, será clave la decisión que tome el presidente electo Alberto Fernández sobre el tema subsidios, en este caso al transporte. Sin margen, difícilmente Llaryora pueda frenar una alza del boleto por suba de costos.
En cuanto al costo de la higiene urbana, supone una erogación que explica 16,5 por ciento del total de gastos previstos para 2020 que, según el Presupuesto que envió Mestre el Concejo Deliberante llegan a 48.213,1 millones de pesos.
Es probable que Llaryora modifique en parte la iniciativa girada por el actual intendente al cuerpo deliberativo.
Sin embargo, no parece que vaya a modificar sustancialmente la política tributaria, al menos por ahora. La suba de tasas para 2020 será de 41 por ciento tanto en el Inmobiliario como en los mínimos de Comercio e Industria.
Finalmente, es un hecho que, ahora aliado a la Provincia, el intendente electo adherirá al denominado Monotributo Federal como así también a la unificación de la tasa Automotor con el impuesto que cobra Rentas en la Provincia.

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