ESCUCHARPor José Emilio Ortega y Santiago Martín Espósito (*)
Bajo el rótulo The Onion Project (TOR), se implementó un sistema de comunicaciones vía Internet, caracterizado por el anonimato en los emisores o receptores y el secreto del contenido. Creada en los años 2000 por la inteligencia naval norteamericana, se denomina darknet o deep web (Internet oscura o profunda).
Es útil para proteger identidades e información, datos gubernamentales o corporativos, concretar operaciones de inteligencia -militares o de seguridad-, asegurar fuentes a periodistas e investigadores académicos, entre otras actividades. Permite también, en los países que ejercen censura en Internet, preservar la identidad de quienes publican denuncias.
Pero hay desventajas. La red TOR es vulnerable frente a tráficos ilegales: órganos, pornografía, trata, venta de armas y drogas, contrabando, evasión, espionaje, etcétera.
¿Es una nueva web? Resulta discutible.
En tanto bypass para actuar por razones de orden público, o alternativa para cercar ciertos ilícitos a modo de “emboscada” (los dominios .onion son creación de un organismo estatal), siempre serán nuevas dimensiones posibles para una misma, única y multiforme red.
En desafío a cierta doctrina, consideramos que existen ámbitos web “legales” e “ilegales”.
La vulnerabilidad de los espacios online exige diseñar e implementar instrumentos jurídicamente sólidos, políticamente correctos y socialmente útiles, sosteniendo condiciones seguras y transparentes de aplicación.
España incorporó hace un tiempo a su legislación la figura del agente encubierto informático. Por su parte, Estados Unidos “hackea” la red con el fin de detectar la dirección IP real, lo que no está libre de controversias.
¿Cómo se realizan las transacciones en la deep web?
Las bitcóins conforman otra arista fundamental. Representan dinero digital y existen además valores como Litecoin o Ripple.
Las criptomonedas permiten realizar transacciones anónimas, sin intervención oficial (Banco Central u otras gubernamentales).
Ya hubo tentativas regulatorias para estas formas de moneda de cambio: México presentó un proyecto de ley que exige a las plataformas que ofrezcan al público las bitcóin una autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por su parte, Bolivia y Tailandia directamente prohibieron las criptomonedas.
La red TOR y las bitcóins engrosan el mercado negro del siglo XXI.
Los riesgos de la darknet son múltiples: se habla de ofrecimiento de sicarios, entrenadores para hackers, ataques a información privilegiada, operaciones de evasión millonarias. Pero nos detenemos en una actividad más conocida: la compra de medicamentos sin aprobación o control.
Su penetración social (en cada familia existe un consumidor de medicamentos), la escasa inversión que requiere montar laboratorios clandestinos, cierta facilitad para armar cadenas de distribución y el impacto de la publicidad engañosa frente a la demanda de fármacos ubican esta actividad al tope de los riesgos.
La vulnerabilidad frente a productos adquiridos ilegalmente y sin control es enorme: la vulnerabilidad patrimonial -ante una estafa o violación de la propiedad industrial o intelectual- y física o psíquica, asociada a la salud pública o individual y a la vida, por ingerir sustancias nocivas, vencidas, adulteradas, etcétera.
La fabricación de medicamentos ilegales es un negocio ilícito que genera enormes márgenes. Está emparentada con la elaboración y tráfico de drogas, dada la similitud que presentan los laboratorios clandestinos que se utilizan en ambos casos.
Otro hecho que ocurre en la web profunda es una demanda falsa de productos: se solicitan medicamentos inocuos -por ejemplo, de venta libre- que en realidad son compras de fármacos de recetado obligatorio u otro producto.
Los servidores utilizados en la deep web habitualmente son foráneos; la demanda suele ser satisfecha con intervención de operadores extranjeros, redireccionándose el ingreso a Argentina por conexiones locales.
En lo operativo, nuestro país no está suficientemente organizado para un combate coordinado contra los delitos en la deep web.
Nos referimos a la articulación entre órganos federales de control, como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), de inteligencia, de seguridad (ministerio, policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Prefectura, etcétera), sanitarios (Ministerio de Salud de la Nación) y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar, que ya no posee competencias de control), de comunicaciones, producción, científico-tecnológicos, etcétera.
Y de todas ellas con el Poder Judicial de la Nación. No se conocen protocolos de actuación, ya que ni siquiera hace falta ir a la deep web para encontrar ofertas ilícitas.
Tampoco sabemos de trabajo conjunto entre Nación, provincias y ciudad de Buenos aires (las cuales tienen amplias competencias sanitarias y también el control local de medicamentos), sin perjuicio de avances en trazabilidad y narcotráfico.
¿Hay capacidad real de jurisdicciones locales para seguir operaciones en la web?
En el ámbito municipal, no sólo ciudades grandes o medianas, sino localidades pequeñas, pueden ser terra incógnita para instalar laboratorios clandestinos y bases de distribución.
El abordaje de esta problemática requiere información y planificación entre operadores y conciencia pública, un marco normativo de operación jurisdiccional federal y local, y un trabajo minucioso por etapas, con metas y objetivos por segmento a abordar.
No hay tiempo que perder.
(*) Docentes Derecho Público Provincial y Municipal (UNC)
