Equilibrar las cuentas, objetivo común pero con recetas diversas y contrapuestas

Ingresos acordes al nivel del gasto en un sendero gradual fue el planteo original de Cambiemos. No obstante, la violenta devaluación obligó a revisar la hoja de ruta. Más allá de las medidas específicas, todos coinciden en que el escenario por delante llegará con cambios estructurales, muchos que aún están por verse. Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

Déficit fiscal y presión impositiva en niveles récord, pobreza en torno a 30 por ciento, alta informalidad laboral y tributaria y un tipo de cambio contenido aunque con inflación acotada, todo en un mundo que desde la caída de LehmanBrothers en 2008 ya no sería el mismo, fueron parte de los desafíos que debió encarar el Gobierno nacional desde el 10 de diciembre de 2015.
Los resultados parecieron promisorios en 2017, luego de un primer año de “ajuste con gradualismo” que incluyó, entre otros puntos, una fuerte devaluación de la moneda, pero el panorama cambió drásticamente desde fines de abril pasado. A fuerza de factores externos y de yerros en la política económica, el plan eclosionó.

La historia reciente es bien conocida. Devaluación que superó el 100 por ciento en un año y deterioro de todos los indicadores económicos y sociales, muchos de los cuales aún no mostraron sus peores registros.
“Los mercados dijeron basta”, fue la lacónica respuesta del establisment económico.
El Gobierno abandonó sin más el gradualismo y optó por una política de shock, cuyas consecuencias finales aún están por verse.
El objetivo de fondo sigue siendo el mismo: reducir el déficit y lograr que los ingresos cubran las erogaciones del sector público, ahora en un plazo exiguo. La receta ortodoxa no tiene matices.

Subsidios, sí o no
El planteo no debería ser en esos términos. Sin embargo, desde que asumió Cambiemos, la quita de aportes a diferentes servicios fue contundente. También las denuncias de que la mejora en las utilidades de determinadas empresas no terminó por traducirse en mayores inversiones. En todo caso, las provincias lograron en parte que la altísima concentración de los subsidios en Capital y Gran Buenos Aires pudiera revertirse de manera gradual. El aporte a la demanda focalizado en tarifas sociales, por ejemplo, y no al sistema en general, parece ser un camino equitativo en pos de sincerar el valor de las prestaciones.

El Gobierno que asumió con promesas y plazos para alcanzar metas de fondo (pobreza cero, tal vez la más emblemática), hoy busca atajos para equilibrar las cuentas, entre ellas una suba de la presión fiscal, medida que tanto cuestionó en sus orígenes.
Con todo, antes y después del punto de quiebre (última semana de abril pasado), determinados objetivos de largo plazo parecen mantenerse y, en todo caso, hay visiones ciertamente contrapuestas de cómo alcanzarlos.
Al fin y al cabo ese debería ser el horizonte en común. El camino es bien distinto según lo interprete el Gobierno, parte de los gobernadores o bien el amplio y variado arco opositor en el país.

El régimen tributario en discusión
Sin entrar en un análisis respecto al gasto, cuyo ajuste genera al día de hoy fuertes discusiones en el Congreso (los subsidios al transporte y el traslado de los mayores costos a las tarifas quizá sean la muestra más acabada de esa disputa), poner el foco en los ingresos acota el frente de estudio y permite ver cuáles son los objetivos por delante.
En ese marco, la eliminación o baja de retenciones, la Ley de Reparación Histórica, los cambios en Ganancias, la reforma tributaria y el Acuerdo Fiscal con los gobernadores firmado a fines del año pasado, son algunas de las modificaciones de peso que marcan un horizonte de largo plazo, si bien ahora, modificados en parte por la coyuntura.

Con el objetivo de incentivar las exportaciones del sector agropecuario y la producción en general, el Gobierno aplicó quitas o eliminó retenciones a horas de asumir. Las medidas favorecieron la producción aunque la teoría del “derrame” no operó como se pregonaba. La caída de los precios internacionales, una sequía histórica, guerra comercial entre las principales potencias y una devaluación sin precedentes, impactaron en distintas direcciones sobre el sector. Para el mercado interno, la suba del dólar arrastró los precios de productos sin retenciones y traccionó los valores internos de insumos básicos como la harina, que registraron subas récord en el último año.

