ESCUCHAREl diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega presentó un proyecto de ley modificatoria del Código Penal que tiene por objetivo luchar contra la corrupción. Lo hizo junto con su par Laura Sesma, el presidente de la Asociación de Magistrados,Víctor María Vélez, y el juez Federal Alejandro Sánchez Freytes, en la sede del Colegio de Abogados de esta capital.
La iniciativa de Vega, que ya fue presentada en el Congreso de la Nación, prevé redefinir las figuras “función pública” y “funcionario público”, haciéndolas extensivas a todos aquellos que, aun cuando “no expresen o ejecuten la voluntad del Estado ni lo representen”, presten un servicio vinculado con el ejercicio de la función pública. Dicho en otras palabras, la modificación preve “atrapar penalmente” bajo el término funcionario público, por ejemplo, a los directivos de las empresas concesionarias de obras y servicios del Estado.
Asimismo, la norma pretende definir los actos de corrupción siguiendo los lineamientos de la Convención de Caracas y elevar los mínimos y los máximos penales de este tipo de casos, con un piso punitivo de 3 años y 6 meses.
“La desactualizada terminología del Código actual y una desactualizada interpretación doctrinaria del término funcionario y función pública es hoy causa de la impotencia del Estado argentino en el ejercicio de su capacidad penal persecutoria en el ámbito de la corrupción”, expresó el diputado.
A criterio de Vega, el Código Penal actual no contiene tipos legales precisos que criminalicen la corrupción, razón por la cual la persecución penal de los actos de corrupción se hace con tipos penales “análogos” con todas las debilidades interpretativas que ello implica.
Durante su exposición, Vega dejó claro que la sanción de esta ley dependerá de la voluntad política de quienes forman parte de la clase dirigente. Paralelamente, agregó que la norma por sí sola “no traerá soluciones mágicas ni inmediatas a un fenómeno que es endémico y centralmente cultural”.
Limitaciones
Para el presidente de la Asociación de Magistrados, si bien la introducción de estas modificaciones implicaría un gran avance, advirtió que por sí sola no resolverá el problema de la corrupción. Según señaló Vélez, es fundamental que la Justicia cuente con las herramientas para poder investigar este tipo de delitos. En tal sentido, remarcó la importancia de contar, por ejemplo, con oficinas técnicas independientes que permitan investigar los hechos de corrupción.
“Para erradicar la corrupción no sólo basta con ampliar el espectro de conductas y elevar el monto de la penas, sino que es preciso responder con una adecuada política de prevención y con eficientes sistemas de persecución que impliquen la creación de organismos adecuados que permitan evitar estas conductas y reunir las pruebas de culpabilidad necesarias y que sean independientes del poder político. Es ahí donde los esfuerzos deben concentrarse, porque si no se lleva los sospechosos a juicio penal, de nada van a servir las reformas propuestas”, sentenció.
A su turno, Sánchez Freytes, que también repaldó la iniciativa, opinó que la reforma propiciada “gana en claridad y despeja las dudas en doctrina penal acerc
