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Cine cordobés: retraso en la cadena de pagos y demoras de subsidios

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Es el impacto real y a corto plazo de la crisis que atraviesa la industria, luego del despido del presidente del Incaa. APAC defiende la autarquía del instituto y la representación federal en él. Pese a todo, el rubro tiene buenas expectativas en la provincia por la reglamentación de la Ley Audiovisual local

Por Laura Pantoja – [email protected]

La industria del cine argentino se encuentra en estado de alerta por las diferentes intervenciones que ha tenido el Gobierno nacional en el sector, que comenzaron la semana pasada cuando el ministro de Cultura le pidió la renuncia al hasta entonces presidente del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa), Alejandro Cacetta.
El  mayor “peligro” y el gran temor de la comunidad artística es que se produzca la intervención del Incaa y, con ella, la eliminación del impuesto de 10 por ciento que financia parte del Fondo de Fomento de Cine (FFC), por un lado; y por el otro, el pedido de administración por fuera, lo que conduciría a la pérdida de autarquía del organismo.
No obstante, esto no deja de ser momentáneamente sólo un potencial riesgo y una sospecha de los sectores críticos del Gobierno, en un contexto nacional en el que la política integral conduce a tejer “demasiadas hipótesis y  pocas certezas”, según opinó Mariano García, de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba (APAC).
Lo cierto es que, más allá de cómo se resuelva el conflicto que hoy moviliza al cuerpo artístico y de producción audiovisual de todo el país, inmediatamente y hasta que se regularice el normal funcionamiento del instituto, el impacto generará un freno en la cadena de pagos y una demora en la gestión de nuevos subsidios, según enfatizó García.

“El estado de alerta es general, pero aún no podemos aseverar los impactos negativos hasta no tener en claro las definiciones, si es cierto, que por el momento se demorarán las firmas de los pagos que estén pendientes, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de pagar a los participantes de los filmes que ya se están ejecutando”, agregó García.

Posturas
En este escenario, la comunidad cordobesa fija su postura, en la que como primera medida defiende la continuidad de la autarquía del Incaa que, como se recordará, se autofinancia mediante el  FFC con un impuesto que grava 10% toda entrada de cine que se vende en el país y con 25% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que en parte proviene de los derechos que pagan las radios y las televisoras para operar las señales.
En segundo lugar, los realizadores locales bregan por que se promueva una participación y representación federal en el instituto, en la que tengan voz y voto todas las regiones del país. Esto surge porque uno de los grandes temores ante la posible intervención es que los nuevos lineamientos de conducción y acción vayan en desmedro de la industria del cine y a favor de la industria de la televisión. Puntualmente, el riesgo es que busque repartir los fondos provenientes del cine a una mayor producción de  contenidos de radio y televisión.

Córdoba, bienaventurada
Hasta que se regularice la situación nacional, ésta podrá impactar a corto plazo en la producción audiovisual local, principalmente en la generación de mayores demoras de los envíos de nuevos subsidios. En el caso de Córdoba, el Gobierno provincial adelanta el dinero a la producción y, una vez que el Incaa lo devuelve, está apto para aprobar otra partida. “Por caso, para producir El Soldado Argentino necesitaron 1,5 millon de pesos y los entregaron en el año 2008; hasta que no esté devuelto, no habrá otra entrega”, ejemplificó García.
No obstante, los productores locales prefieren “separar” al escenario cordobés porque, a partir de la Ley Audiovisual que se apresta a su pronta reglamentación en el Boletín Oficial, se augura un gran crecimiento a partir de la inyección de 40 millones de pesos al sector.En este sentido, APAC se encuentra “muy agradecida” por el papel que está tomando el Ministerio de Industria de la Provincia, con el que trabajan en conjunto para conformar un consejo asesor que determinará de qué forma y bajo qué condiciones se invertirán los 40 millones de pesos en la industria local.
Aunque dependerá de cómo se distribuya el fondo, García comentó que se estima que durante el primer año de aplicación de la ley podrán generarse 3.500 puestos de trabajo estables, entre cuatro y seis películas, series de televisión y web y contenidos digitales.
“En los momentos pico de la industria del cine cordobés, con las políticas nacionales en pleno cumplimiento, se financiaron en Córdoba tres películas, cinco series de televisión y se dio trabajo a 3.500 personas de manera efectiva”, contó García, recordando lo sucedido en el año 2011.

Contexto
El  cine argentino es una marca reconocida en todo el mundo. Es, además, uno de los más prolíficos de la región. En 2016, se estrenaron 173 films, la mayoría con apoyo financiero del Incaa, ahora envuelto en una polémica desde que el miércoles pasado el Gobierno le pidió la renuncia a Cacetta.
El ministro de Cultura, Pablo Avelluto -del cual depende el Incaa-, le pidió la renuncia “debido a la necesidad de acelerar y profundizar los procesos de mejora administrativa en el Incaa”. Cacetta había asumido con la victoria de Mauricio Macri y con amplio consenso de la industria. Si bien en su comunicado Avelluto admitía su “compromiso” durante su gestión, al mismo tiempo pidió que la Oficina Anticorrupción investigue presuntas “inconsistencias en los gastos”.
La medida se tomó luego de que la noche anterior se emitió un informe que contenía “imprecisiones”, en el programa Animales sueltos, por canal América, sobre sospechas de corrupción e irregularidades en el instituto, por lo que muchos representantes del sector cinematográfico hablaron de “operación mediática”.

Defensores

Doscientos profesionales del cine argentino se concentraron ante la sede del Incaa para protestar contra el Gobierno por la salida del director de aquél y para pedir que se respeten sus vías de financiación.

El cine argentino es uno de los más prolíficos de la región: en 2016 se estrenaron 173 películas, la mayoría con apoyo financiero del Incaa.

Con el régimen actual, el Incaa se autofinancia a partir de dos herramientas clave: dos impuestos, uno de 10% a las entradas de cine y otro a los servicios de comunicación audiovisual, que obliga a los licenciatarios de señales públicas al pago de 0,5% de sus ingresos publicitarios, y representa 60% de los ingresos del instituto.

40 millones de pesos se repartirán en producciones locales a partir de la Ley de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de Córdoba Según estimaciones de APAC, esto puede permitir realizar por año unos 4 largometrajes, 4 series, 6 documentales (series, unitarios o largometrajes), 6 videojuegos y otros 10 contenidos audiovisuales.

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