Estructura tributaria
La decisión de promover una mayor participación de los impuestos patrimoniales sobre los que gravan al consumo como el IVA, Ingresos Brutos y la tasa de Comercio e Industria es una estrategia planteada en el Acuerdo Fiscal con las provincias. No será fácil ese cambio estructural. En Córdoba, IIBB aporta 80 por ciento de los ingresos tributarios propios. Subir tributos como el Inmobiliario o el Automotor para equiparar en parte la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos, será de aplicación gradual pero debería constituir una política de Estado sin distinción de circunstanciales gobiernos.

La necesidad de fortalecer ingresos para alcanzar la meta de déficit primario cero en 2019, comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), obligó a aplicar nuevamente retenciones, ahora fijas, para determinados productos y frenar la baja gradual del gravamen a la soja. Sin embargo, el Gobierno promete que la medida es coyuntural. En todo caso, no hay acuerdo de fondo entre las diferentes fuerzas políticas respecto a eliminar esos gravámenes en el largo plazo, particularmente a las mineras y a la soja.

La reforma a la Ley de Ganancias dotó de automaticidad a la suba del mínimo no imponible, deducciones y escalas para la cuarta categoría, tema tan reclamado desde diferentes sectores pero nunca instrumentado y siempre atado a la discrecionalidad del Gobierno de turno.
La Ley de Reparación Histórica, originalmente destinada a jubilados, incluyó una serie de capítulos destinados a distintos impuestos. Así, se propendía a la disminución progresiva del impuesto a los Bienes Personales (hoy frenada), se avanzaba con cambios en Ganancias y Ganancia Mínima Presunta y se conformaba una comisión de reforma tributaria.
En tanto, la denominada Ley de Reforma Tributaria fue un compendio de cambios en diferentes tributos que, entre otros puntos, incluyó un impuesto a la renta financiera, tan resistido por gobiernos anteriores.

La intención de la norma, de aplicación gradual, era reducir la presión tributaria en el equivalente a 1,5 por ciento del Producto Bruto Interno. Promovió la rebaja de impuestos distorsivos como el IVA a determinados alimentos, reducir Ganancias para reinversión de utilidades y exenciones del pago de aportes patronales hasta una remuneración bruta determinada.
Parte de esa reforma también quedó en suspenso o bien prorrogada, como el caso del Revalúo Impositivo que permitía ajustar balances por inflación a los efectos del pago del impuesto a las Ganancias.
En cuanto al Consenso Fiscal, firmado a fines del año pasado entre la Nación y la mayoría de las provincias, apuntó a reasignar cargas entre ambas jurisdicciones y reducir de manera gradual impuestos distorsivos como Ingresos Brutos o Sellos.

En paralelo, avanzar con mayor fuerza sobre tributos patrimoniales como el Inmobiliario, al tiempo que apuntar a unificar alícuotas y evitar doble imposición en los diferentes distritos, incluidos los municipios. La norma se complementa con una Ley de Responsabilidad Fiscal que también debía alcanzar a las Municipalidades.
Al igual que buena parte del resto de las medidas impositivas tomadas por el Gobierno previo a la crisis, parte de los postulados del Consenso quedaron suspendidos en procura de evitar el desfinanciamiento de las provincias en momentos en que los ingresos tributarios flaquean por la recesión.
Sin embargo, la baja gradual de Ingresos Brutos quedó firme.

Quizá sea la más emblemática de todo el paquete. Es que ese impuesto que grava en “cascada” a toda la cadena de producción y comercialización de un bien o servicio, había ido creciendo a lo largo del tiempo y su participación en los ingresos de las provincias era clave para el sostenimiento de sus cuentas. La reducción o eliminación del gravamen era reclamado desde hacía tiempo por los diferentes sectores de la actividad económica.
La decisión de mantener la rebaja, aún en un contexto de escasez y necesidad de mayores ingresos, es toda una señal a futuro.
Respecto al Inmobiliario, el Acuerdo Fiscal apunta a fortalecer ese impuesto que grava el patrimonio en detrimento de Ingresos Brutos.

