Tasas, inflación, salarios y tipo de cambio son los ejes de una posible reactivación

En un contexto recesivo y de importante incremento generalizado de precios, repensar alternativas se hace imprescindible con el objetivo de lograr que la actividad vuelva a mostrar signos positivos. Tres especialistas consultados por Comercio y Justicia explican las discusiones fundamentales que deben darse en Argentina. Por Luz Saint Phat – lsaintphat@comercioyjusticia.info

El país se encuentra hoy en un momento económico crucial caracterizado por la recesión y un proceso inflacionario que alcanza niveles históricos. En este contexto, repensar alternativas para la economía política nacional se hace imprescindible, con el objetivo de que la actividad vuelva a mostrar signos positivos.
Disminuir la tasa de interés, controlar el incremento de precios, lograr acuerdos adecuados en torno a los ingresos de los asalariados y disponer de medidas que permitan prever la evolución del tipo de cambio son ejes fundamentales para lograr la reactivación en el transcurso de los próximos años.

Tres especialistas consultados por Comercio y Justicia para este suplemento por el 79º Aniversario señalan las principales discusiones que deben plantearse en este escenario.
Aunque tal y como vienen adelantando las estimaciones de consultoras privadas y de los propios referentes del Gobierno nacional, difícilmente la mejora pueda vislumbrarse durante el primer semestre del próximo año (el cual, además, estará influenciado por las contiendas que supone un período electoral), sí es posible plantear los desafíos más urgentes que se presentan a mediano y largo plazos.
“Principalmente en 2019, en relación con la batería de políticas económicas necesarias, la discusión tendrá que ver con la regulación de la compra de dólares.

La liberación indiscriminada ha tenido ya graves consecuencias, porque una minoría de no más de dos millones de personas compran dólares y -entre grandes contribuyentes y empresas o personas jurídicas- han transferido al exterior más de US$55 mil millones”, señaló Ernesto Mattos, economista e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.
“Por otro lado, otra medida sería -y quizás ya se está adoptando- trabajar sobre los derechos de exportación, que actualmente están atados al tipo de cambio. Hoy existe una banda propuesta entre $34 y $44, pero si la moneda nacional se sigue apreciando podría llegar a $32 o $33 y hay que observar la reacción de los exportadores”, agregó el economista e investigador.

“Lo que estaría en debate es si mantener un tipo de cambio más apreciado nos genera más ingresos por impuestos al comercio exterior o si se devalúa y se le baja la presión a este sector”, puntualizó.
“Una tercera cuestión está relacionada con los nuevos informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), en los cuales se anticipó que el año que viene se registrarán más turbulencias, lo que significa un mayor movimiento de capitales. Esto va a afectar las economías con menor regulación”, dijo Mattos, para quien la disyuntiva en la que se encontrará el Gobierno durante el próximo año será regular (o no) la cuenta capital o “por lo menos poner algunos plazos mayores que los que existen hoy”.
Además, indicó que una cuarta disposición necesaria para el año que viene sería “fortalecer el programa de Precios Cuidados para regular la inflación”.

Por su parte, Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, analizó: “Yo creo que no se trata de tomar una, dos o tres medidas. Hay que cambiar el enfoque de política económica, dando prioridad al crecimiento y a una verdadera lucha contra la inflación. Ninguna de las dos cosas se está haciendo en este momento. Ahora, por lo tanto, medidas parciales en general o en parches -como se ha venido haciendo- no dan resultado”.
Sentenció el especialista: “De todas maneras, está claro que acá el primer gran problema es bajar la tasa de interés, porque con las actuales es imposible pensar en cualquier actividad que no sea la especulación. Hoy, lo que más conviene es bajar las persianas y poner todas las cartas en el sector financiero”, y agregó que, además, es necesario que “baje el nivel” de incremento de los precios, aunque destacó que esto requiere de un plan integral y no de medidas aisladas.
“Con medidas parciales no se va a bajar la inflación que -tengamos en claro- es una de las mayores del mundo y requiere un acción concertada”, aseveró.

