Penados pueden negarse al tratamiento médico

El juez de Ejecución Penal Gustavo Arocena recordó que el deber estatal de preservar la salud del interno presupone necesidades de auxilio surgidas de la especial situación en que se encuentra y que, por ello, debe ser visto desde una perspectiva garantista, en función de la cual no pueden imponerse prestaciones contra la voluntad del paciente. [privado] El juez de Ejecución Penal Gustavo Arocena declaró la inconstitucional el artículo 4, inciso h, del anexo I del decreto provincial 344/08 y revocó la sanción disciplinaria que la autoridad penitenciaria le impuso a la interna recurrente, N.G., por haberse negado a recibir el tratamiento médico que se le indicó. En su momento, los galenos le prescribieron a la mujer curaciones en el rostro, ya que presentaba autolesiones. N.G. no accedió y por ello se le aplicaron dos días de suspensión o restricción parcial de los derechos reglamentarios de comunicaciones de visitas y correspondencia, y total de los recreos individuales o en grupo, participación en actividades recreativas, culturales y deportivas, adquisición o recepción de artículos de uso y consumo personal, de diarios o revistas y acceso a los medios de comunicación. En su fallo, teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha admitido la declaración de inconstitucionalidad de oficio, y sin ingresar al análisis del agravio que la quejosa consignó en su planteo, el magistrado declaró inválida la citada norma por reputarla conculcatoria del derecho a la privacidad que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional. Vigencia Tras recordar que el artículo 2 de la ley nacional 24660 prescribe que el penado “podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone”, Arocena enfatizó que la disposición establece expresamente la vigencia del citado principio en el ámbito de la ejecución de la pena privativa de la libertad, receptando, en sede de ejecución penitenciaria, la máxima según la cual ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. “El tipo disciplinario del artículo 4, inciso h, del anexo I del decreto provincial 344/08 reprocha, a título de falta media, al recluso que se negare injustificadamente a recibir el tratamiento médico indicado”, consignó el sentenciante, quien determinó que no hay razones que justifiquen una injerencia estatal en el ámbito de intimidad los penados. “La conducta del recluso que, en ejercicio de su derecho a configurar su propio plan de vida, se niega a recibir un concreto tratamiento médico, no lesiona ni pone en riesgo ningún interés positivamente valorado distinto de su propia vida o integridad física, y estos bienes lo tienen a él como exclusivo titular, lo que le permite preservar su vida y su salud o no hacerlo, siempre que ello no perjudique a otras personas”, enfatizó. Lesividad En tanto, argumentó que no puede afirmarse que el interno que así procede conculca o pone en riesgo el interés relativo a la ordenada y segura vida en prisión, pues es un comportamiento que en términos claros involucra exclusivamente intereses de los que es único titular el recluso. “Hay que decir, por otro lado, que una manda legal como la que nos ocupa resulta igualmente vulneratoria del principio de lesividad que, con el fin de evitar groseras disfuncionalidades con los derechos humanos, exige un derecho personalista que esté al servicio de la persona, entendida como ente que, por ser humano, está dotado de conciencia moral -ente autodeterminable capaz de decidir sobre lo buena y lo malo”, acotó Arocena. En esa inteligencia, resaltó que como consecuencia de aquél, “mientras no hay una lesión no hay un conflicto, y mientras no hay un conflicto no puede haber un delito o una infracción disciplinaria, por lo que sería absurdo que el poder punitivo pretenda entrometerse”. Degradante Además, señalo que el deber estatal de preservar la salud del interno presupone necesidades de auxilio médico surgidas de la especial situación en que se encuentra y que, por ello, debe ser visto desde una perspectiva garantista, en función de la cual aparezca como un deber del Estado ofrecer prestaciones sanitarias pero sin facultad de imponerlas contra la voluntad del paciente. “Súmase a esto que el hecho de reprochar disciplinariamente al interno que no se allana a recibir asistencia médica convierte esta última actividad una conducta obligatoria, y esto no sólo resulta violatorio del derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, sino que importa un sometimiento a un trato inhumano y degradante”, añadió el magistrado. [/privado]

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