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La necesaria creación de una verdadera fuerza de Investigación Judicial

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Una mirada crítica sobre la propuesta de reforma del Ministerio Público Fiscal enviada por el Ejecutivo provincial. Por Daniel Ballistreri, abogado, adscripto de Derecho Procesal Penal de la UNC.

Hace algunos meses, el Inecip resaltaba la importancia de una reforma de la Dirección de Policía Judicial de Córdoba para no perder el rumbo de lograr una investigación penal judicial desde un primer momento, eficiente, eficaz, acorde al sistema constitucional, republicano de separación de funciones, y de derechos y garantías de los ciudadanos.
Analizando el proyecto de ley enviado por el gobernador José Manuel de la Sota a la Legislatura, encuentro ciertos puntos sobre los que hay que reflexionar antes de aprobarlos.

Jerarquización de la Policía Científica
En este proyecto de ley se lleva al nivel de Dirección General a la Secretaría Científica, por lo que se puede decir que obtiene un importante reconocimiento, ya que es uno de los pilares fundamentales de la Policía Judicial (siendo el otro el cuerpo de Detectives), habiendo sido “la científica” la que desde 1985 arrancó con la necesaria “despolicialización” de la investigación penal, ya que las tareas criminalísticas de campo y de laboratorio dejaron de ser realizadas (al menos en la primera Circunscripción) por la Policía de Seguridad, y pasaron a la órbita de la Policía Judicial (Departamento de Policía Judicial, en aquel entonces).

¿Desaparecen los detectives?
El otro pilar sufre una suerte dispar. No se puede dejar pasar que en el proyecto se omite hablar de la actual Secretaría de Instrucción Operativa de la Dirección de Policía Judicial, que en su seno alberga al Centro de Investigaciones Criminales, en otras palabras, a los detectives de Policía Judicial.
Esta omisión hace pensar que los detectives desaparecerán, o que al menos perderán una necesaria jerarquización e impulso, ya que mientras que las restantes Secretarías (de Sumarios y Asuntos Judiciales, y Científica) logran el rango de Dirección General, de los detectives nada se dice.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico servirá para las investigaciones en el fuero de lucha contra el narcotráfico, y si bien resulta extraño que dentro del Ministerio Público Fiscal haya una fuerza de seguridad con marcadas funciones de prevención, disuasión y conjuración del delito, lo cual escapa a la primordial función de investigación del MPF, se debe poner en valor los artículos de ingreso y formación, y de la creación de una escuela para ello.
Igualmente, se podría haber avanzado en la creación de una verdadera fuerza de Investigación Judicial dentro de la Policía Judicial, tan necesaria para continuar con la “despolicialización” de la investigación penal judicial.

 ¿Profundización de la delegación prohibida de funciones?
Como en el caso de la Secretaría Científica, se eleva al nivel de Dirección General a la Secretaría de Sumarios y Asuntos Judiciales, donde se encuentran las Unidades Judiciales compuestas por Ayudantes Fiscales y Sumariantes (y policías de seguridad actuando como investigadores, rol propio de los detectives de Policía Judicial).
En el sistema penal cordobés, las Unidades Judiciales pueden ser vistas como ambulancias de urgencias (permítaseme utilizar esta analogía que se le ocurrió a un amigo, no para menospreciar su importante labor, si no para ilustrarlas de mejor manera): como tales, el personal con el que cuentan está compuesto por médico para emergencias, un enfermero y un chofer, y sólo pueden resolver situaciones de urgencia.

Pero en nuestro sistema penal, lamentablemente, se pretende que funcionen como hospitales (o sea, como fiscalías), pero como no lo son, terminan diagnosticando y hasta realizando delicadas intervenciones quirúrgicas (judiciales), con el consiguiente riesgo para los pacientes (damnificados, imputados, abogados, sociedad en general) de no ser tratados como el sistema constitucional republicano lo ordena.

El sistema de Unidades Judiciales se ha agotado; ha cumplido con su cometido de lograr la judicialización de la primera parte de la investigación penal, aunque lo haya logrado parcialmente. Por ello se hace necesario un cambio, una reconversión de éstas en nuevas “Fiscalías por territorios” y “Fiscalías especializadas”, con fiscales y nuevos funcionarios que finalmente bajarían de manera efectiva a los barrios, donde suceden los delitos, empapándose de la realidad que sucede en su ámbito territorial o material de actuación y eliminando un escalón en la línea persecutoria (del que deberían eliminarse varios), “pisando barro de ser necesario”.

Propuesta
Abierto el debate de reforma procesal penal, si en verdad se desea que la  Policía Judicial trabaje de acuerdo con el sistema constitucional republicano de derechos y garantías, se deberá modificar (dentro del marco de una mayor y necesaria reforma procesal penal), el CPP, la LOMPF, y su estructura orgánica  en ese sentido, debiendo ser repensada como formada únicamente por la  Policía Científica y de Detectives.

Las Unidades Judiciales de número y las Unidades Judiciales especializadas, se deben reconvertir en “Fiscalías por territorio y por materia” que deben actuar hasta en la etapa de juicio, debiendo seguirse pautas de desburocratización de la investigación penal, regulándose criterios de oportunidad y medidas alternativas de solución de conflictos que contemplen la mayor cantidad de casos reales, e implementando profundos cambios en los procedimientos internos de trabajo.

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