Confirman pena para incumplidor alimentario

El Alto Cuerpo coincidió con la a quo en cuanto a que es “absolutamente necesario” que el tratamiento del imputado se lleve a cabo institucionalmente. El TSJ confirmó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Penal Juvenil de 7ª Nominación, que condenó a un año y un mes de prisión a un imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en forma continuada, entre febrero de 2007 y agosto de 2013, en perjuicio de cinco hijos (que tuvo con su ex esposa). [privado] La Sala Penal del Alto Cuerpo rechazó el recurso de casación planteado por la defensa del prevenido, de 37 años, al entender que la pena impuesta no resultaba absurda y que tampoco se observaba arbitrariedad en el decisoriode la jueza Nora Giraudo. Según el Alto Cuerpo, la condena no es ni desproporcionada ni irrazonable ni desmedida. Pruebas técnicas También destacó que en virtud del análisis de las pruebas técnicas, la a quo fundamentó correctamente que era “absolutamente necesario” que el tratamiento de A. fuera llevado a cabo institucionalmente, con el objetivo de que continuara con el abordaje psicoterapéutico que fue solicitado; ello así, para que se le ofreciera incorporarse de inmediato a la escolaridad a fin de que “complete el nivel primario y acceda a capacitación laboral para desempeñar tareas remuneradas, de manera que, con el salario obtenido, aporte en la proporción prevista por la ley a la reparación del daño causado en la causa y al sostenimiento de todos sus hijos”. Asimismo, subrayó que el fallo recurrido tampoco era contradictorio. “Del examen de las pericias del imputado, si bien se destacan deficiencias a nivel psicológico que requieren tratamiento especial, no son de un grado tal que no le permitan reconocer y asumir las responsabilidades y obligaciones que sus roles de padre y esposo conllevan, sin preocuparse en modo alguno por arbitrar las medidas necesarias para conseguir trabajo y obtener los medios necesarios para satisfacer, al menos mínimamente, los deberes que le asisten respecto de sus hijos, no obstante contar con un buen estado de salud y tener habilidades en varias actividades”, esgrimió. En otro orden, el TSJ reseñó que, pese a haber solicitado y obtenido la suspensión del juicio a prueba, A. incumplió la regla de conducta relativa al pago de la cuota alimentaria y a un el trabajo comunitario, pautas fijadas para la satisfacción de los derechos de los niños y el mantenimiento del beneficio acordado. La Sala consignó que desde 2005 el penado viene desaprovechando las oportunidades que la demora en los procesos Civil y Penal le han ofrecido para recapacitar y enmendarse –resocializarse– y, sin embargo, continuó con la misma modalidad comisiva respecto del delito que ya venía cometiendo, recalcando que tampoco consideró la posibilidad de restablecer un vínculo sano afectivamente con sus hijos. Actitud reticente A su turno, la jueza Juvenil tuvo en cuenta la “actitud reticente” del imputado que, en una causa previa homologada en el fuero de Familia, impulsada por su su ex esposa, se había comprometido a abonar 300 pesos mensuales, un deber que cumplimentó de manera irregular. Giraudo también resaltó que cuando se le embargó el sueldo, optó por renunciar a su trabajo. Asimismo, recordó que pidió la probation a fin de someterse a mediación. “Le fue acordado el beneficio, que tuvo que ser revocado y declararse su rebeldía”, añadió la sentenciante. En el fallo ahora confirmado por el Máximo Tribunal de la Provincia la prestación a cargo del padre fue fijada en 2.300 pesos, un monto que deberá abonarle mensualmente a los hijos por los cuales se hizo la denuncia (cinco niños), una vez que recupere la libertad. El hombre tiene ocho hijos. [/privado]

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