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Salud mental: preocupación por los cambios que impulsa el Gobierno nacional

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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió los detalles de un proyecto que modifica la reglamentación de la ley que rige en el ámbito nacional. Distintas organizaciones evaluaron la iniciativa y le hicieron importantes críticas

Por Luz Saint-Phat - lsaintphat@comercioyjusticia.info

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió días pasados detalles de un proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657, que es impulsado impulsado por la Dirección Nacional de Salud Mental y plantea una modificación importante en la normativa vigente. Al respecto, el CELS señaló en su comunicado que “se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental que tuvo como marco aquella ley sancionada con grandes acuerdos y valorada como ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos”.
Además, enfatizó que “esta nueva reglamentación resulta una clara contradicción con los principios de esa ley y con los derechos y las directrices emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El proyecto, que se puede leer en el Expte. Min. Sal. 120020000024933166, prioriza un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad”.
En esta línea, el CELS advirtió de que la iniciativa modifica la concepción de salud mental, reinstala el manicomio, lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias y lesiona y reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad (https:// www.cels.org.ar/web/2017/11/ley-de-salud-mental-un-cambio-por-decreto-de-su-reglamentacion-elimina-la-perspectiva-de-derechos-humanos/). En torno a la difusión de este proyecto, distintas organizaciones y entidades vinculadas con el campo de la salud mental lo evaluaron y le realizaron profundas críticas.
“El tema principal es que este proyecto desnaturaliza el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental”, dijo Jaschele Burijovich, autoridad del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (CPPC) e integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. “Otro punto importante es que este proyecto se ha realizado a espaldas de los usuarios y de los protagonistas del sistema”, agregó Burijovich.

“Además, la actual Ley de Salud Mental -creada al abrigo de la perspectiva de Derechos Humanos- considera a las personas con sufrimientos psíquicos y no con trastornos mentales, lo cual implica de alguna manera una ‘etiqueta’ para que los sujetos puedan acceder a los servicios de salud mental”, dijo la representante del CPPC.
Por otro lado, Burijovich también mencionó que la iniciativa indica una vuelta a un modelo “hospitalocéntrico” y al “paradigma médico hegemónico”, en el cual cobran relevancia las instituciones manicomiales y se deja de lado el trabajo territorial y comunitario que se está realizando con los individuos que poseen padecimientos. “Creo que estas modificaciones que se plantean están en línea con otras transformaciones en el campo de la salud, como la Cobertura Universal de Salud (CUS), en la cual lo que se pondera es el recorte en el gasto y en el costo de la salud mental. Ahora ya no se trata de acceder al ‘derecho a la salud mental’ sino a ciertas prestaciones con aval científico, entendiendo este término de la manera más restringida posible”, dijo la integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.
Por su parte, la Asociación de Unidades Académicas de Psicología (Auapsi) también emitió un comunicado en el que indica “su más profunda preocupación y enérgico repudio a la posibilidad de modificación, por vía de un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657”.
Según indicó la entidad, el decreto “modifica la concepción de la salud mental considerada como un proceso multideterminado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y en su lugar reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales”.
“Es denostable además que en el artículo 13 del proyecto de decreto se alude al artículo 40 de la Ley Nº 17.132 (Reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas) promulgada durante la dictadura militar de (Juan Carlos) Onganía, en la que se establece como criterio que la dirección de los establecimientos asistenciales deberá estar a cargo de médico u odontólogo, con un claro retroceso para la profesión de la psicología”, agrega el escrito.
“El proyecto representa un retroceso gravísimo en lo concerniente al respeto de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental porque busca reinstalar el manicomio bajo la denominación de ‘hospitales especializados en psiquiatría y salud mental’, y además admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar ‘enfermos’, retrotrayéndose hacia un modelo tutelar de sustitución de la voluntad”, dice el texto de Auapsi.
“Creo que la cuestión más importante es que si se va a aprobar un nuevo decreto reglamentario, aunque esto esté dentro de las facultades del Ejecutivo, debe ser acorde al espíritu de la ley y tiene que tener la participación de quienes trabajamos en el campo de la salud mental y bregamos por una ley durante mucho tiempo”, dijo -por su parte- Claudia Torcomian, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
“Debemos tener en cuenta que durante años, los padecimientos psíquicos fueron abordados desde la concepción de locura, en la cual el manicomio era el lugar de los ‘locos’. Con la Ley de Salud Mental salimos de esa situación y se pudo abordar la salud psicológica desde múltiples variables y dejar atrás una lógica anterior que no daba las respuestas necesarias”, agregó Torcomian.

Legislatura de Córdoba
Ayer, la Legislatura de la Provincia de Córdoba -en sesión en la ciudad de Río Cuarto- aprobó una declaración en la que expresa la preocupación por el proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657.
La iniciativa fue presentada por los legisladores del bloque Córdoba Podemos Liliana Montero, Carmen Nebreda, Franco Saillen, Martín Fresneda y Vilma Chiappello. En tanto, también en la jornada de ayer se realizó una reunión sobre este tema en el CPPC, en la que participaron referentes de distintas organizaciones y colectivos del campo de la salud mental.