ESCUCHAREn el marco de la cuarta ronda de consultas sobre la gestión de la cuestionada jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, Julio Piumato, secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), se presentó ante la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público y emitió duros conceptos en contra de la funcionaria.
Según el sindicalista, por mandato del anterior gobierno, la procuradora general “transformó el Ministerio Público Fiscal en una agencia del Poder Ejecutivo nacional”.
En la misma dirección, aseguró que “distorsionó en forma absoluta el funcionamiento del Ministerio Público” y apuntó a la “falta de transparencia” en la realización de concursos de fiscales.
Concursos
Al hablar ante la bicameral, dijo que -teniendo en cuenta que la Procuración es unipersonal,-el éxito los futuros concursos “depende del decoro, la ética y el apego a la transparencia” de quien conduzca el organismo.
En ese sentido, Piumato sugirió que en caso de que se sancione una nueva ley del Ministerio Público Fiscal deberían modificarse los criterios de selección, a fin de “asimilarlos a una forma más transparente”, como existe en el Consejo de la Magistratura.
El secretario de la UEJN acusó a Gils Carbó de nombrar a “militantes” y resaltó que durante su gestión “aumentó un 35 por ciento” el personal del organismo; en especial, en cargos relevantes.
Además, calificó como “escandalosas” las sospechosas operaciones inmobiliarias que la procuradora realizó. La fundadora de Justicia Legítima, el grupo integrado por jueces y fiscales afines al gobierno anterior, viene acumulando acusaciones.
Fue cuestionada por la sanción de un reglamento que habilitaba a nombrar fiscales «a dedo», ya que podía elegir a los jurados. La modalidad fue declarada inconstitucional por la Justicia federal.
También se le reprocha haber instruido a sus subordinados para que beneficiaran a funcionarios kirchneristas comprometidos en causas de corrupción.
Uno de los casos a los que apuntan quienes reclaman que la funcionaria sea enjuiciada políticamente es el del fiscal cordobés Carlos Gonella, procesado por prevaricato, por no investigar al empresario Lázaro Báez en los primeros pasos de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en abril del 2013.
En mayo, la Sala II de la Cámara Federal reclamó que el ex titular de la fiscalía antilavado durante el kirchnerismo sea juzgado pronto. En esa oportunidad, confirmó la nulidad del dictamen del fiscal Juan Pedro Zoni, que había propuesto el sobreseimiento de su colega y compañero de militancia en Justicia Legítima, y manifestó su inquietud por el hecho de que Gonella, pese a su incriminación, sigue desempeñándose como fiscal.
Gonella renunció a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) poco tiempo después de la detención de Báez y fue reemplazado por el también cordobés Gabriel Pérez Barberá, ex integrante de la Cámara de Acusación.
