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La AFIP recurrirá el fallo que amenaza el secreto fiscal

IMPULSO. Según informó el titular de la AFIP, el 
alza fue traccionada por el pago del IVA, los aportes
de las importaciones y Bienes Personales.

IMPULSO. Según informó el titular de la AFIP, el alza fue traccionada por el pago del IVA, los aportes de las importaciones y Bienes Personales.

La Justicia le ordenó entregarle a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) información tributaria sin autorización judicial previa. El organismo a cargo de Alberto Abad teme que los datos se utilicen discrecionalmente

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo, que le ordenó entregarle a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) información tributaria sin la autorización previa de un juez.

Ley 11683
La medida, dictada en el marco de un proceso que comenzó en 2010, implica que los fiscales puedan acceder a información de los contribuyentes amparada por el secreto fiscal, que garantiza el artículo 101 de la ley 11683.
El fiscal General Sergio Rodríguez, de la PIA, señaló en declaraciones radiales que sólo esa dependencia podría acceder a los datos, pero el organismo que dirige Alberto Abad cree que podría quedar a disposición de cualquier fiscal.
A su turno, los jueces Clara do Pico, Carlos Grecco y Rodolfo Facio (en disidencia parcial) declararon la inaplicabilidad al organismo actor de la instrucción general AFIP número 8/06 (modificada por su par número 12/06) y de la disposición AFIP número 98/09. Esa normativa, firmada durante la gestión de Ricardo Echegaray, dispone que “toda información de contenido económico-patrimonial referida a contribuyentes o responsables obrante en esta Administración Federal, obtenida en el marco de la Ley 11683, se encuentra amparada por el instituto del secreto fiscal”, contemplado en el artículo 101 del texto legal.

Demanda
Rodríguez interpuso la demanda con el objeto de que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de esa legislación, y la Cámara hizo lugar a su planteo.
El funcionario argumentó que al negarle la información requerida se le impide ejercer su función como organismo de control.