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Cárcel para monotributistas

MARCOS SEQUEIRA

MARCOS SEQUEIRA

Por Marcos Sequeira (*)

El director General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad (foto), acaba de anunciar que el organismo prepara una fuerte embestida contra los monotributistas que “evitaron” recategorizarse. Concretamente, a partir de la semana próxima se realizarían controles intensivos sobre los pequeños contribuyentes que no se encuentren en la categoría correcta o que directamente no deberían estar inscriptos en el monotributo. Según datos oficiales, se estima que -de un total de 3,5 millones de monotributistas- hay por lo menos dos millones en situación irregular. Es decir, 60% del padrón presenta alguna clase de “inconsistencia”. Estas irregularidades son -generalmente- puestas en conocimiento del presunto infractor a través del sitio web del Gobierno.
Lo común es que se trate de falta de coherencia entre los ingresos declarados y las compras o consumos realizados. También puede ocurrir, sin embargo, que el consumo de la tarjeta de crédito o los movimientos bancarios actúen como disparador. Lo concreto es que el monotributista mal categorizado o bien aquel que debería estar pagando sus obligaciones impositivas y previsionales como responsable inscripto -además de las diferencias de impuestos que determine el Fisco- tendrá que hacerse cargo de accesorios tales como intereses y multas.
En el caso de que la dirección considere que el accionar desplegado fue fraudulento, estas multas pueden llegar a ser de hasta 20 veces el impuesto evadido, a las que deberá adicionarse, en su caso, las penas privativas de la libertad establecidas en el régimen penal tributario y previsional argentino.

Procedimiento para una eventual defensa
Si el monotributista se encuentra en alguna de estas situaciones, la normativa vigente prevé un procedimiento para hacer uso del derecho de defensa. Una vez agitada la instancia administrativa, queda expedita la “contencioso-administrativa” por ante la Justicia Federal.
Además, el presunto infractor puede llegar a padecer otras consecuencias no menos graves, tales como la imposibilidad para acceder a su constancia de inscripción; suspensión o cancelación de la CUIT; clausura del establecimiento, etcétera. Si esto pasa, el monotributista se verá imposibilitado de continuar trabajando o, en el mejor de los casos, podría continuar a costa de tener que padecer retenciones y percepciones exorbitantes.

¿Se puede ir preso?
Quien despliegue alguna de las conductas prohibidas por la ley 24769 -penal tributaria y previsional-, puede llegar a ser privado de su libertad por hasta 10 años. Inclusive, al no prever esta normativa la denominada “prejudicialidad penal”, salvo en lo atinente a las multas por defraudación, puede llegar a suceder que se lo detenga de manera preventiva, mientras se discute si la Dirección General Impositiva (DGI) tiene o no razón sobre sus pretensiones económicas y punitivas. Por último, no es infrecuente que la AFIP emplee “presunciones” para determinar cuáles son el monto de las deudas y las particularidades de la conducta.
Como es sabido, al igual que la “inocencia” no puede presumirse, tampoco respecto de la “culpabilidad” esto es viable.
Sin embargo, nuestro régimen procesal penal, tanto en el orden nacional como en el provincial -leyes 23984 y 8123, respectivamente-, admiten el inicio del proceso penal con sustento en presunciones (serias, graves y concordantes). Esto significa que el monotributista deberá sortear todas las implicancias que caracterizan a este virulento -y cruento- proceso, pese a que la denuncia y el ulterior requerimiento fiscal de instrucción dé cuenta de hechos “presuntos”, no “ciertos”.
Obviamente, para su tranquilidad, no existe ninguna posibilidad -esperemos-, de que alguno de nuestros tribunales dicte sentencia de condena, si no se encuentra acreditada la denominada “verdad apodíctica”.
Es decir, si el acusador no ha logrado acreditar, sin margen de dudas, que los hechos sucedieron de una determinada manera y no de otra. Esto es, cuando la responsabilidad penal y participación exigida en el Código sustantivo (Arts. 45, 46 y 47, CP) ha sido acreditada de modo incondicional, por medio de un proceso válido.

* Profesor de Posgrado de las diversas universidades (UNC, UCC, UCA y Nacional de Buenos Aires, entre otras). Director de Posgrado de la Universidad de Belgrano, sede Córdoba. Asesor Ad-Honorem de la Comisión de Reforma del Código Penal y Ley Penal Tributaria.

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