Un error de prohibición motivó el sobreseimiento

En la causa no se pudo desvirtuar el descargo del imputado, quien aseguró que actuó en la falsa creencia de que estaba autorizado para exhibir y vender películas en la vía pública. [privado] Por mayoría, la Sala I de la Cámara del Crimen porteña revocó el procesamiento de un hombre por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. La causa se inició luego de que el encartado fuera encontrado vendiendo en la calle películas no originales en formato DVD, sin la debida autorización de sus autores o derechohabientes. En primera instancia el juez lo procesó por la figura prevista en el artículo 72, inciso a, de la ley 11723, y la medida fue apelada por la defensa. La alzada, con el voto de los jueces Mauro Divito y Rodolfo Pociello Argerich, hizo lugar al recurso, revocó el procesamiento y sobreseyó a L.M. Origen Pociello Argerich sostuvo que no pudo desvirtuarse el descargo del imputado, quien aseguró que actuó en la falsa creencia de que estaba autorizado para exhibir y vender el material en cuestión, tal como ocurre en su país de origen, en donde la venta ambulante es aceptada. Por su parte, Divito explicó que el imputado actuó motivado en un error de prohibición invencible y destacó que no tiene ni ha tenido otras causas por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. En esa línea, recordó que adquirió libremente las cosas que luego intentó vender en la feria “La Salada”, que funciona desde hace años en un predio de acceso público, sin objeciones de las autoridades y a la vista de todos, y entendió que no era dable exigirle que asumiera que el hecho de venderlas en forma ambulante -como hacen muchos otros- podría infringir la ley penal. Culpabilidad “En este punto, parece importante recordar que, de acuerdo con lo que establece el artículo 34, inciso 1, del Código Penal, la culpabilidad no se conforma con la posibilidad de conocer la antijuridicidad de la acción que se realiza, sino que es menester que el autor pueda comprender su criminalidad”, plasmó Divito. Además, el juez detalló que la doctrina ha destacado que en nuestra legislación no basta el conocimiento de la contrariedad del acto con el derecho, sino que también se requiere que el agente sepa que esa contrariedad está tipificada penalmente; es decir que se trata de antijuridicidad con relevancia penal. En tanto, en minoría, el vocal Jorge Rimondi indicó que correspondía confirmar el procesamiento apelado y señaló que la conducta del imputado no estaba justificada en un estado de necesidad, tal como argumentó la defensa. Así, no advirtió la existencia de la necesidad de causar el mal reprochado para evitar otro mayor inminente sino que, por el contrario, valoró que el accionar en análisis aparecía como la forma de la que se valió el L.M. para mejorar su economía, a costa del trabajo de los autores damnificados. [/privado]

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