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Servidumbre y esclavitud en el debate latinoamericano

Enrique-Escudero

Por Silverio E. Escudero

La perplejidad y el asombro serán la materia prima de este encuentro. Los dilemas sobre el desarrollo económico generan un intenso debate entre los gobiernos y la sociedad que, por momentos, parecen olvidarse de “los aspectos sociales” que los enfrentan ante sus notorias ambigüedades. Equívocos y tergiversaciones que sirven para disimular sus desentendimientos que pretenden transformar a los seres humanos en cosas; en “números en el anaquel del patrón”, según una sabia definición, sobre la condición de los trabajadores en Argentina, de Justo Páez Molina, aquel mítico gobernador en la provincia de Córdoba que fue derrocado el fatídico 28 de junio de 1966.
Decíamos de la perplejidad y del asombro: no es casual. Se superponen en nuestra mesa de trabajo informes, diagnósticos y medulosos ensayos que se desgranan cuando son confrontados con los duros datos de la realidad.
Frente a ese escenario, más allá de las habilidades histriónicas de los actores y de los recursos escénicos, trataremos de evitar irremediables malos entendidos. Queremos tener certezas sobre si América Latina (AL) redujo los niveles de pobreza o, en cambio, las cifras del hambre y la miseria crecieron de manera exponencial.
Preocupación que se desprende tras una prolija y desapasionada lectura de los informes y estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), disponibles para 16 países de la región, donde se avisa a los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de la existencia -en 2015- de 54 millones de personas pobres, de pobreza absoluta, en el ámbito rural.
De ellos, 33 millones carecen de ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de alimentos. Es decir, seis de cada diez pobres rurales viven en condiciones infrahumanas.
Las cifras de esta tragedia golpean con rudeza. Más cuando la comunidad internacional celebró los avances contra la pobreza en el decenio anterior en la mayoría de los países de la región.
Brasil, cuyo ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condecorado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU como el “Campeón Global en la Lucha contra el Hambre”-, entonces marchó a la vanguardia.
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana continuaron esa brecha, multiplicando el número de personas que abandonaban su condición de pobre o indigentes, ante los ojos de una sociedad incrédula que no comprende ni coparticipa de los éxitos de tan ciclópea cruzada.

Honduras y México, embebidos en luchas intestinas, optaron por transitar otro camino. Tuvieron alzas y bajas, sin que se pueda observar una tendencia sostenida de mediano plazo, aunque la diferencia (no menor) entre estos dos países es que en el caso de México la tasa de incidencia de la pobreza se mueve entre 45 y 55 por ciento, mientras que la de Honduras supera 80 por ciento, de acuerdo con la Cepal.
En el caso de Guatemala, uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe, el desamparo estremece. Vio crecer su población rural en situación de indigencia en casi 83,10% de sus habitantes, según las cifras conocidas durante la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Adrián Zapata (AZ), analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, explicó que erradicar la pobreza en su país requiere de decisiones económicas y financieras importantes e imprescindibles y una mejor distribución del ingreso para “pasar de una estructura regresiva a una progresiva, en la que quienes tienen más recursos paguen más”.
La pobreza en Guatemala, continuó AZ, tiene un rostro rural e indígena, pero también de mujer porque son las niñas las más expuestas a su impacto, sobre todo en relación con la oportunidad de tener acceso a la educación.
En definitiva el repunte de la pobreza rural en Costa Rica, El Salvador, México y Paraguay es dramático. Se cuentan por miles los que van quedando en la banquina.
Venezuela, por su parte, es un caso extremo. Sin estadísticas públicas que nos permitan hacer un análisis certero, es posible intuir que el fenómeno de la pobreza rural se haya agravado como consecuencia, entre otras causas, de la profundización del abismo que divide a la sociedad venezolana.
Son miles los opositores a los gobiernos de Hugo Chávez, primero, y de Nicolás Maduro, después, que han visto cómo se confiscaron sus bienes, mientras son arrojados a la miseria, al hambre y la desesperación.
Argentina, por decisión de la ex presidente Cristina Fernández, dinamitó sus estadísticas. Nada se supo acerca de la incidencia de la pobreza urbana y rural. Aunque con evidencias indirectas se determinó que la pobreza rural posiblemente se redujo en los primeros años de la primera década del siglo XXI.
Situación que se revirtió en los años posteriores y de la que dieron cuenta diversos observatorios sociales. Denuncias que causaron la ira de un alto funcionario que afirmó que la pobreza era una ficción en Argentina. Tanta era su ira que aseguró que nuestro país tenía menos pobres que Alemania, citando una página de estadísticas alemana que había caducado en el año 2000.
Uruguay, a pesar de los sacudones de su economía, es el líder regional, con tasas de pobreza y de indigencia de apenas uno y dos por ciento, respectivamente.
Se trata de un ejemplo a seguir. Que es posible cumplir las metas propuestas por la ONU de erradicar de la pobreza rural en América Latina.
El crecimiento del cooperativismo rural fue uno de los instrumentos elegidos y la lenta desaparición de los cantegriles (villas de emergencia) fueron los emergentes inmediatos. Mucho más cuando ese gesto está acompañado por el Estado, que suma esfuerzos traducidos en ayuda económica, instalaciones médico-sanitarias y fomenta la apertura de escuelas, bibliotecas y espacios culturales en cada comunidad campesina.
¿Qué hacer para facilitar la reducción de la pobreza en la región? ¿Cómo enfrentar a los gobiernos que, escudados en la necesidad de reformas laborales, facilitan el retorno del trabajo esclavo?

¿Quién es capaz, bajo la coerción del látigo del patrón o teniendo enfrente la boca de fusiles, de intentar una protesta en defensa de la dignidad humana?¿En qué momento el resto de los gobiernos de AL seguirán los pasos del presidente brasileño Michel Temer y sincerarán la existencia en sus naciones de hombres y mujeres reducidos a la servidumbre y la esclavitud y se entregarán cual chivos propiciatorios a la voracidad del capitalismo?
¿Quién y cómo administra la compraventa de personas ante la mirada complaciente de gobiernos, iglesias de todos los credos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación? ¿Cómo se garantiza la jornada laboral de ocho horas cuando el patrón, con el auxilio de una nueva legislación del trabajo permisiva, avanza sobre la intimidad de los trabajadores y sus familias?
Para responder a estas preguntas y ayudar a los países a implementar estrategias de respuesta a una realidad cada día más compleja, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), dos organizaciones hermanas de las Naciones Unidas, crearon la Alianza para la Eliminación de la Pobreza Rural en América Latina.
Alianza formada por los principales expertos latinoamericanos sobre desarrollo rural, cuya misión central es proponer soluciones innovadoras que tengan impacto concreto en la vida de millones de personas.
En ese sentido, la alianza será un bien público regional al que todos los países podrán acceder para mejorar sus estrategias de lucha contra la pobreza. “El proceso de reducción de pobreza se está haciendo cuesta arriba, y necesitamos una estrategia cada vez más pulida para continuar avanzando”, dijo José Molinas, ministro secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay.

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