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Conmueve a la sociedad un nuevo caso de restitución internacional de menores

PROBLEMÁTICA. En Argentina, la justicia demora un promedio de cinco años para resolver sobre la restitución internacional de un niño
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Tras siete años de litigio, la justicia ordenó que un niño regrese a Estados Unidos a vivir con su padre. La madre tiene una orden de arresto y no podrá acompañar al pequeño, quien regresará a ese país acompañado por agentes del FBI. El vacío legal en la materia dilata los plazos, con graves consecuencias para los hijos. En Córdoba, reflotan un proyecto para regular los procedimientos en consonancia con los tratados internacionales

Por Silvina Bazterrechea – [email protected]

La restitución internacional de menores vuelve a ponerse en escena y en la agenda pública. Esta vez por el caso de un pequeño de ocho años que debe regresar a Estados Unidos a vivir con su padre. Dos agentes del FBI vendrán a buscarlo porque su madre tiene una orden de arresto de ese país.
María Belén Francesconi, madre del niño, tiene una denuncia en su contra hecha por el padre de su hijo, Miguel Reyes, ya que -según consta en los archivos del FBI- nunca cumplió con su palabra de restituir al niño y se quedó desde entonces en Buenos Aires. Esta situación no le permite acompañar a su hijo a encontrarse con su progenitor.
Ahora, la mujer pide desesperadamente a la justicia argentina que la ayude para que se remueva la orden de arresto y así poder viajar con el pequeño. El drama de Francesconi no es el único en nuestro país. Las estadísticas demuestran que, en promedio, la justicia argentina demora cinco años en resolver un caso de restitución de menores.
El vacío legal que existe en la materia conspira contra una rápida y eficiente respuesta del sistema judicial.
Ante la falta de normativa, los jueces se rigen por convenios internacionales: el Convenio de La Haya estipula que las restituciones deben tramitarse y resolverse dentro de las seis semanas a partir de la fecha de iniciación del procedimiento y la Convención Interamericana fija ese plazo dentro de los 45 días. Sin embargo, nada de eso ocurre en la práctica.
Graciela Tagle de Ferreyra, jueza de Enlace y miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya, remarcó que el caso de Francesconi es consecuencia de una justicia que “no actúa con la celeridad que estos casos requieren”.
“En lugar de analizar si corresponde la restitución de un niño, comienza una disputa legal en la que se analizan cuestiones de fondo vinculadas a la decisión -por ejemplo- quién se queda con la tenencia. Así, los plazos se dilatan y, cuando la justicia define la cuestión, los daños para los niños son gravísimos”, explicó a Comercio y Justicia la magistrada.

Vacío legal
Tagle de Ferreyra es una de las impulsoras y autora de un anteproyecto de ley que busca legislar en materia de restitución de menores para regular el procedimiento y terminar con casos como los de Francesconi. Sin embargo, su peregrinar por los recintos legislativos aún no ha dado sus frutos.
En Córdoba, un proyecto de ley de su autoría ingresó hace tres años a la Legislatura pero nunca se trató. El tema fue recogido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que dirige Luis Angulo. La magistrada se reunió en las últimas semanas con el funcionario y -según pudo conocer este medio- la iniciativa, con pequeñas modificaciones, podría finalmente ser tratada en la Unicameral. “Nuestra intención es avanzar con esta ley de procedimiento”, confesó a este diario una fuente del Ministerio de Justicia.
Si esto sucede, nuestra provincia se convertirá en la primera del país en contar con una ley de procedimientos en lo que se refiere a restitución internacional de menores.
La iniciativa prevé que el trámite de restitución se ventile en una audiencia, en la que el juez intente la conciliación, se escuche al niño, se apliquen los principios procesales, se acoten los plazos, se restringe la vía recursiva y se regule el regreso seguro y medidas de protección del niño entre otras cuestiones.
Hay algunas provincias, como Misiones, que lo ha legislado dentro del Libro de Familia, estando en su capítulo IV el trámite de la restitución internacional de menores y régimen de visitas. En otras provincias, como San Luis, Entre Ríos y Córdoba, se han ratificado las conclusiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que establecen lineamientos para tramitar y resolver estos casos.

Capacitación
La otra arista de la problemática es la capacitación. Existe un problema de falta de conocimiento de los jueces y operadores jurídicos sobre la materia. Por este motivo desde 2012 Tagle de Ferreyra está recorriendo el país capacitando a funcionarios y magistrados. Hace algunas semanas la misma Corte Suprema de Justicia hizo una jornada para reflexionar sobre una problemática que es cada vez más extendida en el país y se repite en diferentes tribunales argentinos y cuyas principales víctimas son los niños que no son escuchados y son sometidos a largos conflictos judiciales que luego terminar con serias consecuencias para su vida.

Un caso que lleva siete años en la justicia

-El caso de María Belén Francesconi (foto) se inició en 2010, pasó por tres instancias y fue objeto de múltiples recursos.
– La sentencia que ordenó la restitución fue dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fijó un período de revinculización del hijo con su padre en diciembre del año 2015. La revinculización fracasó y la jueza Susana Nicolaris ordenó el regreso del menor junto a su padre el pasado 21 de mayo. Esta orden fue objeto de un recurso que finalmente rechazó la Sala E de la Cámara Civil de Apelaciones.
n Ahora, la madre del niño espera que la justicia argentina logre que se levante el arresto que rige en Estados Unidos sobre ella . Sin embargo, la situación no es fácil ya que esta orden fue interpuesta por ese país por el delito de secuestro internacional de un menor, delito federal que se encuentra tipificado en la sección 1204 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

El caso

El niño nació en EEUU y viajó -pocos meses después- a Argentina con su madre.
Ésta obtuvo en ese momento la autorización del padre del bebé, Miguel Reyes, quien ahora reclama que el niño regrese a EEUU.  Según consta en los archivos del FBI, la madre nunca cumplió con su palabra de restituirlo.
Tanto la justicia norteamericana como la argentina fallaron en distintas instancias a favor del padre.

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