Juicio en ausencia: hay acuerdo entre distintas fuerzas políticas para comenzar a tratar el proyecto de ley

El Congreso Nacional puede tratar este año el proyecto de ley de juicio en ausencia, que no prosperó por falta de acuerdo.
La propuesta presentada a mediados de marzo por el senador nacional Mario Pais (FpV) reunió a los tres principales líderes de la Cámara Alta: el oficialista Federico Pinedo -presidente provisional de ésta-, Ángel Rozas -jefe del bloque radical- y Miguel Pichetto -titular de la bancada peronista-.
Los tres encabezarán una conferencia de prensa hoy para dar detalles de la iniciativa, que busca incorporar al sistema jurídico argentino el juicio en ausencia en delitos previstos en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre los que se encuentran los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzosa de personas.
Además, el instrumento procesal permitiría darle impulso a la investigación del ataque a la AMIA, en la cual hay un grupo de jerarcas del régimen iraní acusados como autores intelectuales.
De hecho, el articulado cuenta con el aval de la secretaría especial para las causas del atentado contra la AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman, que conduce el radical Mario Cimadevilla.
La iniciativa incorpora al Código Procesal Penal de la Nación la posibilidad de avanzar en los debates orales por delitos graves, aun cuando los acusados no comparezcan ante el juez o el tribunal que lleven adelante el proceso.
Establece que el procedimiento sólo se aplicará a requerimiento del fiscal y para aquellos delitos aberrantes contemplados en el Estatuto de Roma y las convenciones para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, sobre Desaparición Forzada de Personas y sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
En la Cámara de Diputados hay una decena de proyectos sobre el tema; entre ellos, uno que lleva la firma de las actuales funcionarias del Gobierno Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Laura Alonso -titular de la Oficina Anticorrupción.