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¿Una corte latinoamericana para el crimen transnacional?

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **

En varias ocasiones hemos expuesto en esta columna respecto del riesgo, ya no para la tranquilidad pública, sino para la misma supervivencia de nuestra democracia que entrañan las nuevas formas de criminalidad compleja u organizada, en particular la narcocriminalidad.
Entre las propuestas para enfrentar a tales flagelos, una parece cobrar forma: el establecimiento de una corte internacional, de carácter regional para nuestra Latinoamérica, que tenga jurisdicción para entender en causas sobre trata de personas, lavado de activos y bandas de narcos.
Quienes sostienen la idea entienden que el problema ha llegado a poner en entredicho a la misma capacidad de los Estados en la región para poder, por sí solos, enfrentar tal problemática delictual. Algunas veces, porque la connivencia de la política y las fuerzas de seguridad con los delincuentes esterilizan toda posibilidad de actuación judicial. En otras ocasiones, el problema pasa porque la organización delictiva opera en varios países, llevando a cabo diversas partes de un único accionar delictivo en cada uno de ellos, dificultando la posibilidad de enjuiciar ese todo en uno solo.
El proyecto de la “Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado”, más nombrada por su sigla de “Copla”, apunta a instaurar una corte transnacional con decisión propia, pero avalada por los países miembros, cambiaría radicalmente la ecuación.
Entre quienes apoyan la iniciativa en nuestro país se hallan la propia vicepresidenta, Gabriela Michetti, y el escritor, periodista y ex diputado de la Nación, Fernando Iglesias, quien explicó lo que se propone: “Una Corte que actúe cuando las justicias y fuerzas de seguridad nacionales no puedan con estos tipos de delitos porque los mecanismos transnacionales de lavado de dinero, ocultamiento de criminales, trata de personas, son mecanismos del crimen organizado que nos afectan directamente, son regionales y globales y la Justicia y las fuerzas de seguridad son solamente nacionales. Entonces, queremos crear una corte y debajo de ellos una fuerza de seguridad que trabaje en escala regional para que sea más efectivo”.
Se busca que el trabajo de dicha Corte no reemplace la actuación de los tribunales nacionales sino que se halle dedicada a una tarea que, a causa de la transnacionalidad del delito, no siempre puede hacerse desde los distintos países: “desarmar desde arriba” a tales organizaciones.

Casos como el de Pérez Corradi, cuando estaba en Paraguay y Argentina comenzó un proceso burocrático de extradición, se ponen de ejemplo sobre la necesidad de procedimientos de actuación internacional que agilicen ese tipo de cuestiones.
“Los criminales se mueven en el siglo XXI. Cruzan las fronteras, se refugian en otros países, tienen redes digitales, un hombre se instala en Buenos Aires, pone Skype y maneja una banda en Colombia. Mientras tanto, las justicias nacionales envían exhorto de papel que caen en un escritorio. Es el Siglo XXI contra el XIX. El caso de Pérez Corradi es eso. Argentina y Paraguay hace 20 años que están en Mercosur. Y, sin embargo, un argentino detenido en Paraguay podía haber pasado años sin extradición, porque Pérez Corradi está aquí porque decidió venir, si no, eran años de consideración. Y mientras pasa eso, se destruyen pruebas, se escapan los cómplices (…) México tenía el problema con el “Chapo” Guzmán. Lo metían en la cárcel y se escapaba. Entonces, ¿no es más razonable que, en vez de estar allí, estuviera en Brasil o Chile? ¿No sería más difícil escapar? La cooperación internacional entre los países para combatir las mafias puede ayudar a solucionar problemas por esto. Es muy difícil combatir cuando las mafias y los poderes judiciales y políticos son del mismo barrio. Están todos ahí”, expresa Iglesias.
Esperemos que las reuniones en la materia fructifiquen en un organismo a la medida de enfrentar tales situaciones. Porque, como hemos dicho antes, esas modalidades criminales avanzan contra la sociedad establecida en una puja que, hoy por hoy, vamos perdiendo.