En tanto, José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba, también se manifestó en la misma línea que Beker e indicó que “es difícil señalar medidas para poder pensar la reactivación de la economía del país, aunque lo primero e imprescindible es lograr bajar la tasa de interés real que están enfrentando las empresas y, por otro lado, esperar a que las paritarias recuperen -al menos en cierta medida- la caída del salario real para que el consumo se reactive”.
Y destacó: “Otra de las disposiciones que serían necesarias es un programa de promoción para que las empresas puedan exportar y lograr mercados para sus productos. Por ende, también es fundamental reducir la presión tributaria para todos los sectores”.

Agregó que “lo que también es importante es una reforma laboral que disminuya tanto los costos explícitos como los costos implícitos de litigiosidad, de tal manera que logremos formalizar empleo y que las empresas se animen a tomar nuevos empleados como una alternativa para reemplazar los puestos de trabajo que no va a generar el Estado, con el objetivo de dinamizar el consumo”.

Acuerdos necesarios
Plantear un redireccionamiento de la política económica nacional supone principalmente un conjunto de acuerdos que posibiliten la implementación de nuevas disposiciones, en un contexto en el que las demandas sociales se incrementan día a día debido a la caída del salario real en relación con la inflación y con los efectos que esto tiene en toda la economía, la cual se sustenta, en gran medida, en el dinamismo que pueda presentar el mercado interno.
“El año que viene la cuestión social va a estar puesta en cuánto hay en el bolsillo de los asalariados, en relación a los servicios públicos que siga pagando”, opinó Mattos.

“Para este año, los cálculos indican una inflación por encima de 40%. A esto hay que sumar los ajustes del gasto público en vivienda, agua, alcantarillado y transporte, que van a generar una mayor baja en la actividad económica”, explicó, aunque también advirtió de que aun así “este recorte terminó demostrando que no tiene nada que ver con la inflación, que sigue por encima de los niveles históricos de estos últimos 30 años”.
Por su parte, Beker indicó que la posibilidad de “barajar y dar de nuevo” durante 2019 es acotada y, para ello, es necesario pensar en enero de 2020. “De acá a diciembre de 2019 hay que llegar como se pueda”, afirmó.

Aun así, consideró que generar consensos es fundamental y que “es necesario, por lo menos, un acuerdo que de precios y salarios que sea compatible con los objetivos inflacionarios”. Evaluó: “No podemos hacer como ahora, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia emisión cero pero no dispone de ningún instrumento para asegurar cómo va a ser la variación de precios y de ingresos de los trabajadores”.
“Lo que se requiere es juntarse en una mesa y que cada sector fije las pautas e indique cuál es su compromiso en la reducción del déficit, en materia de emisión monetaria, de política cambiaria, de aumento de precios. Mientras, los sindicatos dirán cuál es el aumento salarial que debe efectuarse para que los ingresos de los trabajadores no queden desfasados como ha ocurrido este año”, dijo.

El director del CENE enfatizó que “esto requiere de otro tipo de enfoque, en el que se acepte la necesidad de una negociación tripartita, en la cual existan posibilidades de diálogo y de alguna manera el Estado fije pautas realistas y no voluntaristas”.
Simonella, en tanto, indicó en conversación con este medio que es “difícil” alcanzar un acuerdo social “a esta altura” del mandato del presidente Mauricio Macri: “Falta tan poco para las elecciones y cada grupo de intereses juega su papel”.
“Lamentablemente esto no se tramitó cuando había más posibilidades de que fuera alcanzado, cuando el Gobierno tenía un apoyo popular más claro y la oposición no poseía el poder que está tomando poco a poco”, agregó.

No obstante -aclaró el economista- consensuar disposiciones “sería necesario” y la discusión debería entablarse entre el Gobierno, la oposición, los sindicatos, los sectores productivos y el sector financiero. “Sería un acuerdo que permita darles previsibilidad a las medidas que Argentina va a tomar después de las elecciones de 2019”, concluyó.

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