Convención sobre los Derechos del Niño: avances y temas pendientes

Pese a que el nuevo paradigma de legislación protectoria de la infancia cumplió 30 años, aún faltan en Argentina políticas públicas en materia de alimentación, salud y educación; un nuevo régimen penal juvenil; efectiva implementación de educación sexual y la reglamentación de la Ley del Abogado del Niño en Córdoba, entre otras.

Por Carolina Klepp / cklepp@comercioyjusticia.info

El 20 noviembre se cumplieron 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que establece que toda persona hasta los 18 años de edad sea reconocida como sujeto de derecho, como titular de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Cada Estado firmante se comprometió a proteger, promover y garantizar esos derechos, entre ellos Argentina.
Sin embargo, a pesar lo que acordó la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, todavía existe una gran inequidad social respecto de la niñez, desigualdad que afecta de manera directa la posibilidad de acceder al pleno ejercicio de sus derechos. En el marco de los 80 años de Comercio y Justicia, realizamos un balance y las perspectivas de este hito que deja materias pendientes también para el próximo gobierno.

Julia Reartes, abogada especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA) hace un repaso de las contribuciones y lo que aún falta en materia de legislación protectoria de los derechos humanos de la niñez.
“Es importante el rol movilizador que tuvo la sociedad civil desde que se ratificó la convención hasta el año 2005, que fue cuando Argentina, cumpliendo el mandato contenido en el artículo 4 de la convención que obligaba al Estado a tener legislaciones acordes a la convención, sancionó la ley 26061 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que recoge en su articulado todo el mandato de la CDN”, señaló la letrada.
En este sentido, recordó las presentaciones individuales, colectivas, de organismos de la sociedad civil y ámbitos académicos que en su momento “pusieron en tensión una cuestión contradictoria”. Al respecto detalló: “Por un lado teníamos una convención que mandaba a los Estados provincial y municipal y, específicamente, al Poder Judicial a actuar de determinada manera pero, sin embargo, teníamos leyes internas que actuaban de otra”.

A medida que transcurrieron los años desde aquel hito, se sancionaron en el país otras leyes que van dando respuesta a distintas problemáticas o a derechos que la convención había establecido.
“La convención, mediante sus artículos 11,12 y 13, habla de los derechos de niños, niñas y adolescentes a participar y a que su opinión sea escuchada en todos los asuntos que les conciernen. Uno de los ámbitos prioritarios para que esa participación cobre importancia es en el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, en 2012 se modificó la Ley de Ciudadanía que permitió a los adolescentes de entre 16 y 18 años -quienes todavía no habían alcanzado la mayoría de edad- a gozar de los mismos derechos políticos de que goza cualquier ciudadano. A esa ley hay que leerla en clave de convención; implica un avance y un reconocimiento a derechos que antes no estaban”, destacó Reartes.

“No hay que pensar
la ausencia de la
reglamentación como un
límite para la
aplicación de la ley”

Otro avance fue la Ley de Identidad de Género, que reconoce que cualquier persona puede tramitar que se rectifique su partida de nacimiento y se modifique el sexo que se le asignó al nacer. En función a la CDN, en el artículo 5 de esa ley se reconoce que cuando se trate de menores de 18 años también podrán pedir que se le rectifique la partida y ser inscripto por el género autopercibido.
Para Reartes, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual trajo consigo la obligación de que los medios contemplen programaciones

destinadas a problemáticas de la infancia con la obligación de que estas producciones recojan la voz y la participación directa de los niños.
En tanto, en el ámbito provincial se refirió a la reciente Ley del Abogado del Niño, que establece que los niños que atraviesan algún proceso administrativo o judicial cuenten con la defensa técnica de un letrado. “Lo interesante que tiene es que obliga al Estado a pagar al abogado. De hecho, la posibilidad de contar el niño con un abogado está también contenida en el artículo 11 de la convención. Estas leyes colaboran porque obligan al Estado a proveer un recurso y, además, cumplen función pedagógica porque obligan a poner el tema en debate”, precisó Reartes.

Las asignaturas pendientes
A la hora de analizar los temas pendientes aparecen los serios déficits en la provisión de recursos económicos en materia educativa, salud y alimentación. A ello se suman las proyecciones alarmantes que indican que 2019 cerrará con seis de cada 10 niños -de cero a 17 años- pobres. También se advierten carencias a la hora de la implementación de las leyes. En este punto, Reartes apuntó a las dificultades para implementar de manera objetiva, y con la intensidad y extensión que merece, las leyes de educación sexual y reproductiva o garantizar el aborto no punible en niñas.

También resaltó la deuda “vergonzosa” respecto del régimen penal juvenil. “Con los adolescentes a quienes se acusa de cometer un delito y que por edad no son punibles, todavía seguimos rigiéndonos por un decreto ley de la última dictadura militar. Por esto Argentina ha recibido sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir con un mandato de la convención que contempla garantías de procedimiento”, confirmó Reartes.
“Este tema muchas veces es tratado desde la perspectiva de la seguridad, del miedo, de querer resolver con parches legislativos situaciones que hay que resolverlas mediante la política social, de la política pública”, agregó.

“Hay temas que son tratados
desde la perspectiva de la
seguridad, del miedo, de querer
resolver con parches legislativos
situaciones que hay que resolver
mediante la política social”

En cuanto a la ley cordobesa de Abogado del Niño subrayó que está pendiente su reglamentación, aunque todavía no se han cumplido los seis meses de plazo tras su sanción en junio pasado. “Está pendiente una reglamentación para poder hacer efectiva la ley, que el registro (de abogados) que contempla comience a funcionar, que empiecen a designarse los abogados de ese registro y, una vez designados, que el Estado provincial les pague los honorarios. No hay que pensar la ausencia de la reglamentación como un límite para la aplicación de la ley, en tal caso será un límite para que se designe un abogado de un registro”, aclaró.
Finalmente, advirtió que entre las cuestiones vinculadas a los derechos de los NNyA que todavía no están legisladas y quedaron fuera de la última modificación del Código Civil se encuentra la gestación por sustitución o solidaria. “No hay una ley específica que regule esta gestación por sustitución, tampoco está prohibida, entonces, de hecho, han aparecido pronunciamientos de personas que piden autorización judicial para llevar adelante la práctica u otras que lo han llevado a la práctica y piden la inscripción del niño o la niña nacida de esa gestación en función del derecho de identidad del niño que es el norte que hay que proteger. Son algunas de las cuestiones de debate que vienen fuertes en la agenda legislativa”, finalizó.

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