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¿Cuáles son los motivos de la gran presión fiscal en Córdoba?

ilustracion presion fiscal

En los últimos 10 años, la presión fiscal que la Provincia de Córdoba ejerce sobre las familias y empresas cordobesas ha subido a máximos históricos.

Alfredo Schclarek  Curutchet. Exclusivo para Factor Doctor en Economía por la Lund University, Suecia. Investigador Asistente en el Conicet y Director Académico del Cippes.

Por Alfredo Schclarek Curutchet * - Exclusivo para Factor

Si medimos la presión fiscal como el ratio entre los Ingresos Provinciales, que incluyen recursos tributarios y no tributarios, y el Producto Bruto Geográfico (PBG), es decir, los bienes y servicios que se producen en Córdoba, tenemos que este ratio pasó de 3,98% del PBG en 2004 a 8,23% en 2014. En otras palabras, según este indicador, la presión fiscal se duplicó en 10 años.

Si, en cambio calculamos, la presión fiscal como la relación entre los Ingresos Provinciales per cápita y el ingreso familiar promedio per cápita, tenemos -que en promedio- cada cordobés pasó de pagarle a la Provincia 10,4% de su sueldo y otros ingresos en 2004 a 14,3%, en 2014. Ello significa un aumento de 37,5% de la presión fiscal.

Estos datos pueden sorprender porque uno ya se ha acostumbrado a la propaganda política del actual gobierno sobre la reducción de 30% de los impuestos provinciales. Sin embargo, los datos duros, que -por supuesto- están calculados con datos oficiales publicados por la Provincia de Córdoba, muestran que el discurso oficial es una fantasía y que la realidad es que los cordobeses pagamos cada vez más impuestos provinciales.

El aumento de la presión fiscal se ha dado principalmente mediante aumentos en las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y el aumento de los ingresos no tributarios por medio de la creación de tasas y fondos de asignación específica. Si analizamos las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos, observamos grandes aumentos desde 2009.

Por ejemplo, las empresas del rubro Alimentos y Bebidas (mayoristas) pagaban una alícuota de 2,5% en 2008; 3,5%, en 2009; 4%, en 2010 y 4,75%, en 2013. Además, el límite de facturación que obliga a pagar una alícuota especial más alta subió menos que la inflación, lo cual ha implicado que más empresas paguen una alícuota más alta.

Dicho límite era de $7 millones en 2013; $8,8 millones, en 2014 -es decir, un aumento de tan solo 25% respecto al año anterior- y de $11,4 millones para 2015, lo que significa un aumento de 30% respecto a 2014. Estos aumentos en las alícuotas explican, en gran parte, que la participación del impuesto a los Ingresos Brutos en los recursos tributarios provinciales haya pasado del 60% en 2003 al 80% en 2013.

Con respecto al aumento de los ingresos no tributarios, los últimos cuatro años han sido un verdadero vergel de nuevas tasas y fondos de asignación específica. A tal punto ha sido la proliferación que los ingresos no tributarios ya representan un nada despreciable 20% del total de los Ingresos Provinciales. Sin lugar a dudas, la tasa más famosa -y polémica- ha sido la tasa vial, creada en 2012. A partir de 2015, la tasa es de $0,345 por litro para el gasoil; $0,525, para la nafta súper; $0,745, para el gasoil y nafta premium y $0,276, para el GNC.

Según el presupuesto provincial 2015, la tasa vial recaudaría 1.071 millones de pesos, es decir un aumento de 34% respecto a 2014.

En relación con los fondos de asignación específica, entre los más importantes se destacan el Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo (Fofise), el Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos (FRIG) y el Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural (FMRFN), que se cobran todos ellos en la boleta del impuesto Inmobiliario. Según se desprende del Presupuesto 2015 de la Provincia de Córdoba, en 2015 el Fofise aumentaría 57%; el FRIG, 34% y el FMRFN, 45%. Más aún, actualmente lo que se recauda vía fondos “atados” al impuesto Inmobiliario es mayor que lo que se recauda por el Inmobiliario propiamente dicho. Por ejemplo, en 2013 ingresaron $1.442 millones por los fondos “adheridos”, mientras que el impuesto Inmobiliario recaudó $841 millones.

(Clic en los gráficos para verlos ampliados)

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No se puede culpar a la Nación por el aumento de la presión fiscal
A pesar de que el gobierno provincial suele responsabilizar al nacional de la mayoría de sus males, en este caso el aumento en la presión fiscal se debe principalmente a la irresponsabilidad fiscal propia. Analizando los datos de la coparticipación federal de impuestos, observamos que, en el período de análisis, la distribución de fondos que recibió Córdoba por la coparticipación subió de 5,49% del PBG en 2004 a 7,88% en 2014, es decir, Córdoba recibió más fondos por coparticipación y no menos. Más aún, el promedio de coparticipación que Córdoba recibió en los años 90 fue de 4,25%. Claramente, el período de aumento de la presión fiscal cordobesa coincidió con un lapso en el cual la coparticipación también estuvo en niveles máximos. Muy probablemente este aumento en los envíos por coparticipación se debe a que la Nación también aumentó la presión fiscal en este periodo.

