ESCUCHAREstos 30 años constituyeron un proceso de construcción histórica en el cual “lo que le pedImos a la democracia” en distintas etapas fue claramente muy diferente.
Por Pamela Cáceres* – Exclusivo para Comercio y Justicia
En el 83 estaba muy presente la idea de la recuperación de los derechos políticos, la posibilidad de volver a elegir a nuestros representantes y a partir de ello democratizar también otros aspectos de la vida social, principalmente derechos sociales y civiles como la educación, el bienestar social, el derecho a la libre expresión y la canalización de demandas y protestas sociales sin temor a la represalia.
“Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”; el discurso del ex presidente Alfonsín expresaba así el proyecto político de un intento tardío de implementar un estado de bienestar al estilo europeo, que en ese momento estaba ya en crisis a partir del triunfo de las ideas neoconservadoras y neoliberales que abogaban por un estado mínimo.
La década de los 90 y el gobierno de Carlos Menem constituyeron la expresión de una nueva agenda para la democracia: con la democracia podemos hacer “la revolución productiva”. El reclamo por bienestar y estabilidad económica en medio de la crisis fiscal y de la deuda externa favoreció que en esta etapa se pusiera un notable acento en la necesidad de ser eficientes, una democracia racional desde el punto de vista económico, el achicamiento y la modernización del estado. Nuevos actores privados y de la sociedad civil asumieron nuevos roles en la gestión de políticas públicas, en muchos casos sustituyendo el Estado.
A pesar de que estas reformas neoliberales fracasaron y desembocaron en la crisis de 2001, parecieron ser la oportunidad para comprender, a partir de ellas, que no es posible una democracia gerencialista que entiende que es posible sostener el “costo social” de las políticas de ajuste en favor del desarrollo económico y la inversión privada, o que la garantía para las inversiones debe cargar con los costos de la exclusión social.
La etapa pos 2001 significó un aprendizaje en el que se recupera la creencia en la imprescindibilidad del Estado y la necesidad de la política. La crisis de representatividad y el “que se vayan todos” expresó la incongruencia de una democracia electoral en la que el Estado aparecía de espaldas a los intereses de la ciudadanía y, por el contrario, a favor de grandes intereses corporativos. Era necesario hacer el Estado y la política más públicos, más transparentes y en favor de las mayorías – sobre todo las excluidas-.
La política recuperó el consenso sobre su papel central e indelegable en la dirección de la sociedad pero también pudimos observar la emergencia y fortalecimiento de nuevos actores sociales que reivindicaron y demandaron la inclusión de nuevos temas en la agenda estatal (ambientales, sexuales, género, transparencia, participación, seguridad, educación, etcétera). Estos nuevos actores comenzaron a instalar y legitimar una visión más amplia de la participación política, más allá de lo electoral.
Hacia adelante hay desafíos para fortalecer el sistema. Creo que los actores políticos tradicionales, es decir los partidos políticos, aún no logran interpretar (o al menos incorporar) los desafíos que la democracia hoy plantea.
La restricción de la política a las reglas electorales, el miedo al diálogo, la dificultad para articular y explicitar claramente proyectos y propuestas políticas alternativas, el temor a la participación de la sociedad civil, los acuerdos secretos y privados con sectores y actores corporativos son una clara expresión de que aún persisten ideas y prácticas restringidas de la política.
La ciudadanía, a pesar de que hemos avanzado en su dimensión activa, aún necesita superar la tendencia delegativa que tiene de los asuntos públicos. Es importante pasar de una visión pesimista y de indignación resignada, al compromiso y participación informada sobre los temas fundamentales que están en discusión, que afectan la vida cotidiana y futura de todos los que integran la sociedad.
Hoy hay muchos temas que necesitan ser discutidos, como una política fiscal más equitativa o la cuestión de la explotación e impactos ambientales de las actividades extractivas.
Éstos son temas que en una comprensión más amplia y profunda de la democracia requieren de la creación de mecanismos de participación, monitoreo y evaluación de las decisiones políticas que involucren tanto a agentes estatales y actores políticos tradicionales, como a la sociedad civil y los ciudadanos en general.
Aún perdura mucha resistencia a entender que la información y las decisiones que el Estado produce son públicas, no propiedad de unos pocos ni exclusividad de quienes han sido elegidos para representarnos. El desafío de la democracia hoy es interpretarla en un concepto superador de aquel que entiende que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”.
Construir esta democracia, por tanto, será responsabilidad de todos, especialmente de quienes integran organizaciones con capacidad de incidencia en el contenido y devenir de las cuestiones públicas.
* Politóloga, decana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba
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