Liberan fondos a comuna afectada por inundaciones

El Alto Cuerpo determinó que el tema bajo análisis ameritaba un tratamiento extraordinario. La cuestión debatida se encontraba a resolución de un juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial. [privado] Al determinar que la cuestión debatida engasta en la hipótesis excepcional que justifica el per saltum -elevación del caso directamente al máximo órgano judicial para su resolución, omitiendo la tramitación las etapas previas establecidas en la ley procesal-, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se avocó a resolver la causa que se encontraba en el juzgado de primera instancia y ordenó se libere la totalidad de los fondos embargados a una comuna de interior provincial afectada por las inundaciones producidas en el pasado mes de febrero. Entre sus argumentos, el Alto Cuerpo señaló que “los extraordinarios acontecimientos vividos en las zonas afectadas por las fuertes tormentas, constriñe de manera ineludible, no sólo a los diversos sectores de la sociedad, sino también -y en especial- a cada uno de los poderes del Estado, a propender desde sus respectivos puestos, al aporte de todos los recursos (económicos y humanos) disponibles, en procura de colaborar activa y solidariamente en la búsqueda de soluciones urgentes a la problemática emergente (…) y por cierto que, en el seno del Poder Judicial, ese compromiso superior entraña el inexcusable imperativo de brindar una respuesta integral, rápida y eficiente a requerimientos como el que aquí nos convoca”. Se trata de un juicio ejecutivo por el cobro de un cheque librado por la comuna de Pedro E. Vivas, del departamento Río Primero, en el cual luego de dictarse sentencia y ésta quedar firme, se trabó embargo ejecutorio por 48 mil pesos y, frente al pedido del Estado comunal accionado, el juez de origen decidió liberar parcialmente dichos fondos cautelados, reservando 10 mil pesos para el ejecutante, provisoriamente. El municipio demandado ocurrió ante el TSJ solicitando el per saltum a fin de que se libere la totalidad de los fondos y el Máximo Tribunal de la Provincia, integrado por Carlos Francisco García Allocco, Domingo Juan Sesin y María Marta Cáceres de Bollatti, le dio la razón al impugnante. Hecho público El fallo predicó que “siendo un hecho público y notorio la real existencia y la magnitud de los daños provocados en nuestra provincia por el reciente temporal acaecido los días 25 y 26 de febrero del año en curso, y presentándose como una realidad incontestable que la Comuna Pedro E. Vivas revista entre las tantas localidades cordobesas afectadas por las consecuencias que de aquella catástrofe climática se derivaran, los extremos fácticos relatados por el peticionante y corroborados por las crónicas periodísticas que informaran acerca del inusitado avance de las aguas sobre sectores urbanos y rurales de la zona (…) ponen en incontrastable evidencia la cabal configuración de circunstancias fácticas de suyo excepcionales que, comprometiendo intereses humanitarios que trascienden -incluso- los que asisten a la comuna requirente, entifican sin lugar a dudas un claro supuesto de gravedad institucional que justifica -sin más- acceder a la habilitación de la presente instancia impugnativa per saltum, lo que así dejamos decidido”. A su vez, el pronunciamiento expuso que “la conclusión se impone, ni bien se repare en que la extrema gravedad y excepcionalidad de los hechos evocados por la demandada para peticionar la entrega ‘provisional’ del dinero afectado al embargo ejecutorio trabado en autos, sugería a las claras la impostergable necesidad de brindar en forma integral la tutela efectiva e inmediata de los intereses humanitarios en juego, proveyendo a los organismos encargados ejecutarla in concreto todos los medios que puedan hallarse disponibles, mediante la facilitación del máximo de recursos existentes, en la medida que los mismos ostenten aptitud -cierta o aún potencial- para brindar la más amplia y urgente cobertura de las necesidades sociales sobrevinientes”. En fundamento de la vía excepcional por la cual se resolvió la materia debatida, el decisorio destacó que, si bien el decreto del juzgado de origen que admitió parcialmente la pretensión de la comuna demandada “resultaría pasible de revisión a través de los recursos de reposición con apelación en subsidio, la evidente demora en la sustanciación y resolución de tal carril impugnativo redundaría en grave perjuicio de toda una localidad que se encuentra en emergencia humanitaria a raíz del grave temporal cuya efectiva ocurrencia es de público conocimiento”. En el mismo andarivel, el Alto Cuerpo ponderó “la falta de una normativa específica que habilite el avocamiento per saltum de este tribunal constituye un escollo, pero no es menos cierto que la exigencia de una tutela judicial efectiva y la salvaguarda del interés público ha justificado la adopción de soluciones pretorianas que el tiempo consolidó como sabias”. Autos: “FORNEROD, VÍCTOR EMILIO c/ COMUNA DE PEDRO E. VIVAS - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS - OTRO - PER SALTUM” (Expte. nº 2692363/36)

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