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Las cooperativas ante las nuevas reglamentaciones de energías renovables

La meta que se explicitó en el decreto 9/17 es que las fuentes limpias representen 20 por ciento del consumo eléctrico nacional a fines de 2025.

Desde que asumió su mandato, el Gobierno nacional hizo explícita una fuerte apuesta por la generación de energías renovables como política estratégica del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. En tal sentido, mediante el decreto presidencial 9/2017, dispuso que este sea el año de las energías renovables, señalando en los considerandos del texto que mediante el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la producción de se procurará alcanzar una ambiciosa meta: que las fuentes renovables de energía representen 20 por ciento del consumo eléctrico nacional al 31 de diciembre de 2025.

La ley 27191 de Energías Renovables, sancionada en septiembre del 2015, establece una meta más cercana, que a esta altura aparece como de difícil cumplimiento: ocho por ciento de renovables para este año, partiendo de la base que en el 2016, según información oficial, sólo el 1,8% correspondía a esa categoría. Sobre esa norma vale comentar que si bien fue aprobada en medio de la campaña electoral por la presidencia, contó con el respaldo por varias bancadas, sentando una base importante para el desarrollo futuro, ya que encontrar temas que generen consensos multipartidarios no es fácil en el contexto nacional. Éste ha sido uno de ellos.

Además, en el Congreso Nacional se debaten distintos proyectos de legislación de generación distribuida de energías renovables. Representantes de di- versas pertenencias políticas impulsaron iniciativas en tal sentido y una cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. En tanto, asesores parlamentarios han anticipado que se está preparando una batería de beneficios fiscales para facilitar la adquisición de equipos para la inyección de energía limpia a la red eléctrica por parte de usuarios particulares; incluso, que se comprometen partidas específicas para que puedan acceder a créditos que les permitan adquirirlos. En este contexto, las cooperativas de servicios públicos de la provincia, actores fundamentales del sector eléctrico desde hace más de 90 años, por intermedio de los cuadros técnicos de las federaciones que las nuclean, FACE Córdoba y Fecescor, canalizan dudas y consultas, consensuando las gestiones y acciones a realizar.

Proyecto
En este último tiempo el debate se centra, en líneas generales, en lo que está sucediendo en torno a la energía renovable distribuida. El proyecto impulsado en la Cámara Baja preveía, en su primera redacción, un sistema de medición que “netea” la energía generada y consumida, conocido como Net Metering (medición neta), una modalidad que perjudica tremendamente a las distribuidoras si es aplicada junto a los cuadros tarifarios vigentes. En ese esquema, el Valor Agregado de Distribución (VAD) se convierte en subsidio de la generación distribuida o, lo que resulta peor, cuando sea reconocida esa disminución en la discusión tarifaria, producirá un subsidio cruzado desde los que no pueden generar hacia quienes si lo harán. La modalidad sería neutra si los cuadros tarifarios tuvieran un VAD totalmente en el cargo fijo, y más justa aún si tuviese relación con la demanda que contrata el usuario, porque éste básicamente remunera potencia.

Cuadros tarifarios
Los cuadros tarifarios actuales incorporan en cada KWH una parte del VAD, porque los criterios con que se establecieron las tarifas en el pasado partieron de la premisa que consideraba que los usuarios de menos recursos tenían un consumo menor, una pauta que no es necesariamente cierta, pues la condición socioeconómica del cliente se relaciona en mejor medida con el uso de la potencia. Es por eso que ciertos países no tienen problemas con la implementación de esa metodología, ya que pactan la potencia que pagan en el cargo fijo y, así, el sistema es más justo para todos los interesados. Lo conveniente es aplicar sistema Net Billing (facturación neta), con la utilización de dos medidores, de manera que pueda facturarse el VAD que corresponde, para que al usuario que genera se le retribuya el costo evitado por la distribuidora. Como ese tipo de generación no es constante, no puede garantizarse que estará disponible siempre y, por ello, el costo evitado es, básicamente, el costo de la energía en el mercado mayorista más las pérdidas en línea desde el punto de compra hasta el usuario, porque la distribuidora tendrá que poner a su disposición la misma potencia cuando no genere energía.

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