Fijan plazo de duración del embargo decretado sobre los bienes del cónyuge

La alzada admitió parcialmente el planteo del recurrente y recordó que no determinar la vigencia de las medidas precautorias puede llevar a situaciones de injusticia, por excesos o abusos de quien las solicita, así como a la imposibilidad del juez de controlarlas. [privado] En el marco de un juicio de divorcio, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de de Mar del Plata confirmó la medida dictada por el a quo a fin de proteger los derechos que le podrían corresponder a la esposa accionante por la futura disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y avaló el embargo preventivo ordenado por el inferior sobre 50% de la indemnización por despido que pudiere obtener su cónyuge y 50% de los fondos de sus cuentas bancarias, abiertas con posterioridad a la celebración del matrimonio. No obstante, admitió parcialmente el planteo del esposo y estableció un plazo de duración de las medidas. La alzada reseñó en su fallo que dado que el artículo 722 del Código Civil y Comercial contempla el deber de fijar un plazo de vigencia de las medidas precautorias admitidas, correspondía cumplir con esa normativa y fijar un término de duración del embargo decretado sobre los bienes del cónyuge, teniendo en cuenta la naturaleza del litigio, el tiempo que razonablemente insumirá la tramitación del proceso hasta la liquidación y la ausencia de información sobre el dinero que efectivamente se encuentra indisponible por la cautelar; todo ello, sin perjuicio de que se pueda pedir la extensión o el levantamiento en caso de que corresponda. Desequilibrio En esa inteligencia, el tribunal consignó que no determinar la duración de aquéllas puede llevar a situaciones de desequilibrio o injusticia, por excesos o abusos por parte de quien las solicita, así como a la imposibilidad del magistrado de controlarlas. “Tratándose de la concesión de una medida precautoria destinada a proteger los derechos que le pudieren corresponder al cónyuge por la futura disolución y liquidación de la sociedad conyugal y habiendo entrado en vigencia el Código Civil y Comercial en la instancia apelatoria, corresponde revisar la resolución al amparo del citado cuerpo legal, pues las normas procesales se aplican en forma inmediata a las causas en trámite”, enfatizó. Ganancial En tanto, la Cámara indicó que la naturaleza ganancial o propia de un bien no tiene en sí misma una razón que condicione la procedencia de la medida precautoria prevista en el artículo 722 del ordenamiento Civil y aclaró que en el supuesto llevado a su conocimiento se discute el embargo preventivo sobre la indemnización del artículo 245 de la ley 20744. “La indemnización por despido es ganancial si el distracto se produjo con anterioridad a la disolución de la sociedad conyugal y es un bien propio si se produjo con posterioridad, porque el perjuicio de la falta de trabajo recaerá solamente sobre el cónyuge despedido, criterio que mantiene plena vigencia a la luz del nuevo Código Civil”, acotó. [/privado]

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