ESCUCHAREl martes 24 se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, que se encamina para emitir dictamen sobre los más de 25 proyectos que impulsan modificaciones a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo.
A lo largo de reuniones informativas se escucharon diversas voces a favor y en contra de las reformas que, entre otros temas, incluyen previsiones sobre reelecciones, cupo femenino y manejo de las obras sociales.
En junio de 2023, Tetaz promovió una iniciativa para modificar los estatutos sindicales para garantizar la alternancia democrática en los sistemas de elección de representantes.
El legislador tomó los fundamentos de un propuesta que el ex presidente Raúl Alfonsín envió al Legislativo 11 días después de asumir a su cargo: la denominada “Ley Mucci”.
Transformaciones
Alfonsín intentó democratizar el modelo sindical en el entendimiento de que la alternancia era fundamental.
A su turno, Tetaz manifestó que las asociaciones sindicales “se transformaron en empresas comerciales” y que muchas veces dejan de lado su objeto social.
Bajo esa premisa, planteó que se requiere una ley para devolver la alternancia y garantizar la transparencia.
La iniciativa propuesta establece que los sindicatos deberán presentar un informe anual de gestión y que tendrá que haber una fluida comunicación entre los órganos internos de cada asociación y los afiliados.
Además, prevé que se podrá reelegir un solo mandato y que se deberá esperar cuatro años para volver a candidatearse a cualquier cargo.
Obras sociales
El proyecto de ley de Democracia Sindical presentado por Tetaz también busca terminar con la limitación de posibilidad de cambio de obras sociales. Con ese objetivo, plantea que los afiliados puedan solicitarlo pasados tres meses desde el inicio de la relación laboral.
A fines de 1983, Alfonsín giró al Congreso Nacional la ley de reordenamiento sindical elaborada por el ministro de Trabajo, Antonio Mucci. Con ese paso, comenzó una disputa con los gremios que signó su gobierno.
Durante la campaña electoral, el radical denunció un “pacto sindical-militar” entre sectores de la cúpula gremial con la dictadura para, presuntamente, negociar la impunidad de los represores. Con la victoria de Alfonsín ante el candidato del peronismo, Ítalo Lúder, el peronismo y la cúpula gremial cayeron en una crisis de liderazgo.
En marzo de 1984, el por entonces secretario de Trabajo del gobierno radical, Roberto Bigatti, informó ante la prensa que de las 1.171 de las asociaciones sindicales registradas, unas 768 debían ser normalizadas.
De ese listado, 588 tenían comisiones directivas con mandatos prorrogados o con miembros elegidos antes del régimen militar, 75 estaban con delegados normalizadores dispuestos por aquella cartera y 105 eran encabezadas por comisiones transitorias nombradas en los últimos años de la dictadura.
Ante liderazgos sin sustento electoral y organizaciones irregulares, el alfonsinismo buscó modernizar las estructuras sindicales.
La legislación garantizaba la representación de las minorías opositoras, proporcionaba la fiscalización del Estado en pos de la transparencia en los comicios y flexibilizaba los requisitos para ser candidato gremial.
Alfonsín tuvo algunos aliados sindicales, como el Movimiento Nacional de Renovación Sindical (MNRS), del que provenía Mucci; el Encuentro Nacional de los Trabajadores (ENTRA); la Asamblea Gremial Argentina (AGA) y el Plenario Sindical Nacional (PSN).
Los gremios mayoritarios vieron la iniciativa como un intento de intervenirlos, dividirlos y hasta debilitarlos.
La “Ley Mucci”, que propició la reunificación sindical, naufragó en el Parlamento.
La CGT se puso en estado de alerta y movilización ante lo que calificó una política intervencionista y denunció ante la OIT “la violación de la autonomía y libertad gremiales”.
