Críticas a la patronal por despedir a mujer agredida sexualmente en el trabajo

El juez Henry Francisco Mischis, de la Sala 4ª de la Cámara laboral de Córdoba, aplicó la ley que defiende al género femenino en el ámbito de las relaciones interpersonales. La pericia médica demostró que la accionante padecía los trastornos propios del destrato recibido [privado] Al advertir que la demandada no sólo omitió adoptar las medidas que la buena fe, el deber de colaboración y la vocación por el mantenimiento del vínculo imponían, sino también que su obrar resultó un claro desprecio por la salud de la trabajadora, ignorando maliciosamente su condición de mujer, madre soltera y de escasos recursos, la Sala 4ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba consideró ilegítimo el despido de la accionante, basada en supuestas ausencias injustificadas, que fueron licencias médicas otorgadas por las agresiones sexuales de un compañero en el ámbito de la empresa. El tribunal integrado por Henry Francisco Mischis, señaló que la empleadora asignó “sin más” preeminencia a los criterios médicos provenientes de los profesionales a su servicio, en detrimento de la opinión de los facultativos de la actora y remarcó: “La determinación de cambiar de turno o sector de trabajo a la actora para evitar su contacto con el empleado agresor, comunicada en las piezas postales remitidas por la empleadora a ésta, en modo alguno resulta suficiente para obligar a la actora a reintegrarse a su tarea, en la medida en que su imposibilidad de hacerlo radicaba en la patología incapacitante que sufría”. El juez expuso que el obrar de la demandada, que calificó como contrario a derecho, implica que el despido dispuesto respecto de la actora resultara “reprochable jurídicamente”, tornando así procedente el reclamo relativo a los rubros derivados de un despido incausado. Sobre las supuestas ausencias injustificadas, el magistrado señaló que “la trabajadora ha sostenido haber sido objeto de abusos sexuales reiterados, en el ámbito físico de la empresa, por parte de un compañero de labor”, agregando que “la patronal por su lado, durante el tiempo que la actora dejó de prestar servicios por esa razón, fue variando su actitud: desde una primera, consistente en abonar los haberes correspondientes a dicha licencia y sancionar disciplinariamente al agresor, para pasar luego a cortar el pago de su salario, requerir a la trabajadora su reincorporación, y, frente a su negativa, aplicarle sanciones sucesivas hasta llegar el despido, a la vez que aludía a que la conducta de ésta implicaba ensuciar el nombre de un compañero de trabajo”. Mischis apuntó que la actora acreditó la patología incapacitante que invocara, remarcando que ello se demostró mediante pericia médica suscripta por el doctor Martín Alejandro Agüero, en cuyo certificado consta que la actora “fue asistida durante el período indicado por esta institución en cuatro oportunidades, habiendo prestado asistencia sanitaria siempre el establecimiento” . De ello el juez infirió que no resultaba admisible la posición “negacionista” asumida por la demandada, resaltando que no se encontraban controvertidas las afirmaciones de la actora volcadas en la demanda, atinentes a su condición de sustento familiar en razón de ser madre soltera. Por ello determinó que esas circunstancias debieron llevar a tomar una actitud diferente a la adoptada, y a mantener el pago del salario mientras la actora se encontrara en uso de esa licencia por enfermedad y paralelamente se arbitraban las medidas aludidas tendientes a “verificar la existencia de la patología”. “Más aún cuando es claro que al no contar con sus salarios, aquella se vería sumamente dificultada para mantener un tratamiento médico”, afirmó. Autos: “G. N. E. c/ ESTANCIAS DEL SUR SA - Ordinario Despido” [/privado]

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