ESCUCHAREl vocal del TSJ resaltó la necesidad de coordinar políticas criminales entre los estados nacional y local. Por su parte, el ministro de justicia, Germán Garavano, se refirió a los planes del Gobierno e hizo hincapié en que es imperioso que la gente vuelva a confiar en el sistema judicial
El vocal del Tribunal Superior, Sebastián López Peña, y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, disertaron ayer en el marco de un almuerzo de trabajo organizado por la Fundación Mediterránea.
Ante empresarios, representantes del Poder Legislativo nacional, miembros de la Justicia Federal cordobesa y autoridades del Poder Judicial de la Provincia, López Peña se refirió a la proyección de la Justicia Penal, tanto en Córdoba como en el ámbito nacional, y evaluó que el sistema “está fallando”, ya que a la hora de abordar temas como la inseguridad hay problemas de celeridad y agilidad para dar respuestas a las necesidades de la gente.
En esa línea, subrayó que los altos niveles de litigiosidad complican la reacción jurisdiccional. No obstante, aclaró que la opinión pública, en general, tiene una mirada desfavorable sobre el rol de la Justicia porque evalúa la actuación del fuero Federal y “de algunos jueces federales”. Y acotó que el ciudadano medio no distingue entre las diferentes jurisdicciones de “los poderes judiciales”.
El magistrado destacó el papel de Córdoba como pionera en el campo de las reformas procesales, como la implementación del juicio por jurados, y resaltó que la provincia tiene mucho para aportar al plan que la administración del presidente Mauricio Macri puso en marcha en marzo (Programa Justicia 2020).
Al referirse a uno de los cambios legislativos más resonantes, como la sanción de la ley del arrepentido, López Peña valoró que no es una presión para los jueces sino que “se trata de una herramienta más en la lucha contra el delito”.
También habló del Código Penal y estimó que las innumerables reformas que se hicieron sobre ese cuerpo normativo “rompieron su integridad”, por lo que juzgó que se impone “un cambio de paradigma” y la necesidad de coordinar políticas criminales entre los estados nacional y local.
En tanto, a horas de que el Congreso analice la reforma de la normativa que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el vocal resaltó que la responsabilidad de quien ocupa el cargo de procurador General es fijar aquellas medidas de acción, con independencia de quién ocupe el cargo.
En esa inteligencia, se pronunció a favor de que el mandato sea por un período de cinco años, prorrogable por otro plazo igual, tal como establece la iniciativa que analizará el Parlamento, un modelo similar al que rige en Córdoba.
Para López Peña, debe haber “un escrutinio periódico” sobre el procurador, al igual que sobre otros funcionarios del Estado, porque, a diferencia de lo que ocurre con los jueces, que aplican leyes, el jefe del Ministerio Público fija políticas.
Justicia 2020
Por su parte, además de describir el esquema de tareas que el Gobierno nacional está desplegando en el marco del programa Justicia 2020, Garavano explicó que el delito en Argentina sigue estando asociado con “altos niveles de desigualdad”, y no necesariamente de pobreza.
Así, anunció que hay una mesa de trabajo integrada por la cartera que encabeza y por los ministros Esteban Bullrich (Educación), Patricia Bullrich (Seguridad) y Carolina Stanley (Desarrollo Social), a fin de evaluar multicausalmente el fenómeno.
Para Garavano, el sistema de Justicia debe “enviar señales claras” con relación a los costos que tiene violar la ley y opinó que no se trata “del monto de las penas, sino de la posibilidad de que los infractores sean atrapados y sometidos a proceso”.
Otro desafío que planteó es avanzar para garantizar la seguridad jurídica o “previsibilidad del sistema”, que consistirá, según detalló, en establecer “reglas claras frente al delito y las actividades económicas”.
Vanguardia
En la misma sintonía que López Peña, Garavano estimó que el ciudadano medio no distingue entre “las justicias” y opinó que Córdoba, junto a otras jurisdicciones, “va a la vanguardia”.
Sobre la controversia por la reforma de la ley del Ministerio Público, fue breve y aseguró que hay “intereses sectoriales especializados en frenar transformaciones”.
El ministro expresó que se están dando pasos para quebrar esa coyuntura de intereses en pugna, a fin de generar “una sociedad más pacífica y con reglas de juego claras”.
“El mayor reaseguro de la independencia del Poder Judicial es la confianza en la Justicia”, manifestó el funcionario.
