Menos del mínimo para el síndico de una quiebra

El tribunal evaluó la prohibición que establece la Ley de Concursos y Quiebras sobre el particular, pero reguló los honorarios acorde con que no se necesitó transitar todas las etapas del procedimiento. [privado] Si bien el artículo 267 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) prohíbe “perforar” el monto mínimo de honorarios previstos para el síndico del proceso falencial, la Cámara 2ª Civil y Comercial de Córdoba reguló una suma inferior a dicha pauta legal a favor de la funcionaria actuante en la causa, teniendo en cuenta que en el caso no hubo necesidad de tramitar todas las etapas procedimentales, así como por “la escasa cantidad de acreedores verificados y la sencillez del proceso”. El tribunal de origen había adoptado una resolución de similar tenor, lo que motivó el recurso de apelación de la síndico, quien pidió se tuviera en cuenta que la regulación mínima de estipendios establecida en dicha norma equivale a tres sueldos de un secretario de juzgado de primera instancia. La mencionada Cámara, integrada por Silvana María Chiapero -autora del voto-, Mario Raúl Lescano y Delia Inés Rita Carta de Cara, desestimó la vía recursiva intentada y ratificó que en la causa los honorarios de la síndico deben ser fijados por debajo del mínimo previsto en la norma citada. En sus fundamentos, el órgano de alzada señaló que “la imposibilidad de acudir a la perforación de los mínimos (…) no es motivo suficiente para regular en la suma de tres sueldos íntegros propiciada por la funcionaria”, en tanto “el Estatuto concursal permite al Juez determinar la asignación de honorarios -incluso de los mínimos- teniendo en cuenta para el cómputo la proporción de tareas efectivamente cumplidas dentro de lo que constituye el desarrollo integral del proceso quebratorio”. En tal entendimiento, el pronunciamiento razonó que “si la regulación general por la tramitación íntegra del proceso falencial nunca puede ser inferior a tres sueldos de Secretario de Primera Instancia, debe concluirse, a contrario sensu, que cuando la ejecución colectiva concluyó sin la sustanciación íntegra prevista para este tipo de procesos, es justo y razonable que se regule una proporción de ese mínimo en función de la proporción de la faena profesional desplegada durante las etapas cumplidas”. En la misma inteligencia, el fallo evaluó que “si tenemos en cuenta que la única etapa del proceso que no se cumplió integralmente es la etapa liquidativa, habiéndose desarrollado con regularidad las restantes, estimamos razonable la reducción del mínimo de tres sueldos a dos sueldos y medio, resultando esta última una retribución acorde a la tarea efectivamente desarrollada por la profesional interviniente”. Autos: Miretti, E., quiebra pedida

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