Quería enriquecerse sin causa con los alquileres

La propietaria demandó al inquilino aduciendo que se le adeudaban cánones locativos por un período en que ya el sinalagma entre las partes había quedado sin efecto. [privado] Si bien en primera instancia se hizo lugar a la demanda por cobro de alquileres, la Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba revocó lo resuelto y ordenó el rechazo de la acción, luego de ponderar que en la causa se recabó la absolución de posiciones de la locadora, por la cual reconoció que el contrato de arrendamiento de la vivienda ya se encontraba rescindido antes de que se devengaran los cánones relativos a los períodos reclamados. El tribunal de apelación consideró que la actitud de la propietaria de la casa reveló “una reprobable intención de enriquecimiento sin causa”, que ameritaría “sancionar a la demandante (…) si no fuera porque la amplitud del derecho de defensa permite suponer que una argumentación de esta clase pueda realizarse de buena fe”. En el libelo inaugural, la accionante aseguró que se le adeudaban las mercedes locativas devengadas hasta septiembre de 2007 y, pese a que luego se receptó la prueba confesional en la cual reconoció que en realidad la locación estaba rescindida desde marzo de 2006, el juzgado de origen acogió la demanda. Los locatarios apelaron y la referida Cámara, integrada por Guillermo Tinti -autor del voto-, Julio Sánchez Torres y Leonardo González Zamar, hizo lugar al remedio impugnativo interpuesto y dispuso desestimar la demanda, en virtud de la absolución de posiciones en la cual la accionante confesó que el sinalagma no se hallaba vigente en los meses cuyos alquileres se reclamaron. Especial naturaleza En sus fundamentos, el órgano de alzada recordó que, si bien “es claro que la especial naturaleza ejecutiva del título (crédito por alquileres) trae aparejada (…) la limitación del elenco de excepciones articulables; las que por imperio de lo normado en el artículo 547 del Código de procedimiento Civil y Comercial no pueden versar sobre cuestión alguna que importe adentrarse en la causa de la obligación”, al mismo tiempo “la mentada regla ha sido flexibilizada por vía pretoria en supuestos de inexistencia de la obligación”, como ocurre en este caso. Así, el pronunciamiento estableció que “hay una sobreactuación” en la conducta argumentativa llevada a cabo por la demandante “porque debe partirse de que es falso que la locación se mantuvo como decía el contrato hasta setiembre del año 2007 y que por consiguiente –reconocida por el actor la extinción del contrato- no hay deuda alguna por precio de la locación, sino, en todo caso, una reprobable intención de enriquecimiento sin causa”. Y agregó el decisorio: “hay, además, una manifiesta incoherencia en sus argumentos, rayana en una falta de conducta” y “si no fuera porque la amplitud del derecho de defensa permite suponer que una argumentación de esta clase pueda realizarse de buena fe, lo que habría que hacer, además de admitir el recurso, es sancionar a la demandante”. Autos: Godoy c/Heredia

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