ESCUCHAREn julio, Guillermo Lipera, presidente de esa entidad, le reclamó al Consejo de la
Magistratura que analizara si la vocal incurrió en irregularidades en el manejo
de expedientes y en el cumplimiento de sus funciones. El resultado de la auditoría que se hizo en el fuero les habría dado elementos a los letrados para pedir el proceso
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires anunció que pedirá el juicio político de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, por mal desempeño.
En julio, Guillermo Lipera, presidente de la entidad, le reclamó al Consejo de la Magistratura (CM) que analizara si Figueroa incurrió en irregularidades en el manejo de expedientes y en el cumplimiento de sus funciones.
El pedido se enmarcó en la auditoría sobre todos los integrantes del fuero que actúan en casos de corrupción.
Según el relevamiento, que ya fue aprobado por el CM, en varias causas la vocal -que preside la Sala I de la Casación- violentó normas procesales.
Lipera aduce que, entre otras faltas, Figueroa demoró injustificadamente varias audiencias, cuya realización es un requisito indispensable para emitir sentencias.
Además, la señaló como partícipe de la maniobra mediante la cual se intentó desplazar a los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky del tribunal que debe resolver si se reabre la causa iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman en contra de Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes del Frente para la Victoria. Si bien logró apartar a sus colegas, Hornos y Borinsky participaron de la audiencia en la que se analizó el tema.
Figueroa fue nombrada jueza por la ex presidente, luego de su paso por la Secretaría de Derechos Humanos como asesora.
Llegó a la máxima instancia penal del país sin antecedentes en otros tribunales inferiores, pero con credenciales académicas. En pocos años acumuló denuncias por su rol en actuaciones polémicas.
Catalogada como «jueza K», llegó a la tapa de los diarios cuando participó de una cuestionada estrategia judicial que derivó en el apartamiento de Luis María Cabral de la Sala II, antes de que se expidiera sobre la inconstitucionalidad del Pacto con Irán, que perdió eficacia luego del cambio de Gobierno.
Audiencia
Entre las irregularidades que citó el Colegio de Abogados figura el pedido que hizo luego de ser transferida de la Sala II a la Sala I, cuando le envió al presidente de la Cámara un listado de 13 expedientes vinculados con el caso AMIA en los cuales le interesaba continuar interviniendo.
No tuvo éxito y le contestaron recordándole que el Código Procesal Penal de la Nación establece que los jueces sólo pueden retener un caso cuando ya se fijó la fecha de audiencia.
El año pasado votó a favor del apartamiento de Claudio Bonadio de la causa “Hotesur”, que involucra a la ex mandataria y a su familia. Sin embargo, el magistrado quedó a cargo del expediente.
Presunto encubrimiento
Durante la feria de invierno, el juez de Casación Juan Carlos Geminiani denunció ante el CM que Figueroa recibió “regalos” de Julio de Vido, ex ministro de Planificación.
Geminiani ordenó detener a la prosecretaria María Elena Expucci por desobedecer una orden administrativa, ya que se negó a ordenar una oficina del tribunal. Según adujo el juez, le indicó a la subordinada que hiciera un inventario y sacara las cajas que atestaban el lugar, pero que la empleada le respondió que debía consultar su directiva con el resto de los integrantes de la Cámara.
Gemignani vinculó a la mujer -que a su vez lo denunció a él cuando quedó desvinculada- con las presuntas dádivas que involucran a Figueroa y a De Vido y la sindicó como “encubridora”.
Sin resultados hasta ahora, pidió que se investigue el contenido de las cajas que Expucci se negó a trasladar, en el entendimiento de que contenían materiales sin inventariar que habrían sido enviados por la cartera que comandaba De Vido.
De la auditoría que llevó adelante el consejo surgió también recientemente una irregularidad vinculada con un cheque por más de 500 mil pesos que llegó a la Casación girado por la anterior presidente del cuerpo, Gabriela Vázquez, para pagar muebles nuevos en la Sala I del Máximo Tribunal Penal.
Se constató que la renovación se hizo sin licitación y el malentendido podría derivar en otra pesquisa que involucra a Figueroa.
Gils Carbó, otra denunciada por la entidad
A principios de mes, el Colegio de Abogados porteño envió al Congreso el pedido de juicio político en contra de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
La funcionaria suma una veintena de denuncias penales.
Según plasmaron los letrados de la Capital Federal, las causas para promover el proceso disciplinario son numerosas y citaron irregularidades van desde arbitrariedades en la designación de fiscales hasta la presunta comisión de ilícitos, como abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.
La entidad puso énfasis en una conducta de la funcionaria, como el nombramiento de subordinados sin observar la normativa vigente, guiándose por “su personal preferencia”.Procelac
Entre los casos más polémicos, el organismo incluyó lo que definió como «las ilegales designaciones resultantes de la creación de la cuestionable Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y el nombramiento de su ex titular, el cordobés Carlos Gonella.
Gonella renunció a su cargo luego de la detención de Lázaro Báez, en la causa denomina “la ruta del dinero K”.
El fiscal está procesado por la presunta comisión del delito de prevaricato, en función de su actuación al inicio de esa pesquisa.
