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Balance y desafíos de la reforma judicial que planea Cambiemos

Los cambios en el Ministerio Público fueron el principal fracaso del gobierno de Macri. Para este año, se intentará avanzar en una nueva ley penal juvenil y en la modificación del Código Procesal Penal Federal

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

La reforma judicial que propone el gobierno de Mauricio Macri, que se denominó Justicia 2020, cumplió su primer año y se prepara para un 2017 en el que intentará avanzar en una agenda amplia de programas, que incluye nada menos que cerca de 100 iniciativas.
Durante 2016, la cartera que dirige Germán Garavano debió dejar en el camino varios proyectos por “falta de consensos”. Quizás el revés más fuerte fue el que experimentó con la fallida reforma del Ministerio Público Fiscal en el cual, entre otras medidas, se establecía el límite temporal para la figura del procurador general. El Gobierno ni siquiera logró llegar al Congreso y días antes de comenzar el debate en éste debió retroceder cuando la misma aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, criticó duramente la intención oficialista. Las voces disidentes se multiplicaron, incluso entre quienes, desde dentro del Poder Judicial, se consideraban en la vereda de enfrente de la procuradora Alejandra Gils Carbó.  También quedó fuera de agenda el Proyecto de Transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha propuesta generó resistencia y duras críticas del Poder Judicial. Lo mismo sucedió con el proyecto de subrogancias, dado que el oficialismo no logró dictamen favorable.

Para este año, la iniciativa que -seguramente- generará más controversia será la Reforma Penal Juvenil. Según anunció el Gobierno, el proyecto será discutido en el recinto recién después de las elecciones de octubre e incluirá la baja en la edad de imputabilidad de los menores.
Pero hay otra serie de iniciativas que Garavano intentará llevar al Congreso para su aprobación. Por ejemplo, la reforma del Código Procesal Penal, que se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández y su puesta en marcha quedó suspendida a la espera que una nueva modificación que planea Cambiemos.
El programa que impulsa el Gobierno incluye otros aspectos centrales como la conformación del “Equipo de jueces federales del crimen organizado”, con jurisdicción y competencia en todo el país, para dedicarse a la investigación de delitos previstos en la ley de estupefacientes en los que haya indicios de que se trata de redes criminales asociadas al narcotráfico, de hechos de corrupción, trata de personas y contrabando aduanero.

Logros conseguidos
Mientras tanto, el Gobierno avanzó en 2016 en reformas parciales. La figura del arrepentido y el procedimiento por flagrancia fueron algunos de los cambios introducidos.
En este último caso, lo más trascendente que se introdujo es la realización de una audiencia oral en un plazo de 24 horas en el caso de las personas detenidas en el momento en que cometen un delito. La normativa fue aprobada en septiembre pero se postergó durante varias semanas su promulgación ante la falta de recursos para asegurar el éxito de la implementación.
En el caso de la ley del Arrepentido, se aprobó la reducción o exención de penas a quienes brinden “información precisa, comprobable y útil” que permita “evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas”. Otro de la proyectos que tuvo luz verde fue la Unificación de Fueros y Juicio Unipersonal; sin embargo, el Ejecutivo postergó su implementación -a partir del 1 de marzo de 2017- en respuesta a un reclamo de la Cámara del Crimen.

En otro orden de temas, el Ministerio de Justicia impulsó la experiencia de generalización de la oralidad en la provincia de Buenos Aires y firmó el “Convenio sobre Datos Judiciales Abiertos” para reunir información referida a causas y actuaciones del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de todo el país.
En el Consejo de la Magistratura, Cambiemos logró sumar al diputado del PRO PabloTonelli y logró votar una inédita auditoría para analizar el trabajo de los juzgados federales en lo que se refiere a causas relacionadas con la corrupción. El tema está en estudio y 2017 será, seguramente, el año cuando se eche luz respecto del desempeño -sobretodo de los jueces de Comodoro Py- en materia de investigación de causas resonantes con el poder político.

 

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