Inconstitucionalidad de la protección de vivienda única

La Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba compartió el criterio de la Corte Suprema. La minoría consideró constitucional la norma en cuestión pero opinó que no era aplicable al caso [privado] La Cámara Civil y Comercial de 7ª Nominación de Córdoba, por mayoría, mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de la inembargabilidad de la vivienda única existente en el fallo apelado, al compartir lo resuelto por la Corte Suprema en orden a esta cuestión, y además, analizó que no están dadas las condiciones para la protección que exhibe el Código Civil y Comercial (CCC). La minoría consideró constitucional el régimen de protección de la vivienda única pero consideró que dicha normativa no es aplicable al caso, ya que el actor pretende ser resarcido por los daños a su salud. El demandado Miguel Ángel Álvarez apeló la sentencia del a quo que hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad promovido por la ejecutante Eva Mariani, respecto de lo dispuesto por el art. 58 de la Constitución Provincial, su ley reglamentaria N° 8998 y ley 9724. Los vocales Jorge Miguel Flores y María Rosa Molina de Caminal señalaron que el fallo opugnado, como los antecedentes que le sirven de sustento, contiene fundamentos que avalan la decisión que el magistrado adopta, los que no han sido eficazmente refutados. Sin embargo, observaron que “la apelación ha sido planteada luego de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCC), mas nada ha referido al respecto el apelante”. No obstante, los jueces consideraron que, traída la legislación sobreviniente por el fiscal de Cámaras, hay que señalar que ella ha incorporado la tutela específica de la vivienda, precisando que “el Código unificado no optó por un sistema de inejecutabilidad automática de la vivienda única sino por un régimen tuitivo voluntario de protección de vivienda”. Se señaló que, para que opere, debe ser solicitado por los legitimados enumerados en el nuevo art. 245 del CCC: el titular registral del inmueble (sea propio o ganancial), o por todos los condóminos, en caso de existir condominio, y que la afectación puede disponerse por actos de última voluntad, en cuyo caso el juez deberá ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio Público, o de oficio, en caso de haber beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Argumento Asimismo, consideraron que la afectación también puede ser decidida por el juez a pedido de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o conclusión de la convivencia, si existen beneficiarios incapaces, y que “en cuanto al efecto principal de la afectación, el artículo 249 del nuevo plexo normativo establece que la afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a ella, y que la vivienda no es susceptible de ejecución por deudas posteriores, a excepción de las allí enumeradas”. Habiendo precisado el instituto a la luz del nuevo CCC, los vocales señalaron que “aun pudiere discutirse su aplicabilidad al sub examine, en función de lo establecido en art. 7 CCC, resulta útil verificar en el caso concreto si se encuentran reunidos los presupuestos legales para la procedencia del régimen tuitivo de protección de vivienda”. Destacaron que no es una cuestión menor que de autos no resulta que el inmueble de la parte demandada, cuya ejecución se persigue, sea su “vivienda única”, pues no se encuentra acreditado en el informe del Registro de la Propiedad, lo que a criterio de los magistrados conlleva que la normativa no resulte aplicable. Así subrayaron que “el derecho a la salud de las accionantes también tiene protección constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos, no obstante lo cual el demandado ha vulnerado su integridad física y ello es la causa por la que ahora debe responder, cual ha quedado definitivamente sellado en esta causa”. Disidencia En disidencia, el vocal Rubén Atilio Remiglio precisó que se expidió en numerosos precedentes por la plena constitucionalidad del régimen tuitivo de la vivienda única (art. 58, Const. Pcial., y ley N° 8067, modif. por ley N° 8998) y señaló: “Me he pronunciado por dicha constitucionalidad, ya bajo la vigencia del nuevo CCC”. Finalmente, opinó que “sin que resulte necesario declarar la inconstitucionalidad de la normativa involucrada en la inejecutabilidad de la vivienda única, en el caso concreto y particular, la misma cede ante el derecho del ejecutante de mayor envergadura y jerarquía tanto a nivel constitucional como convencional”. Por ello, determinó que la inejecutabilidad de la vivienda única cede en la misma medida en que el ejecutante persiga el cobro de la indemnización por el menoscabo de daños en su salud, e integridad psicofísica y moral, conforme surge de la sentencia firme dictada en autos. Por ello, propuso “acoger la apelación, dejar sin efecto la inconstitucionalidad declarada en primera instancia y declarar la ejecutabilidad del bien que se trata, para este caso particular”. Autos: “MARIANI, EDA BEATRIZ Y OTRO C/ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL – ORDINARIO –DAÑOS Y PERJUICIOS- ACCIDENTES DE TRÁNSITO (EXPTE N° 1104138/36) [/privado]

Inconstitucionalidad de la protección de vivienda única

Sin garantías al consumidor no procede el juicio ejecutivo

CAT critica la decisión de reducir comisiones aéreas

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Opinión

Columna de JusCom

España: la jornada y el Tercio de Flandes

El Árbol del Odio ensancha el horizonte de la guerra

Leé también

Sobreprecios en compra de material audiovisual: pidieron juicio para Julio De Vido

Marzo cerró con 11.424 personas detenidas: la población del SPF subió 1% desde enero

Confirman rechazo a planteo de docente para recibir una compensación económica

Prohibición de indexar que imponía la Ley de Convertibilidad de 1991 es inconstitucional

Más populares

Newsletter

Gestión

Canales

Publicaciones

¡Bienvenid@ de nuevo!

Recuperar contraseña

Tabla de contenidos

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?