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“Córdoba necesita un Tribunal Fiscal de la Nación”

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Para Juan Pablo Rizzi -especialista en derecho aduanero-, deben establecerse otros tribunales en el interior del país para facilitar el acceso a este fuero. Córdoba, por su posición geográfica y por reunir la mejor oferta exportable del país, está en óptimas condiciones de contar con un TFN

Desde el inicio de su gestión, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) anunció la ejecución de un proceso de reestructuración de la Administración pública a fin de que el Estado sea más eficiente. Se reconocieron como parámetros rectores de esta reforma que el sector público estaba al servicio del ciudadano y que era necesario reducir el gasto público. En resumen, gastar menos y brindar mejores servicios.
Factor dialogó con Juan Pablo Rizzi, quien aportó su visión sobre distintos aspectos referidos a dicha temática.

¿Cuál es la situación actual de la administración de justicia aduanera?
-En el marco de este proceso en el que se procura lograr un Estado más eficaz, accesible y garante de los derechos de sus habitantes, debe considerarse una deuda social de vieja data: la situación de la administración de justicia aduanera. El acceso irrestricto a la justicia, la posibilidad de consulta digital del estado de las actuaciones en trámite y la obtención en tiempo oportuno de una sentencia definitiva dictada por tribunales especializados constituyen, en esta área del derecho, una utopía. Ello se debe a diferentes motivos que podemos enumerar del siguiente modo: 1) los plazos procesales existentes para el ejercicio de la potestad tributaria-aduanera o infraccional del Fisco son inmensos, cinco años que pueden extenderse a diez-; 2) no se cuenta con un sistema informático en el que se puedan consultar las causas que tramitan ante la Aduana y el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), y 3) existe un único tribunal especializado en la materia -TFN- con sede en la Capital Federal. En resumen, para quienes habitan en las provincias la justicia aduanera es lejana, en espacio y tiempo. O lo que es lo mismo, inaccesible. ¿Y el federalismo? Bien, gracias.

¿Cómo se mejoraría la administración de justicia aduanera?
-La reducción de plazos procesales aduaneros y la implementación de un sistema informático público solucionarían los dos aspectos mencionados en primer término. En cuanto al último punto, el acceso a la jurisdicción aduanera podría mejorarse si el Poder Ejecutivo ejerciera la facultad que posee en función del artículo 2º de la ley 15265 de creación del TFN. En virtud de éste, podrían establecerse otros tribunales fiscales en el interior del país.

¿Sería Córdoba una buena sede para un nuevo Tribunal Fiscal?
-Pienso que resultaría conveniente para la protección de los derechos de los contribuyentes que existiera un nuevo Tribunal Fiscal de la Nación en nuestra provincia. Como sabemos, Córdoba no es cualquier provincia. En efecto, desde un punto de vista geográfico se encuentra en el centro de la República y, por lo tanto, resulta accesible a los ciudadanos de las demás provincias del interior. En tanto, desde una perspectiva aduanera, reúne la mejor oferta exportable de la nación (Arcor, AGD y núcleo fabril-automotor, que producen los bienes exportables de mayor valor agregado nacional). Por otro lado y en cuanto al organigrama funcional de la Aduana, en nuestra ciudad se encuentra la Dirección Regional Aduanera Central que comprende a las aduanas de Córdoba, Deheza, Mendoza, San Juan, San Luis, San Rafael y La Rioja.

¿Cuáles son las reformas normativas que se han propuesto para la administración de justicia aduanera?
-Las reformas que se han propuesto nada tienen que ver con las necesidades actuales. Por el contrario, las aumentaría. Pues se procuraría afectar la imparcialidad y autarquía del único TFN existente a partir del nombramiento de un coordinador general que actuaría por encima de los jueces de dicho tribunal, y se dilatarían aún más los plazos procesales existentes. En definitiva, iguales gastos para un peor servicio.
Traduciendo esto a la realidad, piénsese, por ejemplo, cómo afecta financieramente a una empresa mantener un litigio en contra de la Aduana durante diez años (por poner un plazo promedio para alcanzar una resolución definitiva), en el cual debe previsionar potenciales pasivos, mantener garantías -porque, si no, no hubieran obtenido la liberación de la mercadería- y soportar potenciales intereses de tres por ciento mensual sobre dólares cuando han discutido un tributo aduanero que entendieron ilegítimo.
Teniendo presente que estas reformas se encuentran en curso en el Congreso de la Nación, es hora de que nuestros Senadores y Diputados, como representantes de Córdoba y de su pueblo, hagan valer los derechos de los cordobeses antes que los intereses de sus partidos. Pues, en definitiva, todos estos problemas terminan por trasladarse en último término a nuestros trabajadores y consumidores.

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