ESCUCHARElecta hace cinco meses, Gabriela Vásquez, presidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, hace un balance de sus primeros meses en el cuerpo y se refirió a la polémica acordada de la Cámara Federal por el edificio de los Tribunales Federales. También opinó sobre los recursos que la Corte Suprema recibe por Tasa de Justicia y “no coparticipa”.
En noviembre del año pasado, por primera vez una mujer fue electa para presidir el Consejo de la Magistratura de la Nación. Hay quienes la tildan de “la jueza de justicia legítima” o la “magistrada cercana a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Lo cierto es que esta camarista del fuero Laboral porteño se impuso en las elecciones al juez de la Cámara de Casación Penal, Luis María Cabral, y reemplazó así al cordobés Alejandro Sánchez Freytes.
Según Vásquez, recibió un organismo que carecía de fondos, con problemas en las contrataciones, obras de infraestructura demoradas o paradas, una considerable cantidad de denuncias contra colegas sin resolución y retrasos para cubrir vacantes. En ese contexto, tomó algunas decisiones que generaron polémica. Cambió al histórico administrador del Consejo, Germán Krieger, por uno de su confianza; avaló la designación de secretarios en cargos vacantes y apoyó con su voto la sanción del juez Claudio Bonadio, lo que le costó las críticas de mucho de sus pares. En diálogo con Comercio y Justicia la camarista hizo un balance de su gestión y adelantó qué ocurrirá en Córdoba con el abarrotado edificio de Tribunales Federales.
-¿Qué balance hace de su gestión a cinco meses de haber asumido?
– Asumí el pasado 18 de noviembre; en estos meses hemos estado trabajando mucho para poner en marcha este Consejo que estaba prácticamente paralizado. Mi balance es positivo, estamos avanzando para cumplir con las tres funciones que tiene el Consejo de la Magistratura: la selección, la aplicación de sanciones disciplinarias y la administración de recursos. En lo que a selección se refiere ya hemos conformado todos los jurados encargados de llevar adelante los concursos que se están realizando en todo el país, incluso en el interior que exige viajar a los jurados y por los inconvenientes que hemos tenido la semana pasada hicimos algunos cambios porque lo que nos pasaba es que cuando llegábamos a tomar un concurso resulta que de 150 inscriptos se presentaban 30 y el Consejo había traslado 150 computadoras y realizado gastos para esa cantidad de gente que luego no iba, entonces ahora lo que hacemos es obligar a los concursantes a confirmar su participación en la evaluación.
Más allá de esto, lo que tengo para decir es que estamos trabajando para agilizar los concursos y para evitar las vacantes en la justicia, tratar de que estos cargos se subroguen con secretarios porque no podemos esperar; hay fueros que son muy sensibles: en los juzgados de Familia y del Trabajo no se puede trabajar eficazmente si no se cubren las vacantes provisoriamente hasta que concluyan los concursos. Cuando asumí, 25 por ciento de los cargos en el Poder Judicial estaba vacante y eso es lo que queremos cambiar.
También estamos trabajando mucho en otra de las tareas que le son propias al Consejo, son las sanciones disciplinarias; cuando asumí, había 130 denuncias frenadas con lo que esto significa para los jueces. Paralelamente, también estamos haciendo muchas cosas en la escuela judicial; ahora, precisamente, estamos avanzando con los cursos de actualización del Código Civil y Comercial y Procesal Penal.
-¿Y cuál es la situación en materia de infraestructura? ¿Su gestión cambió el administrador, esto ayudó en algo?
– Bien, a mi juicio, sí, había muchos expedientes parados tanto en la Capital Federal como en el interior del país.
– ¿Y qué pasará con Córdoba? hubo una acordada de la Cámara Federal pidiendo a defensores y fiscales que dejen el edificio.
– Este problema que tiene Córdoba lo tienen también otras provincias, es un problema que viene de arrastre cuando se modificó la Constitución Nacional en 1994. En rigor de verdad, ni los defensores ni los fiscales son “ocupas” de los tribunales, ellos tienen derechos y se los debe compensar de alguna manera, es como una especie de sociedad conyugal. Nosotros ya estamos trabajando para hacer un acuerdo marco, tenemos que procurar que haya una “repartija equitativa”. Igual hay que decir que la Cámara Federal nunca pidió el desalojo, fue una manifestación de preocupación. De cualquier manera, estoy al tanto de que la Procuración de la Nación ya está buscando un edificio para trasladar a los fiscales cordobeses y la Defensoría hará lo propio.
– Cuando asumió dijo que no permitirá que se “cuelen” al Consejo cuestiones partidarias, parece más una expresión de deseo que algo que en la práctica puede ocurrir.
– La politización es inevitable por su propia integración, no hay que olvidarse que tenemos integrantes que provienen del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, entonces es difícil que ello no ocurra, pero lo que sí he procurado es limar asperezas para que el Consejo quede lo más inmune posible a las campañas electorales, para que no entorpezcan las actividades esenciales del organismo.
– Siguiendo su razonamiento, ¿cree que debería modificarse la composición del Consejo?
– Yo siempre he bregado por mayor participación de los magistrados, pero es mi opinión; otros sostienen que la participación de los estamentos del Poder Legislativo permiten más representación de la ciudadanía porque los legisladores son elegidos por la gente y los jueces, no. En fin, cada cual tiene sus fundamentos.
– ¿La discusión por los recursos también se “coló” en este Consejo de la Magistratura?¿le faltan recursos económicos a este Cuerpo?
– Los recursos siempre son escasos, ocurre que en el Presupuesto nacional la Justicia recibe 3,5 % pero ahí hay dos ítemes -la Corte Suprema recibe 0,57% y el Consejo de la Magistratura, 2,93%, pero después hay otra fuente de ingreso que es la Tasa de Justicia que administra exclusivamente la Corte y es una parte muy sustancial que le permite estar en superávit mientras que al Consejo de la Magistratura el dinero para pagar sueldos le alcanza hasta agosto. Debería pensarse en una distribución más equitativa.
– Le queda todavía mucho tiempo en este cuerpo, ¿cuál es su meta de aquí a cuatro años?
– Sin dudas tenemos mucho por hacer, quiero hacer salir de la parálisis a este cuerpo y que cuando me vaya ya no tengamos 25 % de vacantes en el Poder Judicial, por ejemplo.
