ESCUCHARCasi 300 imputados están siendo juzgados por más de 2.400 hechos ocurridos durante la última dictadura. Aunque creció el número de los detenidos, se estancó el de las condenas firmes.
Unos 298 imputados por crímenes de lesa humanidad se encuentran transitando la etapa de juicio en todo el país por un total de 2.408 hechos que son juzgados en el marco de 16 juicios -catorce orales y dos escritos-, que tramitan en diez jurisdicciones federales. Ese recorte de la situación actual de los procesos judiciales por crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado ocurre en el contexto en el que hay 1.128 personas procesadas por ese tipo de delitos, de las cuales más de la mitad (605) cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 195 tienen una o más causas en las que la fiscalía formuló el requerimiento de elevación a juicio.
Los números corresponden a la actualización de las estadísticas que realiza periódicamente la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con base en los reportes que le remiten los fiscales federales del país que intervienen en este tipo de procesos.
El mismo informe indica que desde la recuperación del Estado de Derecho, en 1983, la cantidad de condenados por crímenes durante la última dictadura cívico-militar asciende a 529 -varios recibieron más de una condena- y el número de absueltos es de 56. Entre tanto, sólo 114 condenas se encuentran firmes, que comprenden a 108 personas juzgadas en 51 procesos. “Buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década de 1980 y casos de apropiación de menores”, indica el trabajo de la Procuraduría a cargo del fiscal General Jorge Auat, con la coordinación de Carolina Varsky.
Desde el denominado juicio a las juntas hasta hoy, se celebraron en todo el país 129 juicios, de los cuales 114 “se han realizado a partir de 2004”, tras la caída judicial y legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El año pasado concluyeron 24 juicios y, en lo que va de 2014, culminaron siete.
En tanto, para la segunda parte del año en curso se encuentran programados los comienzos de otro siete procesos, que involucran la responsabilidad de 21 personas en 101 casos. Ese número es indicativo y podrá ampliarse o reducirse, en función del arribo de nuevas causas a juicio, de suspensiones o de la fijación de audiencia en expedientes que aguardan su turno para ser tratados en debate en la sede de diferentes tribunales orales.
Por otra parte, diez personas de las 605 que cuentan con una o más causas elevadas a juicio fueron apartadas por “incapacidad sobreviniente” (problemas de salud) y cinco se encuentran prófugas.
La mayoría, en cárcel común
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también precisó que actualmente hay 1.017 personas detenidas, de las cuales 62 por ciento cumple prisión en unidades carcelarias; 36,2 % lo hace en detención domiciliaria; 1,20%, en dependencias de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y 0,6 por ciento, en hospitales.
El mencionado organismo del Ministerio Público Fiscal resaltó al respecto “el aumento en términos absolutos de personas detenidas, ya que éstas eran 593, 813 y 927 en los meses de diciembre de 2011, 2012 y 2013, respectivamente”. Asimismo, ponderó que en la actualidad “no se verifica la presencia de detenidos en dependencias a cargo de personal militar”.
En este último informe, la Procuraduría a cargo del fiscal Auat incorporó datos relativos a los prófugos por crímenes de lesa humanidad y efectuó una desagregación por variables que les otorga mayor precisión a las cifras totales.
De esta forma, se puntualiza que actualmente se encuentran técnicamente prófugas 61 personas, mientras que otras cuatro están en proceso de extradición; en otros dos casos la extradición fue denegada, hay otras “dos localizadas que aún no han sido extraditadas y seis que se encuentran cumpliendo condena en Uruguay, cuyas extradiciones se concretarán una vez que éstas sean cumplidas”. En total, se trata de 75 personas que no están a disposición de los jueces que reclaman juzgarlas.
