ESCUCHARAsí lo informó el fiscal general Adjunto, José Gómez Demmel. El ministro de Justicia, Luis
Angulo, se reunió con jueces y fiscales del fuero Penal Juvenil. La Senaf llamó a los empleados a volver a trabajar; y asevera que está garantizada la seguridad de los menores
Con 31 imputados y 19 guardias trasladados la situación en el Complejo Esperanza sigue siendo compleja y se encuentra en “pleno desarrollo”.
En este contexto es que en horas de la tarde de ayer, el ministro de Justicia, Luis Angulo, se reunió con jueces y fiscales del fuero Penal Juvenil y organismos de derechos humanos. Del encuentro también participó el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), José Piñero, y el fiscal general Adjunto de la provincia, José Gómez Demmel.
La reunión se extendió más de dos horas. A la salida, el titular de la Senaf aseveró que la seguridad de los jóvenes detenidos “está garantizada” y llamó a la reflexión a los guardias que protestan -entre otras cuestiones- por el cambio en el régimen horario .
Piñero admitió que “no tienen un vocero oficial” y anticipó que van a comenzar a sancionar a los guardias que no se presenten a trabajar; y aseguró que las visitas de los fam iliares – previstas para hoy- están garantizadas.
El único magistrado que dialogó con la prensa a la salida del encuentro fue el juez Penal Juvenil, José Gonzalez del Solar, quien calificó la situación como una “crisis profunda” que puede servir como un “punto de inflexión para ir hacia un sistema más eficaz”. Para el juez, el reclamo se reduce a una pequeña cantidad de guardias que no quiere sumarse a los cambios implementados.
Cabe recordar que los trabajadores piden que se retrotraiga la carga horaria -jornadas de 24 horas y 72 de descanso- ya que aseguran que el turno de 12 horas con un descanso de 36 es “nefasto”.
Imputaciones
Gomez Demmel, por su parte, advirtió de que suman 31 los guardias imputados. El viernes, la fiscal Eugenia Pérez Moreno los acusó de entorpecimiento del ingreso al predio y en ayer a tres de ellos se los imputó por la violación del artículo 158 del Código Penal, que refiere a aquella persona que impide trabajar a otros que si lo quisieren hacer.
Para la Justicia, oficialmente, no hubo una intervención, como denuncian los empleados, aunque sí “un plan de emergencia” en el que trabajadores del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) se hicieron cargo del control del predio.
«Dentro del complejo la situación está tranquila. A las 7 de hoy debía hacerse el cambio de guardias. Armamos un operativo de emergencia. Hemos cubierto todas las guardias por un equipo encabezado por el director de cada unos de los institutos y personal penitenciario», explicó Piñero.
«En cuanto aquellos empleados que no están cumpliendo con sus obligaciones, vamos a actuar en consecuencia», aseguró, e insistió: «Aquí hay empleados que lamentablemente no vinieron a trabajar a pesar de las intimaciones y tendremos que tomar las medidas administrativas que corresponden, que puede llegar -incluso- a poner una causal de cesantía».
Respecto del cambio del régimen horario, dijo: «No hay ninguna forma de modificarlo. El horario se va a mantener».
