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Características de la ocupación y el amenazante riesgo del desempleo

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La tendencia de los últimos años es de pérdida generalizada en la calidad del empleo y la consiguiente reducción del trabajo estable, que aparece ampliamente superado por modalidades precarias que conspiran contra la productividad

 Por Salvador Treber

El trabajo en relación de dependencia constituye la modalidad más relevante y su evolución en los últimos años se ha convertido en un factor decisivo del retroceso relativo que ha habido. Debe tenerse en cuenta que los trabajadores activos ocupados en todas las modalidades ascienden a 18 millones de personas, de las cuales 72,1%, es decir 12,9 millones, es asalariado. A aquella cifra se deben sumar alrededor de 1,76 millón de desempleados que integran el mercado de trabajo. Éstos, que actualmente representan 9,8% de la población, registraron la máxima marca de los últimos años en 2010 cuando treparon a 11,4%. Desde entonces, en el bienio inmediato siguiente exhibieron una leve reducción que los circunscribía a 8,8% para finales de 2013; mientras en el trienio 2014/16 volvieron a crecer hasta llegar a 9,9% (1,783 millón).
Si se evalúa en términos reales en este último lapso se advierte que se ha perdido más de 10% de del poder adquisitivo de los argentinos, pero en el área del conurbano porteño la merma llegó a 17,3%. Es lógico que ello acentuó la indigencia y la pobreza en forma harto alarmante, muy especialmente en el colectivo de trabajadores “en negro” y en el de los subempleados.

También se exterioriza esa situación por la forma como se ha acrecentado el número de los que viven en “villas de emergencia”, que para mediados del presente año registran un incremento de 38,4% respecto a cinco años atrás. Estos datos oficiales son corroborados por el Observatorio de la Deuda Social (ODS-UCA), que se ha concentrado en medir dicha involución en los últimos seis años.
El director del ODS, en oportunidad de la presentación de los resultados de la investigación, ha enfatizado que “en líneas generales, los ingresos reales medios se muestran por debajo del costo de vida” durante todos los seis años sometidos a análisis. Si se analiza la remuneración horaria se advierte que igualmente ha habido una merma significativa. Por ello insiste en que “las condiciones de heterogeneidad en la estructura productiva y el funcionamiento segmentado del mercado de trabajo continuaron fragmentando las oportunidades de inclusión social”.
En cuanto a los programas sociales formalmente vigentes, ha habido maniobras oficiales para reducirlos, disminuyendo al mínimo la provisión de medicamentos. Obviamente, mucho peor es la situación de “tres de cada diez trabajadores que no tienen ninguna cobertura”. Ello se ha reflejado en el acortamiento de la extensión de la vida media, que para éstos se ha reducido en nada menos que 18 años. El sistema público de atención al que se ven obligados a recurrir es insuficiente y no asegura la atención debida. Los afectados se resignan a ello porque no tienen otra mejor alternativa, pero el esquema referido se torna cada vez más inaceptable.
Esta situación también se refleja en un notorio incremento de la precariedad laboral e incluso en el trabajo identificado como “por cuenta propia” que no figura en nominas legales. Los trabajadores “en blanco” y legalizados debidamente sólo integran 41,4% de los ocupados totales en relación de dependencia. En consecuencia, 58,6% es precario, sin ningún beneficio social y percibiendo remuneraciones muy inferiores a las mínimas legales vigentes. Este colectivo supera 10 millones y genera un virtual marco de plusvalía ilegal para los empresarios que utilizan tal modalidad en su exclusivo beneficio. Por supuesto que compiten, en condiciones muy desiguales, con quienes cumplen las normas y han copado una franja mayoritaria del mercado de bienes de consumo final.

Pobreza y servicios insuficientes
Los diversos programas sociales existentes hasta ahora no han logrado evitar el avance de la pobreza, que abarca 32,9% de las familias. Pero aún más preocupante es que la falta de aportes obligue a 34,2% del personal ocupado a recurrir por sí o por sus parientes a los hospitales públicos, al igual que 70% de los cuentapropistas y otros trabajos precarios. Algunos logran sobrevivir encarando miniemprendimientos, aunque actualmente están muy golpeados por el deterioro obligado en el nivel del consumo y el relativo incremento de los precios. La franja identificada como “clase media baja” sufre por su notoria vulnerabilidad ya que en alta medida ha pasado a constituirse en “nuevos pobres”.
Es casi dramática la situación de todos los grupos familiares que perciben menos de $14.500 mensuales, y actualmente está en esa situación el 54,6% del colectivo general, marcando la medida en que, en el transcurso del período 2013/16, cayeron en forma adicional -9,98%; con lo cual se aleja en -25,3% del salario básico legal. La falta de acuerdo en el Consejo del Salario, en el cual los empresarios ofrecieron un incremento de 20,3% subdividido en tres partes sucesivas aplicable hasta mediados de 2018, fue impugnado por los representantes de los trabajadores. En consecuencia, el Gobierno nacional se sintió con derecho a laudar mediante una resolución del Ministerio de Trabajo que fijó el incremento del salario mínimo, vital y móvil.

