Litigar sin gastos se pierde tras seis meses de inactividad procesal

El fallo concluyó que la modificación legislativa que determinó ese plazo para la caducidad del beneficio está justificado en el interés fiscal. Rechazan planteo para declarar inconstitucional la normativa objetada. [privado] Tras resaltar que la modificación legislativa dispuesta en esta materia se justifica en razón del “interés fiscal” que la motivó, la Cámara 4ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó el pedido de inconstitucionalidad formulado por el damnificado en un accidente de tránsito respecto del artículo 270, inciso 2°, párrafo segundo, del Código Tributario Provincial (CTP) que, desde diciembre 2010, dispone que la exención del pago de tasa de justicia en el beneficio de litigar sin gastos (BLSG) caduca de pleno derecho si no se impulsa el procedimiento en un lapso de seis meses. El accionante reclama indemnización por daños y perjuicios en el pleito principal y apeló la resolución de primera instancia que declaró caduco el BLSG luego de un semestre de inactividad, a cuyo efecto el apelante sostuvo que la norma en cuestión genera un privilegio irrazonable para el Estado, en tanto la ley procesal del fuero sólo prevé la perención de instancia a petición de parte interesada y no la caducidad de oficio. La referida Cámara, integrada por Cristina Estela González de la Vega, Raúl Fernández y Miguel Ángel Bustos Argañarás, desestimó el recurso intentado y ratificó que la caducidad de pleno derecho regulada por la actual reforma del CTP resulta constitucional. En tal sentido, el tribunal de alzada puso de relieve que “el diverso tratamiento legislativo presenta ribetes de razonabilidad, que impiden acoger la declaración de inconstitucionalidad que, en escueto escrito, pretende lograr el apelante”, por cuanto “la diferenciación que hace el legislador se asienta en razón de los intereses que persigue el acreedor de la tasa de justicia (interés público fiscal), de jerarquía mayor a la de los demás intervinientes, lo que justifica el trato diferenciado”. Pronunciamiento En idéntica inteligencia, el pronunciamiento reafirmó que “la trascendencia que reviste la percepción de la gabela judicial para un adecuado funcionamiento del servicio de justicia (…) justifica el interés fiscal que sustenta la caducidad de pleno derecho prevista”. Sin perjuicio de lo resuelto, el órgano de apelación impuso las costas del recurso por el orden causado, porque lo debatido es “una cuestión novedosa, que ha tenido distintas interpretaciones jurisprudenciales hasta ahora”, tal como el precedente “Pastrana, Ivana Isabella – BLSG (Auto Interlocutorio Nº 168, de fecha 24 de mayo de 2013)”, dictado por la Cámara 1ª del fuero. Autos: “CHISELINO, Pablo Enrique y otros c/ ZACCARI, Miguel Alejandro y otro – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES DE TRÁNSITO – RECURSO DE APELACIÓN - EXPTE. N° 1062168/36”

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