La intención original era avanzar en una comisión que cotejará valuaciones según cada distrito pero que buscara unificar criterios de cara a la aplicación de un revalúo general.
Con todo, al igual que parte del Pacto Fiscal, esa medida quedó demorada. Sin embargo, se descuenta que el año próximo habrá un fuerte revalúo por parte de cada distrito pero sin una coordinación como la que fijaba el acuerdo.
Por lo demás, la unificación de alícuotas o la eliminación de la doble imposición como también la simplificación de trámites fueron medidas siempre reclamadas por los sectores productivos y comerciales. Son recordadas las innumerables reuniones y declamaciones desde la Región Centro y sus diferentes estamentos, a favor de avanzar en esa línea. Pasaron años desde que se lanzó la consigna que nunca se tradujo en los hechos.
Sí, en cambio, hubo avances respecto a simplificación de trámites, por ejemplo en el caso de Córdoba con el denominado monotributo federal o bien con el cobro del impuesto Automotor por parte del Gobierno provincial en acuerdo con diferentes municipios.

Claro que más allá de cambios menores y otros estructurales respecto a la integración de los ingresos fiscales por parte de cada distrito, sigue pendiente un avance mucho más decidido respecto a la alta informalidad y evasión que conlleva.
Es remanida ya la acusación a los diferentes organismos recaudadores de que “cazan en el zoológico”. La ampliación de la base de tributación sigue siendo un desafío pendiente que aún no logra revertirse pese a la instrumentación de diferentes acciones y aplicación de nueva tecnología para el seguimiento de los contribuyentes. Si todos pagaran lo que corresponde, la presión fiscal podría ser mucho menor.
Parte de la justificación respecto a esa evasión, particularmente en pymes y comercios menores, era que justamente, con la enorme presión fiscal vigente, era imposible tributar y subsistir como negocio.

En un contexto de crisis como el actual, parece poco propicio apuntar a esos nichos, conformados fundamentalmente por emprendimientos que por su facturación o situación en particular, apenas si logran cubrir costos en un contexto de elevada inflación, caída en las ventas y tasas de interés prohibitivas.
Con todo, es clave que buena parte de las medidas tributarias que lograron cierto consenso, logren sostenerse como políticas de Estado, más allá de los cambios coyunturales que obligaron a revisarlas.

La coparticipación sigue pendiente
El tema está presente desde hace años en la mesa de debate. Sin embargo, nunca parece ser la oportunidad de discutirlo. Un nuevo proyecto de Ley de Coparticipación aparece, en lo inmediato, como uno de los objetivos planteados en el Acuerdo Fiscal entre Nación y provincias. El reparto primario (esto es lo que le corresponde a la Nación y a las provincias) y el secundario que incluye el porcentaje que le toca a cada distrito, es un debate largamente postergado pero ineludible.
Si bien en los últimos dos años mejoró la participación de las provincias en el reparto de la torta, nadie quiere ceder. Sin embargo, también hay que decir que hubo avances. La resolución del reclamo de Buenos Aires por el denominado Fondo del Conurbano, quedó zanjada luego de años. Con todo, el debate de fondo sigue siendo materia pendiente.

EPEC, emblema en los cambios
Así como en su momento fue la Caja de Jubilaciones (en rigor el alto déficit, por ahora cubierto en parte por Nación, es todo un desafío de los sistemas previsionales en general), la EPEC constituyó en el último año un paradigma de cambios radicales en marcha.
La empresa de energía arrastra un elevado rojo, no tanto operativo pero sí financiero. Sin margen para asistir el déficit de la empresa que por años fue cubierto por el Tesoro a través de diferentes formas y que además se financió con una creciente deuda con Cammesa, el Gobierno provincial avanzó desde este año en ajustes en diferentes frentes. El caso se convierte en emblemático porque unifica recortes y modificaciones de toda índole.

Desde el plano laboral, se puso en debate el convenio colectivo de Luz y Fuerza y el “costo” de determinados beneficios. El achique incluyó retiros voluntarios, cierre de centros de atención comercial y de usinas “ineficientes”. Y también a la inversión, aunque en menor medida. Por contrapartida, se incursionó en el mercado de renovables.
La fortísima suba de tarifas por quita de subsidios a la energía sumada al periódico aumento solicitado por EPEC por el Valor de Distribución, derivaron en quejas generalizadas de usuarios residenciales, comerciales, pymes e industriales. El combo obligó a revisar políticas aún hoy en plena discusión, particularmente con el gremio. El futuro marco regulatorio eléctrico provincial es todo un cambio de paradigma respecto a la prestación que plantea múltiples desafíos para un servicio en permanente evolución.

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