Existen dos formas para considerar este tema. La primera, sostenida por los representantes de los trabajadores que reclaman una reparación compensatoria del poder adquisitivo perdido hasta el momento de cada nueva resolución correctiva. Por tal causa pretendían fijar el salario mínimo, vital y móvil en $14.060 mensuales, reajustables hacia el futuro. Los empresarios, por su parte, han sostenido que los aumentos tienen por objeto compensar futuros incrementos y, de esa forma, fundamentan que el ajuste se perciba en varios trimestres o cuatrimestres. Obviamente, se trata de dos enfoques muy diferentes e irreconciliables.
Esta diferencia fue la zanjada por la autoridad pública federal que fijó el salario mínimo, vital y móvil para un trabajador en tres tramos que se extienden hasta julio de 2018. El primero desde julio pasado de $8.860; el segundo a partir de enero de 2018 en que será $9.500, y el tercero en julio del mismo año, de $10.000. Las cámaras empresariales se mostraron muy conformes pues virtualmente se han ratificado como vigentes sus planteos en claro perjuicio de los trabajadores.
Éstos se han mostrado contrarios y ofendidos aunque no dejan de temer que se acreciente la ola de despidos y ello frena la adopción de medidas de fuerza. Por supuesto, la notoria diferencia se traduce en la división por sus muy distantes puntos de vista de las diversas centrales gremiales. La resolución, además, sube 24% el seguro obligatorio de desempleo, también en tres tramos, de 3.297,6 pesos en julio, en enero de 2018 a $3.535,68 y el último en julio/2018 a 3.721,65 pesos. Mientras que en la CGT prima un clima dialoguista y evitan todo tipo de controversias, aun admitiendo que se  ha perjudicado a sus afiliados, en las dos CTA se muestran muy contrariados por lo resuelto por el Gobierno, al que tildan de “netamente patronalista”.

Otro laudo oficial después de 13 años
Cabe señalarse que esta vez ha sido la primera desde el año 2004 en que hubo que decidir unilateralmente pues en todas las oportunidades precedentes se llegó a sendos acuerdos de partes. El dirigente de una de las precitadas CTA explicó que en este caso basaron “El reclamo nuestro de $14.000 en esa cifra porque corresponde a la también la línea de pobreza fijada por el Indec para una familia tipo”. Sobre lo resuelto, explicó además que “la oferta de 20,3% está muy lejos de una economía irregular como la que estamos viviendo. Si por lo menos hubiesen planteado una cosa intermedia entre $14.600 y los $9.800, nosotros podríamos haber discutido con la posibilidad de incorporar, por lo menos, la cláusula gatillo”.
Sobre lo sucedido agregó que “Si el Gobierno fijó después unilateralmente el mismo salario mínimo que planteó el sector empresarial veremos que el laudo no es tan laudo sino que es a favor de quienes quieren dar este aumento irrisorio”. Por supuesto, no coincidió con el argumento de los empresarios que pretendieron -con éxito- se contemple que “el país no está bien porque la economía no está bien”, y se preguntó en tono angustiado pero muy enfático “¿cómo vivimos los trabajadores con eso?”. Anunció además que por las maniobras consumadas entre el Gobierno y los empresarios piensan encabezar protestas fuertemente reivindicativas.

Los sindicalistas no se han quedado callados y sus delegados han planteado la necesidad de corregir de inmediato lo actuado pues “aumenta el desempleo, la inflación no termina de bajar y el Gobierno ‘se la manda’ con cosas como la caída de las pensiones por invalidez”; todo lo cual calificaron de “intolerable”. Se advierte con alarma que nunca como ahora las deterioradas condiciones laborales que rigen facilitan la explotación masiva del personal en relación de dependencia. Admiten que se ha hecho habitual su rotación casi integral cada tres o cuatro meses en el colectivo más numeroso, que es el que desempeña tareas altamente calificadas.
Nadie se sorprendió por la falta de acuerdo y por la decisión gubernamental que, en los hechos, optó por favorecer abiertamente al “mundo empresarial”, pero resulta muy preocupante la forma en que se viene despidiendo masiva e impunemente personal en las áreas comercial e industrial; a punto tal que en abril ppdo. los prescindidos en esos 30 días treparon a 50 mil. La falta de respuesta y el inexplicable silencio que se advierte en el seno de la CGT y, muy especialmente, en el trío que ejerce su conducción, ha permitido actuar arbitrariamente en materia de despidos.
Se estima que para mitad del presente año, el número de prescindidos debe haber crecido hasta significar 11,5%; es decir +1,6% respecto a fin del año precedente. Dado que en igual lapso la remuneración mensual expresada a precios constantes cayó alrededor de -13,0%, no es de extrañar que la actividad en materia de comercialización minorista, muy especialmente alimentos y vestimenta, haya sido igualmente afectado.
En atención a que las diversas franjas (bajas y medias) que incluyen 70% de la población económicamente activa, en la pirámide distribucional son las que afrontan con mayor rigor las consecuencias de la recesión hasta ahora no superada, si no se adoptan eficaces medidas de reactivación en el corto plazo pueden llevar a una eclosión social que se debería evitar por todos los medios idóneos. Aunque, por el momento, en las esferas gubernamentales parecen vivir en el mejor de los mundos.

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