Revocan condena por lesiones leves agravadas

La alzada enfatizó que la mujer habló en el juicio y asumió parte de la responsabilidad por los sucesos que llevaron al pleito y que tomó medidas para que el caso no llegara a debate oral. [privado] En un caso enmarcado como violencia de género, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Junín, provincia de Buenos Aires, hizo lugar al recurso de la defensa de S. I., condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo, y revocó el fallo. El tribual resaltó que el a quo sólo tuvo en cuenta el punto de vista del fiscal, pese a que la denunciante agredida por su pareja manifestó su voluntad de desistir de su primera pretensión, y recordó que las acciones privadas deben ser expresamente instadas por la presunta víctima o su representante. Así, reseñó que el juez de grado consideró correcto privilegiar lo que entendió como el “derecho de la damnificada a ser protegida en su condición de mujer” y que, para ello, tomó en cuenta diversos sucesos que ocurrieron entre las partes, enfrentadas por la tenencia de sus hijos antes del juicio. En esa dirección, detalló que al hablar en el juicio la mujer asumió parte de la responsabilidad por lo sucedido y que exteriorizó su voluntad de que el imputado no fuera condenado, aclarando que intentó que el caso no llegara a debate oral. “Es absurdo que se produjera tamaño dispendio jurisdiccional por un conflicto que debería haber sido remediado con anterioridad”, enfatizó la Cámara. Además, subrayó que el magistrado inferior reconoció que la víctima había autorizado al recurrente a tener contacto con ella por sobre la orden judicial que lo prohibía, valorando que esa actitud era un “indicador elocuente” de que primó siempre en ella una voluntad conciliatoria, no de persecución. Paralelamente, indicó que el artículo 72, inciso 2, del Código Penal dispone que la acción procederá de oficio cuando las lesiones se vinculen con razones de seguridad o interés público, acotando que si bien una interpretación posible de la norma parte de evitar el daño causado por el “strepitus fori”, ése no es el único fundamento para exigir la instancia privada. “Que el delito de lesiones leves lo requiera obedece a la necesidad de descomprimir la saturación que padecen los tribunales por el incremento constante de causas sometidas a juzgamiento; sobre todo, cuando se trata de infracciones de poca entidad que afectan mínimamente la convivencia social”, enfatizó. Razones Así, entendió que en el proceso no se dieron razones de seguridad pública - entendida como seguridad común o, de manera más amplia, como resguardo o protección de la colectividad- ni de interés público -como interés jurídico del Estado en su rol de protector de las instituciones-. “Nada ha dicho sobre el tema la Fiscalía, salvo una alusión al carácter de agente penitenciario de S. I., pero sin justificar de qué manera tal ocupación comprometela seguridad o el interés público”, explicó la Cámara, acotando que tampoco el a quo se refirió al tema. Finalmente, plasmó que los hechos, que ocurrieron en un ámbito privado, no debieron trascender la esfera de un mero conflicto en el matrimonio. [/privado]

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