Esto muestra que las familias y empresas cordobesas están sufriendo un doble aumento de la presión fiscal, tanto de la Provincia como de la Nación. Por supuesto, reconocer que la Nación ha enviado más fondos a Córdoba en este período no significa desconocer que Córdoba debería volver a percibir el 15% de la coparticipación que se destinaba para financiar las jubilaciones públicas cuando existían las AFJP. Hoy ese aporte por parte de las provincias ya no tiene sentido.

La explicación: el aumento desmedido en la planta de personal
Volviendo al análisis de la irresponsabilidad fiscal propia, el principal motivo por el cual la Provincia se ha visto en la necesidad de aumentar la presión fiscal es el fuerte crecimiento en la cantidad de empleados públicos de la administración provincial, claramente una decisión bajo la órbita del gobierno provincial. En el año 1999, la planta de personal del sector público provincial cordobés ascendía a alrededor de 72.000 empleados, mientras que en 2013 esa cifra había ascendido a 121.000 personas.

Si a ese aumento de casi 50.000 empleados públicos le agregamos que en el mismo período hubo alrededor de 20.000 jubilaciones anticipadas, tenemos que la contratación de empleados públicos fue de al menos 70.000. Obviamente, esto ha generado un gran aumento en el gasto público que se ha tenido que financiar con aumentos impositivos.

Aquí vale la pena hacer otra aclaración. Que exista un mayor número de empleados públicos no significa a priori algo necesariamente malo o bueno; de hecho el alcance de los servicios públicos provistos por un Estado en particular depende, entre otros factores, de las preferencias de los electores por el nivel de gasto público que consideren adecuado. El problema es el ritmo de aumento desmedido en la planta de personal, que prácticamente se duplicó en 15 años.

Además, también es llamativo que -a pesar de un gran aumento en la presión fiscal local, las transferencias automáticas por coparticipación, conjuntamente con un gran incremento del gasto de personal y contrataciones- la sociedad no parece percibir una mejora en la percepción de la calidad y cantidad de bienes públicos ofrecidos en la provincia. Por ejemplo, en diciembre último se publicaron los resultados del Operativo Nacional de Evaluación del Ministerio de Educación de la Nación que indican que en Córdoba empeoró en los últimos tres años el rendimiento de los estudiantes del último año del secundario en Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

El endeudamiento excesivo y las jubilaciones anticipadas también explican la presión fiscal
Otro factor que contribuyó a la necesidad de aumentar la presión fiscal ha sido el gran costo que está generando la política de endeudamiento público del actual gobierno. Aquí hay que mencionar tres decisiones que contribuyeron a aumentar notablemente el endeudamiento de la provincia, pasando la deuda de US$1.058 millones en 1999 a US$3.881 millones en 2012.

El primer factor fue la reducción de 30% en los impuestos provinciales que se dio en 1999. Al bajar los ingresos fiscales, pero sin la correspondiente baja en el gasto público, se generó un déficit fiscal estructural que debió ser financiado con endeudamiento. Paradójicamente, la reducción de 30% en los impuestos a la larga ha hecho que se deban aumentar los impuestos más que proporcionalmente para pagar la deuda y sus intereses.

En segundo lugar, en 2010 se emitieron los Boncor 2017 por US$746 millones con un interés anual de alrededor de 12% en dólares. Esta deuda se tomó para construir obras públicas, tales como el Centro Cívico del Bicentenario, el estadio Mario Alberto Kempes y el Faro del Bicentenario, cancelar deuda y financiar gasto corriente.

Las obras mencionadas anteriormente no aumentaron la capacidad productiva ni exportadora de la Provincia, con lo cual tampoco generaron los recursos para poder devolver el capital y los intereses de los Boncor 2017. Lógicamente esto implicó aumentar los impuestos ya existentes. Más aún, en 2017 se deberán abonar US$596 millones por estos bonos, lo cual implica un gran desafío para el próximo mandato.

Por último, hay que mencionar la deuda por US$565 millones que EPEC tomó con la Anses para construir la Central de Ciclo Combinado Bicentenario en Pilar. Si bien ésta es una obra productiva, las circunstancias de que la deuda sea en dólares, con un interés alto de 12,5% y de que la central haya sufrido severos problemas técnicos pone en duda si esta es una inversión financieramente rentable. Prueba de ello es que la Provincia viene pagando la mitad de los US$10,5 millones mensuales que se abonan a Anses.

Otra decisión política que implicó un aumento de la presión fiscal fueron las jubilaciones anticipadas que se dieron entre 1999 y 2006. Si bien no hay datos oficiales, éstas fueron alrededor de 20.000, habiendo casos de empleados públicos que se jubilaron con 45 años de edad. El incremento notable del déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que llegó a un rojo máximo en 2007 de $2.879 millones (a precios constantes de diciembre 2013) fue en un primer momento financiado por el gobierno nacional, pero en 2009 el entonces Gobernador Schiaretti firmó un acuerdo con el entonces Ministro de Economía, Amado Boudou, comprometiendo a la Provincia a hacerse cargo del déficit a partir de 2012.

Concluyendo, una condición necesaria, pero por supuesto no suficiente, para que una provincia o una nación se desarrolle económicamente es la prudencia fiscal de su gobierno. Lamentablemente en Córdoba no se ha ido por el buen camino durante todos estos años. Sin embargo, este año electoral es un buen momento para debatir seriamente sobre los errores del pasado y acordar sobre las soluciones para el futuro.

* Doctor en Economía por la Lund University, Suecia. Director del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES). Investigador Asistente en el Conicet.

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