Procede pena por tráfico aunque la droga tenga poco principio activo

El TSJ ratificó la pena dictada contra una pareja que se valía de su hijo menor para comerciar estupefacientes. Se trata de la primera sentencia sobre el tema dictada por el Alto Cuerpo desde que se estableció el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Poder Judicial, que funciona desde diciembre de 2012. [privado] El TSJ ratificó la pena que le impuso la Cámara del Crimen de 3ª Nominación a un matrimonio que se servía de su hijo menor de edad para vender estupefacientes en un “kiosco” que tenían montado en el barrio Ciudad de Mis Sueños. La sentencia que rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de los encartados es la primera que dicta el Alto Cuerpo desde que se estableció el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Poder Judicial de Córdoba, que funciona desde diciembre de 2012. En su decisorio, el Alto Tribunal estableció que el concepto de “dosis umbral”, entendido como el supuesto límite toxicológico a partir del cual determinadas sustancias afectan las funciones físicas y psíquicas, no constituye un criterio indiscutible desde el punto de vista científico. Por ende, determinó que mientras la droga ilegal conserve su naturaleza y calidad, aun cuando la venta sea en pequeñas dosis, se pone en peligro la salud pública, como se constató en el caso. “Corte” El TSJ insistió en que, en la causa, la baja concentración del principio activo de la cocaína detectado en las muestras analizadas, no obstante no excluir su aptitud tóxica, se correspondía con la modalidad del comercio minorista de sustancias ilegales, que parte de mezclar el estupefaciente de mejor calidad con otras sustancias de similares características externas (“de corte”) para aumentar su volumen, fraccionándolo en pequeñas dosis individuales de baja pureza, pero suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas del consumidor que requiere, cada vez con mayor frecuencia, una nueva adquisición. “La estrategia comercial, especialmente en ámbitos socioeconómicos como el que se presenta en el caso, apunta a la alta rotación de un producto de bajo costo pero no inocuo, y su distribución a terceros indeterminados lleva ínsita la afectación al bien jurídico de que se trata (salud pública)”, resaltó. Al rechazar el planteo recursivo de la defensa de la pareja, la Sala Penal avaló la pena de seis años y seis meses de prisión (más una multa de 400 pesos), por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. Respecto del menor, consideró que correspondía reencuadrar jurídicamente su accionar en la figura de comercialización de estupefacientes y dispuso la remisión de las actuaciones al Juzgado Penal Juvenil de 7ª Nominación. Recalificación Para disponer esa recalificación legal de los hechos presuntamente cometidos por el joven, el tribunal argumentó que “el comercio de estupefacientes abarca los tramos anteriores de la cadena de narcotráfico (tenencia con fines de comercialización y actos individuales de comercio, suministro, entrega o facilitación a título oneroso), en la medida en que, por lo común, se trata de “una sola unidad delictiva; ello así, dado que “los actos individuales de compra, venta y la posesión de estupefacientes -considerada como un acto preparatorio- implican una única conducta que queda comprendida por el delito de comercio”. El Alto Cuerpo también rechazó, por inadmisible, el planteo de inconstitucionalidad del monto mínimo de la pena aplicable, articulado por el abogado de los imputados, al valorar que la a quo ya se había pronunciado sobre la cuestión, precisando que si la defensa pretendía insistir con su planteo debía hacerlo por medio de la vía idónea para ello: un recurso de inconstitucionalidad. Ánimo de lucro La causa se inició la noche del 12 de diciembre de 2012, cuando una persona mayor de edad fue aprehendida luego de haber comprado cocaína por 50 pesos en un “kiosco” instalado en Ciudad de Mis Sueños. De acuerdo con el TSJ, si bien a la transacción la concretó el menor de la familia, con ánimo de lucro, del cuadro probatorio surgía que se trataba de una actividad que era desarrollada con habitualidad por él y por todos los integrantes del núcleo familiar, de manera conjunta e indistinta. Según las magistradas Aída Tarditti, Mercedes Blanc de Arabel y María Marta Cáceres de Bollati, respecto de los padres, la agravante prevista operaba ya que emplearon a un menor en la comisión del hecho. “Habiéndose acreditado que el estupefaciente secuestrado se encontraba a disposición conjunta de los tres imputados y teniendo en cuenta que C. y G., en su calidad de padres y responsables del hogar, fueron quienes introdujeron a H. en la actividad ilícita que se le endilga, no cabe sino concluir que se sirvieron de él para cometer el ilícito”, concluyeron. [/privado]

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