Confirman que se violó el derecho de defensa en un amparo colectivo

El Máximo Tribunal le dio la razón a la empresa Aguas Bonaerenses SA y puntualizó que los magistrados de las instancias anteriores no aplicaron las reglas del artículo 43 de la Constitución Nacional, cuyas características principales y modalidades fueron enunciadas en el caso “Halabi” y mantenidas consistentemente en otros precedentes. [privado] La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó sin efecto el fallo del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires que dispuso integrar de manera intempestiva a 2.641 nuevos actores al amparo colectivo ambiental incoado por un grupo de vecinos de la ciudad de 9 de Julio contra Aguas Bonaerenses SA (ABSA), a fin de que corrigiera el elevado nivel de arsénico del agua por ellos utilizada, al valorar que la decisión violó los derechos de defensa y el debido proceso de la demandada. A su turno, la recurrente sostuvo que el decisorio en crisis le causaba un gravamen irreparable porque la incorporación de semejante cantidad de actores desbordaba las posibilidades del trámite y su capacidad de respuesta. En ese sentido, precisó que era imposible controlar en el breve plazo del amparo condiciones de admisibilidad y fundabilidad (legitimación, interés, pruebas y demás circunstancias) de lapretensión de miles de personas. Sumarísimo En tanto, argumentó que la decisión recurrida desnaturalizó el funcionamiento del proceso colectivo, así como las características sumarísimas del juicio de amparo, causando una grave violación al debido proceso y al derecho de defensa, señalando que la presencia de un colectivo litigando en representación del resto de interesados debió considerarse suficiente para reemplazar la actuación personal de éstos; máxime, al tratarse de un proceso sumarísimo de amparo colectivo, en el cual la intervención voluntaria de terceros se encuentra, por principio, excluida. A su turno, la Corte puntualizó que los magistrados de todas las instancias por las que pasó la causa no aplicaron las reglas del proceso colectivo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, cuyas características principales y modalidades fueron enunciadas en el caso “Halabi” y mantenidas consistentemente en otros precedentes. “Esta deficiencia se patentiza cuando el juez de primera instancia, pese a calificar el caso como amparo colectivo, recurrió a reglas rituales incompatibles con ese tipo de proceso, soslayando las consecuencias negativas que ocasionaría en el normal trámite de la causa”, enfatizó. Facultades En esa inteligencia, recordó que los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales, valorando que no había duda de que en el caso existe la necesidad de una tutela judicial urgente, en la medida en que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas y que, al mismo tiempo, la demandada demora en dar una solución definitiva. “Tratándose de un caso ambiental, los magistrados tienen amplias facultades en cuanto a la protección del ambiente y pueden ordenar el curso del proceso e, incluso, darle trámite ordinario a un amparo o dividir las pretensiones a fin de lograr una efectiva y rápida satisfacción en materia de prevención”, detalló, subrayando que el límite de esas facultades está dado por el respeto al debido proceso, porque no pueden modificar el objeto de la pretensión. Así, estimó que la accionada tenía razón cuando denunció la violación del derecho de defensa, no sólo por la carga que se le impuso sino también por el cambio sorpresivo de reglas. “Las partes deben conocer de antemano las reglas de juego del proceso a las que atenerse, tendientes a afianzar la seguridad jurídica y a evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales”, plasmó el tribunal, acotando que el proceso judicial no puede ser un “juego de sorpresas” en el cual se desconozca el principio cardinal de buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas. Intempestiva “En el caso, los jueces provinciales no pudieron integrar, de manera intempestiva y sorpresiva, a un número exorbitante de coactores al amparo colectivo ambiental, sino que debieron arbitrar los medios procesales necesarios que, garantizando adecuadamente la defensa en juicio del demandado, permitieran que las decisiones adoptadas en el marco del proceso alcanzaran la totalidad del colectivo involucrado, sin necesidad de que sus integrantes deban presentarse individualmente en la causa, medida que claramente desvirtúa la esencia misma de este tipo de acciones”, concluyó. “El examen de los recaudos de admisibilidad de la instancia recursiva local se llevó a cabo con un injustificado rigor formal que concluyó con la arbitraria cancelación de la vía revisora de que se trata, omitiendo con este modo de resolver el tratamiento de una cuestión federal oportunamente articulada, con la consecuente frustración de los derechos comprometidos en el planteo, con evidente menoscabo de la garantía de defensa en juicio que asiste a la parte recurrente”, concluyó la Corte. 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