Los niños iban a clase, pero no se pagaban las cuotas

La Cámara interviniente sostuvo adecuada la conclusión a la que llegó el tribunal de mérito sobre el reclamo realizado por el colegio, al probarse la efectiva concurrencia de los hijos del demandado sin que se acredite la cancelación de los rubros en litigio [privado] Al surgir de la prueba presentada que los hijos del demandado asistieron a la institución educativa cuyo titular es la actora Asociación para el Progreso de la Educación SRL, sin que efectivamente demuestre el demandado que cumplió con el pago de las cuotas escolares denunciadas como impagas, la Cámara Civil y Comercial de 8ª Nominación de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia que ratificó la deuda. El accionado apelante se agravió por haber sido condenado al pago de una suma de dinero sin que se encuentre acreditado la deuda. El tribunal -integrado por Graciela Junyent Bas, José Manuel Díaz Reyna y Héctor Hugo Liendo- observó: “Nos encontramos con una relación de consumo, regida por el plexo consumeril (ley Nº 24240)”, remarcando: “Más allá (de) que no desconozco la vigencia a su respecto del principio que lo rige, que debe estarse a favor del consumidor (‘favor consommatorios’) que complementa el principio clásico del Derecho, consistente en que, en caso de duda debe estarse a favor del deudor (‘favor debitoris’), entiendo que tal conclusión no implica sostener que las normas que protegen a los consumidores son mágicas ni operan automáticamente, sino que, por el contrario funcionan de modo conjunto con el resto de los preceptos normativos”. Premisas Bajo esas premisas, el tribunal destacó que “el a quo ha hecho lugar a la demanda de pago de los servicios educativos entendiendo que de la prueba colectada (documental e informativa), surge que los hijos de los demandados asistieron al establecimiento durante los períodos lectivos 2002 y 2003 y que las cuotas pretendidas están impagas”, relacionando que el agravio del demandado “se limita a que no se encuentra acreditado que la deuda esté abonada, pero ningún esfuerzo probatorio realiza el apelante para acreditar que ello sea realmente así”, precisando que “en ningún momento acompaña recibos emitido por la actora que acrediten el pago de las cuotas escolares demandadas”. En ese sentido, la Cámara señaló que el accionado “debió demostrar con prueba fehaciente que las cuotas objeto de la demanda se encontraban abonadas, esto es, los demandados (ahora apelantes) tenían la carga de acreditar el extremo invocado”, siendo que “nada de eso se corrobora en autos, no habiendo elementos de juicio que permitan inferir que les asiste razón”. Por lo cual en el fallo se resolvió que “conforme lo dicho, y unido a los indicios que dan basamento a la presunción de reconocimiento de los hechos afirmados en la demanda por la entidad actora, se deriva el incumplimiento del pago de los aranceles derivados de la prestación de servicios educativos, por lo cual la sentencia merece ser confirmada en esta instancia”. Autos: “ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA EDUCACIÓN SRL C/ LOVECCHIO, HÉCTOR Y OTRO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE- ABREVIADO - RECURSO DE APELACIÓN (748543/36)” [/privado]

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