Niegan probation en caso por presunto cohecho

Por segunda vez, la Sala Penal del TSJ confirmó que el beneficio no es procedente para el abogado involucrado en el proceso y destacó que hay sobrados argumentos vinculados con razones de política criminal, ligadas con los efectos de las conductas corruptoras en el ámbito de la función pública. [privado] En la causa caratulada “Juárez, marcos y otro p.ss.aa. cohecho activo agravado”, la Sala Penal del TSJ rechazó la casación presentada por la defensa del imputado Carlos Morelli en contra de lo resuelto por la Cámara 7ª del Crimen, en cuanto no hizo lugar al nuevo pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por aquélla en febrero de 2013. A su turno, la a quo desestimó la segunda solicitud, reseñando que su contenido era prácticamente idéntico al de la formulada con anterioridad y rechazada en junio de 2012. En esa oportunidad, el Tribunal de mérito rechazó la solicitud de probation por considerar debidamente fundado y, en consecuencia, vinculante el dictamen fiscal negativo, y el decisorio fue confirmado por el Alto Cuerpo. Naturaleza del hecho Al expedirse sobre la procedencia del primer pedido de probation, el fiscal de Cámara concluyó que no sería procedente la condena condicional que la habilita y resaltó la naturaleza del hecho atribuido a Morelli, quien en su carácter de abogado se habría reunido en el despacho del fiscal de Instrucción Roberto Matheu, prometiéndole entregarle dos mil pesos a cambio de la inmediata libertad de sus clientes, un ofrecimiento que habría sido aceptado por el funcionario. En consecuencia, entendió que el hecho tenía trascendencia institucional, toda vez que vinculó a un profesional de la abogacía y a un alto funcionario del Poder Judicial como “dos caras de un mismo acto corruptivo”. Además, sostuvo que tal conducta corruptora de la función pública puso de relieve “una actitud venal y una falta de respeto hacia las instituciones de la República”, añadiendo que, por razones de equidad, en virtud de que el delito de cohecho pasivo requiere dos partes, un oferente y un aceptante, advirtió la necesidad de que el juicio se realice para ambas. El TSJ recordó que, al confirmar el primer rechazo de la Cámara del Crimen al mentado beneficio, concluyó que la opinión del Ministerio Público en modo alguno verificaba condiciones de arbitrariedad. Así, precisó que expuso que la prognosis expuesta por el fiscal en orden a que la eventual condena a imponerse al acusado Morelli no sería de ejecución condicional no evidenciaba una palmaria irrazonabilidad o una falta total de fundamentación que lo autorizara a prescindir del requisito legalmente impuesto para la concesión del beneficio. También destacó que dio sobrados argumentos vinculados con razones de política criminal para dictaminar sobre la improcedencia de la probation, ligadas específicamente con los efectos de las conductas corruptoras en el ámbito de la función pública, añadiendo que el dictamen del acusador era consistente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino con relación a casos de corrupción. Razones Paralelamente, la Sala puntualizó que hizo especial hincapié en la necesidad de juzgamiento de ilícitos como el analizado, tanto por razones preventivas generales negativas para reforzar la conminación para quienes se encuentren en esas posiciones procesales e institucionales, como por razones positivas, por las mayores necesidades de estabilización que generan hechos de esa naturaleza. “Al no haber variado ninguna circunstancia entre el primero y el segundo pedido de suspensión del juicio a prueba y atento a las razones por las cuales se rechazó la primera solicitud, las cuales no sólo se encuentran firmes sino que, además, no hacen referencia a requisitos renovables -como podría ser por ejemplo, el contenido de la oferta de reparación-, es posible afirmar que este segundo pedido de probation resulta a todas luces improcedente y correspondía su rechazo in limine”, enfatizó el Máximo Tribunal provincial. En otras palabras, precisó que la suspensión del juicio a prueba solicitada en aquella oportunidad por Morelli y rechazada por la a quo no era factible de ser reiterada, por no sustentarse su negativa en un defecto subsanable, máxime cuando ninguna de las circunstancias objetivas y subjetivas de la acusación valoradas en aquella oportunidad fueron modificadas, al igual que tampoco lo fueron los criterios de política criminal tenidos en cuenta para la opinión adversa del Ministerio Público a su concesión. “Producido el rechazo de la probation por encontrarse insatisfechos requisitos de procedencia que no son factibles de ser renovados, cualquier otro pedido debe ser rechazado in limine, como lo hizo el iudex en autos, toda vez que de ninguna manera el instituto puede ser utilizado con fines dilatorios”, subrayó el TSJ. Precedente Con relación a los nuevos argumentos dijo tener la defensa a fin de modificar doctrina judicial inveterada de la Sala Penal en orden a que “el consentimiento del fiscal resulta insoslayable para habilitar la suspensión del juicio” y así justificar que se trataba de una presentación sustancialmente distinta a la anterior, el tribunal señaló que no sólo se trata de una cuestión que ya fue planteada anteriormente y resuelta, sino que además no existían nuevas circunstancias que permitieran un nuevo examen del asunto y tampoco se desarrollaron motivos que por su carácter novedoso no hayan sido considerados, con potencial idoneidad para modificar la pacífica postura sostenida sobre el tema. Finalmente, en relación al precedente “Peduzzi”, de 2003, que citó el recurrente los fines de justificar la posibilidad de reiterar su planteo, el tribunal aclaró que aquél hace alusión expresa y directa a la posibilidad de renovar el pedido de probation ante un ofrecimiento irrazonable de reparación del daño causado. [/privado]

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